En Estados Unidos, el 76% de la población piensa que la guerra contra las drogas ha fracasado. Al mismo tiempo, una igualmente abrumadora mayoría piensa que las políticas en las que se basa la guerra contra las drogas (represión de la producción, interdicción de las importaciones, prohibición del consumo y criminalización) no se pueden cambiar. Esta contradicción no es sólo de los estadounidenses.
Las encuestas revelan que estas ideas forman parte de las creencias de altos porcentajes de la población en muchos países: pobres y ricos, exportadores e importadores de narcóticos, democráticos y autoritarios, asiáticos, europeos o americanos.
¿Cómo explicar esta irracionalidad? ¿Cómo es posible estar en contra de cambiar una política pública que se sabe que no funciona? Mi respuesta es que la prohibición de todo lo relacionado con las drogas ha creado un clima donde también está vedado pensar libremente sobre alternativas a la prohibición. Un senador estadounidense que me habló con la condición de que no revelara su identidad me dijo: "Muchos de mis colegas y yo sabemos que los esfuerzos que se hacen para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas no sólo no funcionan sino que tienen efectos contraproducentes. Pero esta es una posición políticamente suicida. Si lo digo públicamente es casi seguro que pierda mis próximas elecciones".
Y no son sólo los políticos: "¿Por qué a pesar de los esfuerzos, la situación en Afganistán se ha deteriorado tanto? En mi opinión la principal causa es el tráfico de drogas, que es sin duda alguna la fuerza económica que nutre el resurgimiento de los talibanes... Cuando estuve allí en 2006 no podíamos ni mencionar el tema. Era un asunto sobre el que nadie quería hablar". Esto lo dijo el general James Jones, ex comandante del Cuerpo de Marines (1999-2003) y comandante supremo de la Alianza Atlántica (2003-2006). Cabe notar que esta declaración la hizo meses antes de saber que iba a ser nombrado por el presidente Barack Obama asesor para la Seguridad Nacional.
La manera en la que el mundo enfoca el problema del tráfico y consumo de drogas es indefendible. Todos los analistas objetivos que han examinado el tema concluyen que el régimen actual requiere una urgente y profunda reforma. El problema es que cualquier propuesta en este sentido es usualmente contestada con acusaciones de ingenuidad, complacencia con los narcotraficantes y hasta de complicidad con ellos. Sin embargo, la realidad y los números son abrumadores. A pesar de los inmensos esfuerzos no hay evidencia alguna de que se estén alcanzando los objetivos de disminuir la producción o el consumo de drogas. Recientemente, el Gobierno británico informó de que en ese país la abundancia de cocaína es tal que estaba costando menos que una cerveza o una copa de vino. En Estados Unidos, uno de cada 100 ciudadanos está en la cárcel, la inmensa mayoría por tenencia de drogas. (Cada recluso le cuesta al Estado 34.000 dólares al año -unos 26.000 euros-, mientras que el costo anual de tratar a un adicto a las drogas es de 3.400 dólares). La violencia que se vive en México, Colombia o en cualquiera de los barrios pobres de América Latina, África y Asia es en gran medida un daño colateral causado por la guerra contra las drogas. La situación es insostenible y necesita un nuevo enfoque.
Esto es lo que acaba de proponer la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un grupo de 17 latinoamericanos del cual formo parte. La comisión, presidida por tres muy respetados ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México, divulgó sus recomendaciones después de casi un año de trabajo, que incluyó la revisión de la mejor evidencia disponible y de amplias consultas con científicos, policías, médicos, militares, alcaldes y expertos en salud pública. Por favor, lea el informe en www.drogasydemocracia.org.
La comisión no cree que existan políticas alternativas a la prohibición que estén exentas de costos y riesgos. Pero sí cree que hay que considerar y probar otros enfoques que traten al problema de las drogas más como un asunto de salud pública que como una guerra.
Hablar genéricamente de "legalización de las drogas" es superficial e irresponsable y sólo sirve para banalizar y estancar la discusión. Pero prohibir la discusión racional de los costos y beneficios de descriminalizar la tenencia de marihuana para el consumo individual, por ejemplo, es aún más irresponsable.
El consumo de drogas es una maldición contra la cual hay que luchar. Pero hay que hacerlo bien. Y eso no sucederá mientras exista la prohibición de pensar libremente en qué significa hacerlo bien.
¿Sobrevivirán las democracias a la crisis?
