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Carlos Alberto Montaner explica a Chávez y a todos sus similares

2011-12-24T16:19:00.000-08:00

Las 10 señas de identidad de la izquierda estatista

Las 10 razones por las que muchos latinoamericanos la apoyan, y

Los 10 factores que explican por que la izquierda estatista fracasa cuando gobierna

Imperdible este artículo de Montaner, retrata en toda su dimensión el izquierdismo, sus rasgos totalitarios, su sed de revancha social, su antimperialismo a ultranza y su mesianismo.

Las diez señas de la izquierda estatista

Por Carlos Alberto Montaner

La madre de Jorge Luis Borges murió de noventa y tantos años. Poco después del suceso, un compungido amigo del escritor le dio el pésame de una manera curiosa: “es una lástima que no hubiera llegado a los cien años”. “No crea -le contestó Borges-, ella nunca manifestó una preocupación excesiva por el sistema métrico decimal”.

No obstante, la observación de Borges no se compadece con la realidad. En nuestra cultura parece que sí hay una especial fascinación por agrupar las ideas, los mandamientos, los ejércitos -las decurias romanas-, y el dinero en decenas o en sus múltiplos: centenares, millares, millones, billones y así sucesivamente. Tal vez, no lo sé, eso tenga algo que ver con un mecanismo que facilita la comprensión racional de la realidad. En todo caso, he elegido esa fórmula para abordar el tema. Veamos si resulta.

Las diez señas de identidad de la izquierda estatista

“Populismo estatista” es una expresión demasiado vaga para definir cualquiera de las variantes de la izquierda latinoamericana actual. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Es un variopinto abanico que, en su extremo vegetariano, se abre con el matrimonio Kirchner-Fernández, Tabaré Vázquez y Lula da Silva, y en su extremo carnívoro se cierra con las guerrillas narcoterroristas de las FARC y el ELN. Muy cerca de ellas, prestándoles diversas formas de complicidad, yacen los hermanos Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.

En general, en América Latina es muy fácil identificar los miembros de esta compleja familia: todo lo que hay que hacer es remitirse al Foro de Sao Paulo, esa internacional fundada por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990, en la que coinciden los grupos y partidos que comparten una cierta cosmovisión, y anotar la lista de sus miembros. Entre ellos están los partidos comunistas de todos los países latinoamericanos (comenzando por el de Cuba, que fue el que convocó a la primera reunión junto al Partido del Trabajo de Brasil), y luego el resto de los sospechosos habituales: los sandinistas nicaragüenses, el FMLN de El Salvador, URNG de Guatemala, el MIR chileno, el PRD mexicano, los tupamaros uruguayos, diversas formaciones trotskistas, y un largo etcétera de grupos y líderes radicales, la mayoría de ellos con un truculento pasado lleno de asesinatos y secuestros (también de sufrimientos y persecuciones), por lo que todas las noches, antes de acostarse, le ponen velas y le rezan a san Che Guevara, patrón tutelar de esta corriente ideológica.

¿Cuáles son las señas de identidad de esta tendencia política tan fuerte en América Latina? Anotemos diez rasgos, en mayor o menor medida compartidos por todos los miembros de ese vertiente. El orden de importancia, claro, variará de acuerdo con las características de cada sociedad en cuestión. No es lo mismo Brasil, un país capitalista, que Cuba, una de las naciones comunistas más estatizadas de la historia.

Primera, el estatismo.

Creen en que le corresponde al Estado ser el principal agente económico del país. Según ellos, es el Estado quien debe controlar la economía, planificar la zona que no controla de manera expresa, y convertirse directamente en el gran productor de bienes y servicios.

Segunda, el asistencialismo.

Creen que la principal función del Estado es redistribuir la renta, poniendo énfasis, naturalmente, en asignar distintas formas de dádivas o subsidios a las clases populares, masa cuyas simpatías políticas intentan concitar por este medio para convertirlas en la principal fuente de soporte y, en algunos casos, como sucede en Argentina, por ejemplo, en tropa de choque para defender violentamente las posiciones del gobierno.

Tercera, el antiempresarialismo.

