Por Alberto Recarte Cuba es el país que más ayuda exterior, en términos absolutos y relativos, ha recibido del mundo al que intentó exportar su revolución.
En este trabajo, publicado en el número 135 de la revista Estudios Empresariales de Deusto Business School – Campus de San Sebastián, se expone la política económica del castrismo, sus concepciones y sus consecuencias. Esta comenzó siguiendo el dictado del Che Guevara pretendiendo eliminar hasta el mismo dinero. Luego se convirtió a la planificación central. De la Unión Soviética recibió abundantes subvenciones, pero su desaparición le obligó a adoptar incentivos. La Venezuela chavista volvió a garantizar la supervivencia del régimen dictatorial de los Castro. Por todo ello, Cuba es el país que más ayuda exterior, en términos absolutos y relativos, ha recibido del mundo al que intentó exportar su revolución.
La falta de un sistema económico mínimamente racional y eficaz explica su triste situación actual: su capacidad de producción mengua sin cesar y todo cuanto logra es mantener un nivel de vida mínimo. Lo más triste de todo es que a la oligarquía castrista lo único que les preocupa es reformar su economía para mantener su poder absoluto.
Hace mucho tiempo que no hay datos fiables, siquiera aproximados, sobre la economía cubana. Desde 1959 a 1969, el castrismo fue guevarista, empeñado en la destrucción de la contabilidad y del dinero como medio de pago. Tras el fracaso de la zafra de los 10 millones, en 1969, el castrismo se convirtió a la planificación soviética. Por unos años, hasta que la subida de los precios del azúcar en el periodo 73-76 y el aumento de la ayuda de la URSS permitieron a Castro involucrarse en las guerras africanas: Angola, Somalia, Etiopía y Eritrea fueron algunos de los países en los que hubo ejércitos cubanos desde 1976 hasta mediados de los ochenta. La economía cubana pasó a ser la de un país en guerra, volcada a la intervención exterior, sometida a las necesidades de los grandes ejércitos a los que acompañaban sanitarios y educadores. La perestroika de Gorbachov puso fin a las intervenciones exteriores del ejército cubano. La caída del muro en 1989 y la desaparición de la URSS dejaron a la economía cubana sin los subsidios soviéticos que supusieron, como mínimo, alrededor del 30% de su PIB anual desde 1970 a 1990. La economía cubana entró, entonces, en lo que se denominó un “periodo especial”, caracterizado por la adaptación a una situación en la que la ayuda soviética había desaparecido. Fue el segundo periodo desde 1959 –el primero ocurrió entre 1970 y 1976– en el que el líder máximo aceptó la introducción legal de algunos incentivos económicos, hasta que la conquista del poder por Chávez en Venezuela permitió, desde principios del nuevo siglo, recuperar subsidios del exterior y asegurar que la población no pasara hambre. Fidel Castro eliminó entonces algunas reformas e intentó retomar los principios guevaristas. Cuba volvió a ser “anti-capitalista” sin intentar, siquiera, la planificación. La enfermedad de Fidel Castro y los límites de la ayuda de Chávez obligaron, hace ahora alrededor de cinco años, por tercera vez a iniciar otra política de reformas para permitir que una mínima racionalidad elevara la producción y el comercio de alimentos y algunos otros productos básicos. Ésta ha sido la historia de la política económica del castrismo. El siguiente capítulo comenzará cuando muera el tirano.
«Lo único que preocupa a la oligarquía castrista es cómo reformar la economía para mantener el poder político absoluto de la nomenclatura.»
Mientras en el exterior discutimos sobre si el régimen castrista evolucionará hacia un modelo chino o vietnamita, en el interior lo único que preocupa a la oligarquía castrista es cómo reformar la economía para mantener el poder político absoluto de la nomenclatura, en la que participan la familia Castro, los mandos militares, la policía política y los burócratas del régimen. En la duda, se ha depurado a los que querían más cambios y más poder, y se ha optado, nuevamente, por la represión política y autorizado unas mínimas reformas para evitar las hambrunas.