Gobernar nunca es fácil y gobernar en medio de esta crisis económica es una pesadilla. Ningún país está a salvo de esta debacle. De China a Estados Unidos y de Suráfrica a Polonia, las autoridades se ven agobiadas por la necesidad de responder a la avalancha de emergencias -financieras, sociales, políticas, internacionales- causadas por la crisis. Estos problemas, que son de una naturaleza y de una magnitud sin precedentes, tomaron a los gobiernos por sorpresa y exigen actuaciones rápidas y eficaces. No es fácil: no hay sector público en el mundo que pueda operar a la velocidad con la que está evolucionando esta crisis. Las administraciones no están diseñadas para ser veloces.
El contagio de la crisis económica a la situación social y de ahí a la política ya ha comenzado. Los gobiernos están haciendo frente a enormes presiones políticas que, en ciertos países, conducirán a su caída. El reciente desplome de los Ejecutivos de Bélgica, Islandia y Latvia, por ejemplo, fue consecuencia de la crisis económica. Así, mientras que el año pasado estuvo marcado por la caída de grandes bancos, durante este año y el próximo veremos la caída de gobiernos. La gran interrogante es si la furia social y política causada por los problemas económicos se llevará por delante sólo a algunos gobernantes de turno o si la democracia terminará siendo una de las víctimas de la crisis financiera. Hoy existen 90 naciones democráticas. ¿Cuántas quedarán después de esta catástrofe?
Es aún muy temprano para aventurar respuestas, ya que la tormenta está en su apogeo. Sin embargo, hay estudios recientes que, si bien no ofrecen respuestas definitivas, nos dan algunas claves sobre los determinantes de la democracia y, por lo tanto, sobre los factores que inciden en su sobrevivencia. Los profesores Ethan Kapstein y Nathan Converse, por ejemplo, estudiaron las 123 democracias que nacieron entre 1960 y 2004. En Europa Occidental aparecieron cuatro (una en los años sesenta y tres en los setenta), en Europa Oriental nacieron 21 (casi todas en los noventa); en Latinoamérica, 26 (la mayoría en las dos décadas pasadas), sólo tres en Oriente Próximo y el norte de África, mientras que la gran mayoría surgió en el África subsahariana. Estas "democracias jóvenes" son muy frágiles, sobre todo al principio, y 56 de ellas experimentaron crisis que las revirtieron a sistemas autoritarios. Sorprendentemente, este estudio no encuentra evidencia estadística que indique que la situación económica es el factor determinante de los reveses democráticos, como tampoco encuentra que lo fueran las reformas tendentes a liberalizar la economía. Las nuevas democracias de Europa Oriental, por ejemplo, a pesar de afrontar una muy mala situación económica durante sus primeros años, sólo sufrieron reversiones autoritarias en el 9% de los casos. En cambio, el 56% de las democracias de Asia sufrieron reveses aunque sus economías crecían muy aceleradamente. Esta investigación también examinó otros factores: nivel de ingreso por persona, desigualdad económica, aumentos en el gasto público, cambios en los índices de mortalidad infantil, fragmentación étnica o sistema de gobierno (presidencial o parlamentario). Ninguna de estas variables aparece como una causa preponderante de la pérdida de regímenes democráticos. En cambio, el factor más importante resulta ser la eficacia de los límites que tiene el jefe del Gobierno para actuar de manera autónoma de otros poderes públicos -parlamento, poder judicial, etc.- En el 70% de las democracias que cayeron en el autoritarismo, el jefe del Gobierno operaba con pocas restricciones a su autonomía.
No hay duda de que la crisis económica someterá a las democracias del mundo a duras pruebas. Pero la buena noticia es que la crisis no discrimina en función del tipo de régimen que tienen los países: los regímenes autoritarios también están sufriendo los embates de la recesión mundial. No es imposible que, en algunos países, la profundización del malestar económico de la población produzca reacciones que aceleren la salida de líderes autoritarios. No está claro aún qué países están mejor equipados para navegar en esta crisis: las autocracias como las de Egipto o Venezuela o las democracias como las de Turquía o Brasil. ¿Qué gobierno podrá proteger mejor a sus ciudadanos de esta tormenta: el de India o el de China? No sabemos. Pero lo que parece probable es que, después de esta crisis, el número de países democráticos que habrá en el mundo variará respecto al año pasado. Ojalá sea mayor.
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