En general, es una corriente enemiga de la empresa privada, a la que le imputa la existencia de la pobreza y la desigualdad en nuestras sociedades. El ciudadano emprendedor no es un factor social apreciable sino despreciable, que suele buscar su provecho y no el de la comunidad.

Cuarta, el dirigismo antimercado.

Suponen que les corresponde a los funcionarios y no al mercado decidir los precios y salarios, determinar qué y cuánto debe producirse, y quiénes y cuándo deben recibir esos bienes y servicios. Padecen, como sospechaba Hayek, de la fatal arrogancia de creer que conocen las necesidades de las personas y cómo satisfacerlas mejor que ellas mismas.

Quinta, el antiamericanismo.

Estados Unidos es la cabeza del imperio, como suelen decir, y el principal causante de la pobreza en el tercer mundo por los injustos términos de intercambio que impone en sus relaciones comerciales internacionales, por su pérfido apoyo a los elementos antipatrióticos nacionales y por supuesta intención de controlar el mundo para explotar sus riquezas naturales.

Sexta, el nacionalismo cerrado.

Siempre hay que sospechar de las intenciones del primer mundo desarrollado y capitalista. Sus gobiernos y sus empresas no tienen otra intención que el saqueo del tercer mundo. El desarrollo hay que hacerlo hacia dentro, con lo nuestro y para lo nuestro, apelando al proteccionismo.

Séptima, el antioccidentalismo.

América Latina no es parte de Occidente, sino su víctima. España, Portugal y el resto de los poderes imperiales europeos le impusieron a sangre y fuego su religión, sus valores y su sistema económico y político. Hay que buscar un modo original de solucionar nuestros problemas y no imitar modelos extranjerizantes: de ahí las terceras vías, el socialismo del siglo XXI y otros engendros similares.

Octava, el indigenismo.

Como consecuencia de lo anterior, América Latina debe reivindicar sus raíces precolombinas y retomar los valores de las civilizaciones indígenas liquidados por la influencia de los pueblos blancos europeos. Chávez ha llegado a defender la vuelta al trueque y la renuncia a la economía monetizada con gran regocijo de sus partidarios, especialmente de Evo Morales, que ve en esto una suerte de retorno al incanato.

Novena, el antirrepublicanismo.

Se unen en el rechazo a la idea de un Estado con poderes limitados por la constitución y por el equilibrio entre instituciones que comparten la autoridad para proteger los derechos individuales. Ése (como suponía Marx) les parece un diseño concebido para que la clase capitalista mantenga las riendas. Pugnan por echar las bases de un gobierno centralista dominado por un ejecutivo que controla el proceso legislativo y el judicial.

Décima, el caudillismo.

Rechazan la idea de la renovación democrática de las élites y la elección entre partidos de ideología variada. El poder ejecutivo lo ejerce, o debe ejercerlo, un líder iluminado que proteja los intereses de las grandes masas con el apoyo del ejército, mientras las instituciones del Estado son sólo una correa de transmisión de su voluntad omnímoda, y el método democrático una fórmula moldeable para legitimar la autoridad de un caudillo cuyo mandato no tiene fin porque así lo garantizan unas constituciones hechas ad hoc.

Las diez razones por las que muchos latinoamericanos la apoyan

No hay duda de que un sector muy importante de las sociedades latinoamericanas respalda esta tendencia. A veces se ha impuesto por la violencia, pero también por medios electorales y con los votos de la mayoría. Con sus respectivos matices y mayor o menor grado de delirio, eso es y han sido el peronismo, el castrismo, el Frente Amplio de Uruguay, el sandinismo, el chavismo, el correísmo ecuatoriano, en su momento el PRI mexicano, y el resto de estos partidos y movimientos de la llamada izquierda progresista, adjetivo curioso, dado que, cuando logran gobernar, esos países son, precisamente, los que comparativamente menos progresan en el planeta.

Diría más: no hay corriente política más latinoamericana, más popular y más arraigada en la cultura de la región que esta expresión del estatismo-dirigista-antioccidental. Naturalmente, no se trata de que las grandes mayorías tengan una clara afinidad ideológica con esta tendencia, o que simpaticen con ella tras una reflexión profunda sobre las ideas que propone y defiende, o que hayan ponderado cuidadosamente las consecuencias de sus acciones de gobierno, sino que, de alguna manera, muchísimos individuos creen ver en ella una mejor defensa de sus intereses inmediatos, los únicos, por cierto, que logran precisar.