En la Cuba castrista no hay estadísticas fiables, ni mediciones homogéneas de la actividad, ni un sistema de precios que permita asignar los recursos en función de su rentabilidad. Hay precios que no se han movido desde principios de los años 60, otros de los 70, los 80 y los 90, hasta precios actualizados –algunos, incluso, en dólares– para un pequeño conjunto de bienes de importación que se pueden adquirir por toda la población o por pequeños grupos, seleccionados con criterios políticos. Desde 1993 hasta 2004, en Cuba convivieron tres monedas: el dólar norteamericano, el peso cubano convertible –que tenia la misma cotización que el dólar– y los pesos nacionales, que tenían un tipo de cambio oficial de 24 pesos nacionales por 1 peso convertible. En 2004, aprovechando la mejoría que supuso la ayuda venezolana, se prohibió la circulación del dólar norteamericano. En 2005 el peso convertible fue revaluado un 8% en relación con el dólar. En 2011 se ha vuelto a la paridad peso convertible-dólar norteamericano para intentar mejorar la competitividad del sector turístico.
El único factor de homogenización para medir lo que se produce y lo que se invierte es el conjunto de precios del mercado negro en el que se comercializan dólares, pesos convertibles, pesos nacionales no convertibles y algunos bienes y servicios. En este mercado, la oferta y la demanda fijan precios; precios que, obviamente, dependen de la cantidad de pesos que pone en circulación el Banco Central, de la cantidad de pesos convertibles que tiene a la población –por transferencias de los exiliados a sus familias–, del suministro de productos alimenticios que se permite que los campesinos vendan en los mercados y algunos servicios que, legal o ilegalmente –en su mayoría– se comercializan también en esos mercados, y de la importación de bienes de consumo, duraderos y no duraderos, que lleva a cabo el Estado cubano y que legal –y sobre todo ilegalmente– terminan, también, en el mercado negro.
Estos precios, precios del mercado negro, no existen para las autoridades. De hecho, los responsables económicos no utilizan ningún sistema de precios para tomar decisiones económicas. Saben que los oficiales son ficticios. Las decisiones económicas se toman por los “planificadores” en función de las carencias; por ejemplo, la falta de carbón para poner en funcionamiento las centrales térmicas existentes, la falta de transportes para la población, la falta de camiones para mover mercancías, las faltas graves de alimentos, de medicinas, de camas de hospital o de quirófanos. Y, por supuesto, la falta de energía eléctrica. Los salarios, por su parte, se fijan para que la mayoría pueda pagar los mínimos suministros que se consiguen con la raquítica cartilla de racionamiento, con los que es imposible vivir. En eso consiste la política económica. En intentar resolver los cuellos de botella que se presentan y que nadie muera de hambre. El resto es un lujo. Lo es la alimentación no racionada, la vivienda, la electricidad, los libros, la atención hospitalaria, las medicinas, los coches y camiones, los carburantes, el vestido, el calzado…
«Nadie puede disponer de medios económicos suficientes para vivir al margen de lo que decida el líder máximo.»
El castrismo, como ideología, sólo tiene un dogma: que “el comandante” es el único cubano con capacidad para pensar y decidir lo que necesitan sus súbditos. El dogma tiene dos caras: la primera que el poder tiene que ser absoluto; la segunda, que nadie pueda disponer de medios económicos suficientes para vivir al margen de lo que decida el líder máximo. El gran enemigo es, en esta elemental ideología, la propiedad privada. Por eso se nacionalizaron primero y se estatizaron después todos los medios de producción, desde las fábricas hasta los comercios, desde la tierra hasta las oficinas o los medios de transporte. Fidel Castro se ha disfrazado con todo tipo de ropajes a lo largo de los interminables 52 años en los que ha ejercido la tiranía. Ha sido guevarista, soviético ortodoxo, golpista en América Latina, militar en África, colaborador de narcotraficantes, incluso cercano al sistema capitalista a mediados de los 70, pero siempre ha tenido claro un principio: en Cuba nadie debe poder ganarse la vida autónomamente de una forma continuada. Siempre ha tenido claro que la propiedad privada es el germen de la libertad de pensamiento. Y en Cuba sólo él se considera con capacidad para pensar correctamente y decidir lo que conviene a todos y cada uno de los 11 millones de cubanos.
En los tres momentos de mayor riesgo político y económico del régimen, el primero después del fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas, el segundo tras la desaparición de la URSS y, el tercero, el actual –con ayuda venezolana, pero limitada–, los responsables económicos, siempre dirigidos por Raúl Castro, han hecho algunas reformas que han consistido en permitir cierta libertad económica para producir alimentos, para comercializarlos y para abrir pequeños negocios. Vigilando siempre que ningún cubano pudiera tener demasiados ingresos. La propiedad privada sigue siendo, y es, el enemigo. A pesar de que cada vez que se liberaliza la actividad económica, aumenta la producción y mejora el bienestar de la población. La actividad normal, la pública, es ineficiente, pesada, corrompida, militarizada o cedida parcialmente a empresas extranjeras. Se administra por la burocracia castrista.
Con este “sistema”, por llamarlo de alguna forma, económico –algo que los progresistas de este mundo no entienden ni aceptan– lo llamativo es que en la Cuba castrista no haya hambrunas, que el nivel educativo asegure una formación entre baja y media y que el sanitario evite las epidemias y haya reducido al mínimo la mortalidad infantil. Algo que se consideran triunfos fundamentales en el exterior de Cuba, sobre todo por los que creen que esos triunfos se han logrado a pesar del “bloqueo” norteamericano. Un bloqueo que permite a Cuba comerciar con todo el mundo, excepto con Estados Unidos y con empresas norteamericanas. Que no ha impedido que Cuba suspenda pagos en rublos convertibles, en divisas de países occidentales y en moneda nacional, hasta el punto de que el tipo de cambio oficial del peso convertible es 24 veces el del peso con el que los cubanos se ganan la vida. Y que tampoco ha impedido que haya grandes inversores extranjeros, sean españoles (tabaco y hoteles), canadienses (níquel) o de otras nacionalidades.
«No existe ningún medio para medir el valor de la producción de bienes y servicios cubanos.»
Las instituciones internacionales, ya sean el FMI, el Banco Mundial, el Banco lnteramericano de Desarrollo –de ninguna de las cuales quiere ser miembro el régimen castrista– no pueden medir su PIB, ni la renta per capita de sus ciudadanos. Por más que se empeñen los organismos nacionales cubanos y las cátedras especializadas de las universidades norteamericanas, no existe ningún medio para medir el valor de la producción de bienes y servicios cubanos. Conscientes de esta limitación, los burócratas del régimen se dedican a elaborar y publicitar estadísticas de producción, en toneladas, metros u otras unidades físicas, de todo tipo de bienes. Que esos bienes se hayan producido, que tengan algún valor práctico, o que su calidad permita que se aprovechen, no es relevante para el régimen. Igual ocurre con los servicios. Lo importante para el régimen y sus estudiosos es resaltar que en Cuba no hay analfabetismo, y que se licencian anualmente decenas de miles de maestros, médicos e ingenieros. Lo que sepan no importa.
Hay que reconocer que el régimen ha conseguido la aceptación, por parte de los organismos interesados en la economía cubana, de que sus estadísticas se hayan traducido a un nivel de renta per capita y a un PIB nacional comparable con los del resto de los países, lo cual es un error imperdonable. En Cuba no hay precios. Todo es tan falso como lo eran las estadísticas de Alemania Oriental, que parecía ser una economía avanzada antes de que la reunificación pusiera al descubierto su miseria. En Cuba solo hay tres o cuatro objetivos económicos medibles. Siempre cuantitativos, nunca valorables monetariamente.