¿Por qué ocurre ese fenómeno?

¿Por qué decenas de millones de latinoamericanos no son capaces de advertir que los países que han conseguido despegar y alcanzar unos niveles de desarrollo y una calidad de vida aceptable (esos países -Estados Unidos, España, Italia, etc- a los que emigran los mismos latinoamericanos que en sus naciones apoyan un modo diferente de hacer las cosas). Sin duda, porque hay muchos elementos en nuestra historia y en nuestro modo de ser que encajan perfectamente bien con las señas de identidad del estatismo-dirigista-antioccidental. Anotemos, las diez razones principales que explican esta errática conducta. Hay otras, pero ciñámonos al decálogo.

· Primera, la tradición histórica.

Nuestras repúblicas se formaron después de tres siglos de centralismo, dirigismo y ausencia de autogobierno. Los latinoamericanos nunca tuvieron el control local de sus vidas. Las grandes decisiones las tomaban la Corona, o la Iglesia, o las autoridades enviadas desde Europa. Esa relación generó, en gran medida, la aparición de una sociedad de súbditos, no de ciudadanos, que se prolongó cuando llegó la independencia y llega hasta nuestros días. Nunca hemos concebido o entendido que, dentro de las premisas republicanas está que en las relaciones de autoridad entre la sociedad y el Estado, los funcionarios son o deben ser servidores públicos. No hemos comprendido que el mandatario está ahí para cumplir el mandato del pueblo, no para mandar al pueblo.

· Segunda, el caudillismo.

La independencia de América Latina surgió bajo la advocación de los caudillos: Bolívar, Sucre, Artigas, San Martín, Hidalgo. Esa tendencia ha seguido con nosotros a lo largo del siglo XX y XXI: Perón, Getulio Vargas, Arnulfo Arias, Fidel Castro, Velasco Alvarado, Hugo Chávez. Los partidos cuentan poco, y, cuando cuentan, incluso en los democráticos, dentro de ellos opera el mismo fenómeno caudillista. Nuestras sociedades no suelen seguir ideas, sino líderes. Admiran al hombre fuerte que impone su voluntad.

· Tercera, el clientelismo.

En sociedades pobres, como las nuestras, para una parte sustancial de los individuos el mejor gobierno es el que le da algo: dinero, un poco de comida, vivienda si hay mucha suerte. El mejor gobierno es el que asigna un puesto de trabajo, aunque sea superfluo, y aunque las consecuencias generales sean dañinas, porque la familia necesita comer y no hay muchas oportunidades laborales. Es la lógica de los “descamisados”. Son los clientes de los poderosos, y los poderosos alimentan esa dependencia para sostener su autoridad.

· Cuarta, el descrédito del capitalismo mercantilista-prebendario.

¿Por qué admirar los méritos de los individuos emprendedores o de los empresarios, si muchas de las grandes fortunas latinoamericanas se han hecho al amparo de las relaciones con el poder político? Casi nadie ignora el peso de los sobornos, las coimas y el favoritismo en el éxito de numerosos empresarios. En América Latina, en general, no ha existido un verdadero capitalismo empresarial de mercado, basado en la competencia, la existencia de reglas neutrales y el respeto a la ley. Lo que ha existido ha sido capitalismo mercantilista y prebendario, permanentemente coludido con el poder político, lo que constituye, de alguna manera, otra expresión del clientelismo. Los políticos eligen a los empresarios ganadores, y los empresarios ganadores sostienen a los políticos que los favorecen.

· Quinta, las opiniones de las autoridades y la ignorancia.

¿De dónde surge lo que hoy llaman una “matriz de opinión” partidaria del estatismo-dirigista-antioccidental? ¿Cómo se legitima intelectualmente esa ideología? Ese discurso crece y se fortalece en la visión marxista de los grupos comunistas; en los ataques de la iglesia católica al afán de lucro y al consumismo; en la frecuente defensa en las universidades del colectivismo marxista y del antiamericanismo; en los embates de una buena parte de los medios de comunicación y del sindicalismo contra la economía de mercado y en defensa del igualitarismo.

Súmesele a todo esto el carácter contrario a la intuición de la economía capitalista. Es muy difícil, por ejemplo, explicarles a las personas poco instruidas (y aun a las que tienen estudios) que el mercado funciona mejor que la buena voluntad de los expertos; que la competencia nos conviene a todos, aunque haya perdedores y ganadores; que los subsidios y el gasto público excesivo nos perjudican; que las supuestas conquistas sociales pueden ahogar el crecimiento y generar desempleo. Sin duda, las propuestas socialistas, aunque acaben por ser contraproducentes, están mucho más cerca del entendimiento y del corazón de los mortales comunes y corrientes que los planteamientos, digamos, de los liberales.

· Sexta, la pobreza sin horizontes de un amplio sector.

De acuerdo con las mediciones más acreditadas, casi la mitad de la población latinoamericana es pobre. Dentro de esa pobreza, como sucede en Brasil, en República Dominicana o en Honduras, hay un gran segmento que no tiene posibilidades de integrarse porque carece de la educación o de las destrezas laborales mínimas. Nacen en las favelas o arrabales, allí mueren, a veces violentamente, y no encuentran jamás formas decentes de ganarse la vida dentro del sistema. Suelen llamarles “los excluidos”, como si deliberadamente “los ricos” los hubiesen orillado. ¿Por qué esperar de este sector alguna forma de lealtad con un sistema al que no consiguen siquiera integrarse?

· Séptima, la ficción del Estado de derecho.

En América Latina, desde la época colonial, nadie cumple las leyes. Ni los gobernantes ni los gobernados, y eso es muy grave porque la idea de la república -teóricamente nuestra forma de gobierno-, se sostiene sobre la suposición de que los ciudadanos acatan las reglas, y, cuando no lo hacen, son castigados por los tribunales. Mas esa premisa no es cierta en nuestras tierras: los gobernantes, con frecuencia, son corruptos o ignoran las leyes y no pagan por ello ni siquiera un costo moral: los electores los reeligen. Los ciudadanos, cuando pueden, también vulneran las leyes: los más ricos evaden los impuestos o pagan coimas; los más pobres se roban la electricidad, el agua, la señal de televisión, destrozan los bienes públicos, invaden terrenos ajenos y cometen otro sinfín de delitos contra la propiedad. Y casi nadie es castigado por ello porque la policía es un desastre, los tribunales no funcionan, o lo hacen muy lentamente, o son venales. En países como Colombia o Venezuela apenas el uno por ciento de los crímenes acaban en los juzgados. Eso genera un profundo desprecio de la sociedad hacia el gobierno, aunque éste sea producto de unas elecciones democráticas, lo que explica el apoyo que suelen recibir los golpistas (Torrijos, Velasco Alvarado, Chávez, Fujimori). Todos, o casi todos los ciudadanos, sienten que viven en medio de una farsa, muy bien ejemplificada recientemente, cuando Evo Morales, con total candidez, les dijo a sus ministros que él iba a hacer cosas ilegales y que ellos, los abogados, que para eso habían estudiado, debían encargarse de legalizarlas luego.

· Octava, el victimismo.

Durante siglos, por lo menos los dos siglos supuestamente republicanos, las clases dirigentes siempre han buscado una buena excusa para explicar nuestro atraso relativo: la tradición española, el peso de los indígenas, la explotación de los poderes imperiales, unas veces los ingleses o los franceses, otras los norteamericanos. Un gran economista hispano-argentino, Carlos Rodríguez Brown, lo ha explicado con una frase estupenda: “el gran amigo del hombre latinoamericano no es el perro sino el chivo expiatorio”. Ese victimismo refleja una actitud que Hanna Arendt, en otro contexto, llamaba “el síndrome de indefensión”, actitud que genera una inmensa inseguridad en nuestra potencialidad creadora.

· Novena, la clausura al exterior.