Sin embargo, no cabe duda de que mantener alimentada y formalmente educada a una población que ha pasado de 6 millones de habitantes en 1959 a 11 millones en 2010, sin un sistema económico digno de ese nombre, es un logro, que puede explicarse, en gran parte, por una serie de factores económicos que se exponen a continuación, pero que resultan insuficientes. Para explicar la supervivencia del régimen hay que tener en cuenta los factores políticos: la realidad de una tiranía bien organizada, que cuenta con el miedo, y con el terror continuo, para mantener mínimamente activos a todos los trabajadores cubanos. Los factores económicos por sí solos, aunque importantes, como se verá a continuación, no pueden explicar el mantenimiento de un régimen tan ineficiente como el cubano.
1.
Cuba era un país próspero en 1959. Con una moneda solida, convertible en dólares, con un nivel de analfabetismo de sólo el 21% (en España era de más del 32% ese año), con una cultura moderna, con un comercio exterior equilibrado y cada vez más diversificado, y, lo más importante, con un nivel de formación profesional de primer orden en muchos sectores, empezando por el educativo, el sanitario y el de la producción agraria. Por más que, políticamente, fuera un país corrupto, una auténtica república bananera.
Muchas de las infraestructuras existentes en ese momento (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y viviendas y otras edificaciones) siguen siendo utilizadas en 2011. En más de 50 años apenas se han construido 300.000 viviendas, de una espantosa calidad, mientras la población se ha doblado. Por eso los cubanos viven hacinados en las antiguas viviendas construidas antes del triunfo de la Revolución.
2.
Cuba es el país que más ayuda exterior ha recibido en el mundo, en términos absolutos y relativos, en estos 50 años. De la URSS, de los países del este europeo hasta su liberación y de Venezuela, desde que Chávez se hizo con el poder.
Ha sido una ayuda en forma de bienes físicos, como el petróleo, el trigo, los fertilizantes y el acero, o de construcción de fábricas –aunque con tecnología soviética– o de créditos para utilizar en los países del antiguo COMECON. Imposible calcular cuánto supuso esa ayuda. Ciertamente más del 30% del PIB desde finales de los sesenta hasta la desaparición de la URSS. Además de la ayuda directa, Cuba recibía créditos de los países comunistas. Sólo en créditos impagados, Cuba debía más de 30.000 millones de “rublos convertibles” a Rusia en 1991. Más del 100% del PIB cubano de ese año.
Por otra parte, la colaboración militar, que no aparece en ninguna estadística, ni en las soviéticas ni en las cubanas, multiplica lo recibido por Cuba, que tuvo en África ejércitos de miles de hombres a los que la URSS armaba pero a los que Cuba aportaba la tropa, junto con decenas de miles de educadores y sanitarios que nunca sabremos cómo se financiaban pero que posiblemente, en parte, se hacía con dinero cubano, a costa de la economía nacional. Son innumerables los casos que cuentan los exiliados de ocasiones en los que se “canibalizaron” plantas industriales para conseguir equipos para enviar a África. O del desplazamiento de técnicos y especialistas, a los que se “sugería” que pasaran unos años en algún país africano, aunque ello supusiera la paralización de otros proyectos imprescindibles para la economía cubana.
3.
A partir de 1971/72 Cuba se convierte, aparentemente, en una economía socialista más y los países occidentales, sus bancos y sus gobiernos, consideraron que el riesgo político había desaparecido. En apenas 10 años, Cuba se endeudó en más de 6.000 millones de dólares. En 1983, como resultado del deterioro de una economía que no fue capaz de soportar las guerras africanas y el suministro a la población de servicios médicos, educativos y de productos alimenticios sin ningún tipo de pagos ni de impuestos, así como de decisiones económicas incoherentes por parte de Fidel Castro, Cuba suspendió pagos en divisas. Veintiocho años después, en 2011, todavía no se ha sentado en la mesa de negociación con sus acreedores. Los créditos exteriores impagados, desde mediados de los ochenta, a los países de economía de mercado deben sumar, hoy, alrededor de 10.000 millones de dólares.