Entre el victimismo, el síndrome de indefensión, la inseguridad, y la paranoica visión de los países del primer mundo como unas potencias depredadoras, ¿cómo sorprenderse de que una parte sustancial de nuestros ciudadanos prefiera cerrar las fronteras a la influencia extranjera renunciando a cualquier forma de competencia?

· Décima, la cuasi inflexible estratificación clasista y racista.

Por razones culturales e históricas, América Latina es una región profundamente racista y clasista, con los blancos económicamente poderosos instalados en la cúspide, en donde frecuentemente coinciden raza y desempeño económico. En general, los negros, los indios y los mestizos -dependiendo del país, claro- ocupan los lugares más bajos en la escala social y laboral: son los que menos ganan y los peor educados. Simultáneamente, para ellos, a veces maltratados y vejados por las clases dominantes, como suele suceder con el infinito ejército de sirvientes domésticos que existe en América Latina, es mucho más difícil el ascenso por la ladera económica y social. Esto explica el lógico resentimiento contra los grupos pertenecientes a la cúpula por parte de los sectores más oscuros y más pobres del espectro racial, y su adscripción emocional a los movimientos políticos que les prometen una suerte de igualdad a la que, teóricamente, hubieran debido tener acceso en las repúblicas democráticas, garantes, supuestamente, de una igualdad de derechos y oportunidades que, en la práctica, está muy lejos de existir.

Diez factores que explican por qué fracasan los gobernantes de esta cuerda

Este epígrafe final debe comenzar por definir el concepto de fracaso. Para ello es esencial conocer los objetivos que suelen proponerse los gobiernos, y muy concretamente los encuadrados dentro de la familia del socialismo estatista. Como regla general, todos prometen aumentar la riqueza general de la sociedad, modernizar las infraestructuras, terminar con la pobreza y crear un mayor nivel de igualdad entre las personas. También aseguran que les pondrán fin a la corrupción y al desorden anterior, defenderán los intereses nacionales y colocarán al país entre las naciones punteras del planeta.

Con frecuencia, lo que sucede es lo contrario: la herencia de Perón, de Velasco Alvarado, o del sandinismo fue desastrosa. Los frutos del chavismo, aun en medio de una imparable riada de petrodólares, que ha duplicado en los diez años de Hugo Chávez todos los ingresos de los cuarenta años de los precedentes gobiernos adecos y copeyanos, no ha servido para redimir a los pobres venezolanos, ni para aumentar las clases medias, sino para destruir a la mitad de las empresas y sumergir al país en un océano de violencia social que ya le ha costado a la población, sólo en ese periodo chavista, ciento diez mil asesinatos. Un fenómeno parecido al de Cuba, que hace cincuenta años, cuando comenzó la revolución, era uno de los tres países más ricos de América Latina, y hoy está entre los tres más pobres.

¿Por qué fracasan gentes, al menos en algunos casos, aparentemente bien intencionadas? Fracasan, fundamentalmente, porque no entienden cómo se crea la riqueza o cómo se destruye. Aciertan, con frecuencia, en la identificación de los males que aquejan al continente, pero confunden las causas y se equivocan en los métodos que proponen para erradicar los problemas. Concretemos las diez razones que explican estos estridentes fracasos.

· Primera, la riqueza sólo se crea en las empresas.

Parece una afirmación de Pero Grullo, algo que uno aprende en la adolescencia, pero la izquierda estatista-dirigista-antioccidental suele ignorarla. Una empresa es una entidad compuesta por una persona, o por cien mil personas, que produce un bien o un servicio y se lo ofrece al consumidor por un precio. Con los beneficios que obtiene la empresa, ésta invierte, crece, genera empleo y aumenta progresivamente el tamaño de la economía. Es así como crecen los países y se enriquecen todas las sociedades. El antiempresarialismo es una actitud suicida que conduce al empobrecimiento general.

· Segunda, las sociedades ricas son las que consiguen desarrollar un amplio tejido empresarial. No hay naciones ricas o pobres.

Hay naciones que han logrado crear un amplio y diverso tejido empresarial, con gran valor agregado, lo que les ha permitido sustentar grandes sectores sociales medios, como sucede en Estados Unidos, Alemania, Holanda, Dinamarca y otros veinticinco países. Suiza, un país pequeño, sin salida al mar, con una población más o menos como la de Buenos Aires, dividido en etnias diferentes, que hasta hace muy poco ni siquiera pertenecía a la ONU, es la nación más rica del mundo. ¿Por qué? Por la riqueza creada por su tejido empresarial.

· Tercera, las sociedades menos desiguales son las que cuentan con ese rico tejido empresarial.

La forma efectiva de combatir la pobreza y la desigualdad no es la redistribución de la riqueza creada, sino el fomento de empresas con gran valor agregado. Las sociedades menos desiguales del mundo, las escandinavas, no han alcanzado ese nivel de equidad por contar con una gran presión fiscal sobre las rentas, sino porque poseen un denso y sofisticado tejido empresarial que permite pagarles veinticinco dólares la hora a un trabajador porque el bien o el servicio que produce genera altísimos beneficios. Los trabajadores que recogen café, bananos, o cortan caña, no pueden alcanzar un alto nivel de prosperidad porque el rendimiento real de su trabajo es muy bajo. Es absurdo quejarse de que un campesino hondureño gana la vigésima parte de lo que gana un trabajador sueco. Lo que sucede es que lo que produce el trabajador sueco vale veinte veces más que lo que produce el hondureño.

· Cuarta, la apertura y las conexiones con el exterior son indispensables.

En el mundo contemporáneo, y desde el siglo XIX, son esenciales las relaciones con el aparato productivo internacional para poder desarrollarse. Son necesarios el capital, la tecnología, el know-how gerencial, el mercadeo. Y se trata, además de un proceso progresivo de asimilación que no puede improvisarse. Bolivia o Paraguay no pueden decidir convertirse de la noche a la mañana en países productores de motores de avión o chips para computadoras. Después de la Segunda Guerra, Japón comenzó a hacer unas imitaciones baratas y defectuosas de objetos industriales americanos. Poco a poco el aparato productivo se fue refinando y los japoneses pasaron de la imitación mala a la buena, más tarde a la innovación y, por último, a la creación original. Pero para eso era esencial mantener lazos muy fuertes con los centros creativos del planeta.

¿Por qué Argentina pudo dar un salto hacia el primer mundo a principios del siglo XX? Porque Inglaterra llevó los ferrocarriles, la electricidad, los barcos frigoríficos y el financiamiento. De diversas maneras, y cada país con sus matices, esa es la historia de la prosperidad creciente de sociedades que eran más pobres que América Latina (por lo menos comparadas a los más ricos del continente) a mitad del siglo XX y hoy son mucho más ricos que nosotros: España, Corea del Sur, Irlanda o Taiwan, por ejemplo.

· Quinta, la empresa estatal es un fracaso.

Podría alegarse que si el secreto del desarrollo y la equidad radica en la creación de empresas eficientes esa tarea podría desarrollarla el Estado, pero la nefasta experiencia del siglo XX demuestra que no es posible. Las empresas estatales han fracasado en la URSS y en Inglaterra, en Francia y en Cuba, en Corea del Norte y en Argentina: en todas partes. ¿Por qué? Primero, porque tienden a crear monopolios y al no existir competencia se anquilosan y atrasan. Se vuelven tecnológicamente obsoletas y los bienes o servicios que producen son progresivamente peores y más caros. Segundo, porque no se administran con criterios empresariales a la búsqueda de eficiencia y beneficios, sino con propósitos políticos. Tercero, porque se convierten en fuentes de clientelismo con plantillas sobredimensionadas y en focos de corrupción administrativa.

· Sexta, el dirigismo es contrario al desarrollo.

La creatividad técnica, científica o empresarial es casi siempre el producto de la chispa individual y del surgimiento espontáneo de clusters o agrupaciones inmensamente productivas que se van juntando sin que nadie lo ordene. Los Bill Gates o los Sillicon Valley no surgen por orden de los funcionarios o de los comisarios. Hace menos de diez años los creadores de E-Bay y de Google eran unos jóvenes con buenas ideas en la cabeza y casi sin dinero. Hoy esas dos empresas les dan trabajo a miles de personas y, para bien de todos, agilizan las transacciones comerciales en todo el mundo. En todas las sociedades hay un veinte por ciento de personas que poseen el ímpetu, la energía creativa y la disciplina para plantearse metas difíciles y arriesgadas. Son ella las que persiguen con ahínco esas metas y en el proceso arrastran en la dirección adecuada al ochenta por ciento restante que carece de esos rasgos de personalidad o de ese nivel de inteligencia. En las sociedades dirigidas desde la cúpula por un grupo de funcionarios toda esa energía creativa, la savia del desarrollo y el progreso, se pierde irremisiblemente.