4.
Hasta la desaparición de la URSS, Fidel Castro no permitió el desarrollo del turismo, al que tachaba de corruptor. Después, en el “periodo especial”, cambió la política hasta el punto de que las “jineteras” y “jineteros” se convirtieron en uno de los mayores atractivos del turismo cubano.
5.
Desde entonces, desde 1991/92 hasta hoy, se ha permitido que en algunos sectores generadores de divisas –turismo (con el que se ingresan, en bruto, alrededor de 2.500 millones de dólares), tabaco y minería (níquel), básicamente– entrara inversión extranjera, aunque siempre en minoría, en empresas mixtas. La parte cubana está representada en esas empresas por la policía política, los militares o los burócratas más próximos a la familia Castro. Los ingresos de divisas, tanto de la inversión como de la actividad corriente, se utilizan para hacer las importaciones imprescindibles para cumplir con los objetivos que se marque el régimen, que nunca se sabe cuáles van a ser. Todo sigue, incluso hoy, dependiendo de las ocurrencias de Fidel Castro.
6.
El mayor generador neto de divisas es la comunidad cubana exiliada, que suman hoy alrededor de dos millones de personas y que transfieren a sus familiares alrededor de 1.000 millones de dólares anuales para que puedan sobrevivir. Esas divisas sólo se pueden gastar, en teoría, en los comercios públicos instalados por el régimen donde, a precios de expolio, los afortunados con un familiar generoso en el exterior puedan comprar bienes imprescindibles para sobrevivir.
Estos factores, la herencia del pasado, la ayuda y los créditos del socialismo, los créditos occidentales, las inversiones extranjeras en los sectores generadores de divisas, el turismo y las transferencias de los exiliados a sus familiares, explican el origen de los fondos de los que ha dispuesto, y dispone, el régimen castrista para permitir que la economía cubana siga renqueando.
La falta de un sistema económico mínimamente racional explica, a su vez, que esa ingente suma de factores positivos se haya traducido, solamente, en el mantenimiento de un mínimo nivel de vida, mientras la capacidad de producción autónoma de la economía cubana es cada vez más reducida. Hasta el punto de que incluso la producción de azúcar es un 70% inferior a la de 1959.
Pero las carencias económicas no se explican sólo por la irracionalidad del sistema económico. Desde 1959 ha habido otros objetivos que han absorbido una gran parte de los recursos disponibles:
1.
El aparato policial y represivo. Cuba es una dictadura en la que lo único que funciona es la policía, que utiliza la violencia y el miedo de una población sometida, a la que se obliga a trabajar por sueldos de miseria, así como para evitar cualquier tipo de contestación al régimen. Un aparato represivo de esta naturaleza ha absorbido, y absorbe, una gran cantidad de recursos económicos.
2.
El ejército. Durante muchos años el primero –o el segundo, tras Brasil– más poderoso de América Latina. Las guerras explican el papel de los militares en la Cuba actual. Los mandos manejan una parte sustancial de la economía generadora de divisas y controlan los sectores económicos internos más sensibles para el mantenimiento del régimen. Y siguen suponiendo un coste muy elevado para una economía en contracción o en estancamiento permanente.
3.
Las intervenciones en el exterior. No sólo en el pasado, en América Latina, Medio Oriente y África. No sabemos cuánto cuesta la presencia de militares, policías, médicos y otro personal sanitario y educadores en Venezuela. No es imposible que, si se pudiera valorar, el coste para la economía cubana fuera superior a los subsidios que recibe de Chávez. Pero, nuevamente, lo importante no es la economía sino lo que decida “el comandante”.
El factor clave, el que explica –como se ha expuesto anteriormente– que pueda mantenerse un régimen tan ineficiente económicamente, es el miedo. Los cubanos críticos con el sistema saben que si manifiestan sus opiniones tanto ellos como sus familiares perderán su trabajo, y que sus hijos serán discriminados en las escuelas y que no podrán estudiar en la universidad. Saben que tendrán que buscarse la vida en la economía informal o conseguir la ayuda de algún familiar que viva en el extranjero. Y si sus críticas suben de tono y se convierten en disidentes saben que ellos, y sus familias, serán golpeados aleatoriamente y encarcelados por tiempo indefinido.
El miedo del conjunto de los trabajadores y del resto de la población consigue, sin embargo, el mantenimiento de un cierto nivel de producción nacional, así como de intercambio y venta de lo producido en las empresas públicas a los precios que dicta el régimen. La economía cubana es un no-sistema económico, en el que los bienes y servicios se producen, se intercambian y se distribuyen en función de los precios –y en las cantidades– que decidan las autoridades. Que, a su vez, no tienen otro remedio que apoyarse en la práctica de 50 años de transacciones obligatorias para conseguir, finalmente, suministrar algunos bienes y servicios finales a la población, al ejército y al aparato represivo.
No hay nada más incierto que la forma en que terminará la dictadura castrista. Lo que sabemos de otros regímenes dictatoriales de países comunistas o del tercer mundo en los que el poder se ejerce, o se ha ejercido, con carácter exclusivamente personal, como Corea del Norte, China, Siria e Irak es que en todos los casos los dictadores intentan imponer una sucesión familiar, que puede tener éxito o no. En el caso de Cuba, Raúl, heredero de su hermano, no tiene sucesor. Su dinastía se extinguirá con la desaparición de ambos.
El poder se lo disputarán los militares y la policía política y el resultado es imprevisible. Pero parece difícil creer que un régimen tan personalista como el cubano pueda sostenerse sin grandes cambios, políticos y económicos.
«Todas las empresas generadoras de divisas ya se han repartido entre la policía, los militares, la familia y los burócratas más afines a los Castro. Habrá luchas entre esas mafias.»
Si hubiera una revolución, pacífica o violenta, el cambio económico sería inevitable. Si hubiera una transformación a la china, lo que sin duda quiere toda la nomenclatura cubana, habría en lo económico grandes cambios, incluyendo la privatización de la mayoría de los activos del sector público.
Pero el proceso de privatización no será como el de la Rusia de Yeltsin. Todas las empresas generadoras de divisas ya se han repartido entre la policía, los militares, la familia y los burócratas más afines a los Castro. Habrá luchas entre esas mafias, venganzas y reasignación de participaciones. Pero la nomenclatura intentará poner en valor sus activos abriendo la economía y privatizando para obtener, finalmente, patrimonios personales y no sólo corporativos.
Lo que es seguro es que, económicamente, Cuba pasará por una época caótica, en la que todo dejará de funcionar. Hasta que la libertad en la fijación de precios determine qué es y qué no es rentable producir. Un periodo de transición en el que desaparecerá una parte sustancial de la industria y en el que deberían producirse inversiones en el sector agrario –de una tierra que tendrá que ser propiedad de alguien– y en el sector del turismo, el más claramente competitivo. Una transición que tendrá que soportar una población envejecida demográficamente, que no contará con pensiones públicas cuando se retire ni servicios médicos mínimamente aceptables.
Tendrá, sin embargo, la posibilidad de apoyarse en las inversiones que pueda llevar a cabo la colonia cubana que vive en el exterior, que sabe que puede contar con un nivel de formación media de la población cubana, junto con un conocimiento exhaustivo de la situación de las infraestructuras y de los diferentes sectores económicos. Los capitales necesarios para ir reconstruyendo la economía existen en potencia. Lo que, lógicamente, no va a ocurrir es un proceso de inversión desde el exterior sin un proyecto político que ofrezca un mínimo de seguridad a todos, trabajadores, empresarios e inversores.
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