· Séptima, la libre competencia es el camino al desarrollo y la fórmula menos ineficiente de asignar recursos.

Una de las razones por las que América Latina es la región más subdesarrollada de Occidente radica en la falta de una economía de mercado verdaderamente libre y competitiva. Lo que hasta ahora hemos tenido (y algunos países como Chile comienzan a abandonar) es capitalismo-mercantilista-prebendario, donde el poder político elige a ganadores y perdedores. Ese sistema, que es el que prevalece en el mundo subdesarrollado, pese a todo, es menos improductivo que el estado-empresario-planificador, dirigido por caudillos y administrados por funcionarios que manejan a su antojo los fondos públicos. Con frecuencia, los gobiernos que han elegido este último modelo de desarrollo hacen un gran esfuerzo en el terreno educativo o en el de la salud, como sucede con Cuba y todos los regímenes comunistas, creando un notable capital humano, pero luego se frustran cuando comprueban que persisten la miseria y el subdesarrollo. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Sencillo: para que el capital humano dé sus frutos tiene que haber libertades económicas, capital cívico y mercado. Educar cien mil ingenieros para luego atarles las manos es un acto absurdo y cruel. Absurdo, porque les impide crear riquezas. Cruel, porque esos profesionales terminan por experimentar una enorme frustración.

· Octava, no hay prosperidad sostenida sin instituciones de derecho y sosiego político.

La creación de riqueza exige el buen funcionamiento del Estado de derecho. Eso incluye una legislación razonable que proteja los derechos de propiedad, tribunales eficientes e imparciales que juzguen los conflictos y obliguen al cumplimiento de los contratos, y la certeza de que las reglas de juego no van a cambiar por el capricho o el criterio de quienes mandan en el país. La principal riqueza de los países opulentos del planeta está en ese capital intangible, y este clima de tranquilidad y predictibilidad está totalmente reñido con la atmósfera de desasosiego y ansiedad que generan los procesos revolucionarios, con la catarata de decisiones y decretos dictados desde la cúpula. Lo que se logra por esa revoltosa vía es ahuyentar a los inversionistas y provocar más pobreza. El principal error intelectual de los revolucionarios es no entender que el desarrollo de los pueblos está ligado a la justa aplicación del Código Civil y no del Manifiesto Comunista. Por eso, el noventa por ciento de las transacciones económicas del primer mundo se hacen dentro del primer mundo.

· Novena, las decisiones económicas no pueden subordinarse a las necesidades electorales o a los caprichos ideológicos.

Varias de las medidas que los partidarios del estatismo-dirigista-antioccidental ponen en juego tan pronto toman el poder consisten en controlar el banco de emisión de moneda, aumentar el gasto público, subir la tasa de impuestos y endeudarse irresponsablemente, sin tener en cuenta la base productiva real del país, las necesidades de inversión y las consecuencias de esas medidas a medio y largo plazo. Como es natural, a corto plazo se produce el espejismo del desarrollo económico, pero tan pronto pasa el shock de esa inyección de dinero “inorgánico” en la economía, sobreviene la inevitable crisis: la inflación, el encarecimiento de la deuda, la falta de financiamiento exterior, el desabastecimiento y la quiebra en cadena de numerosas empresas.

· Décima, la paz y las buenas relaciones con las naciones desarrolladas del primer mundo son muy convenientes para el desarrollo.

No es una casualidad que las treinta naciones más ricas y desarrolladas del planeta mantengan, en general, muy buenas relaciones entre ellas y se comporten de acuerdo con un patrón bastante uniforme: son Estados de derecho, organizados democráticamente, dotados de un sistema económico que podemos llamar capitalismo empresarial de mercado, y en los que prevalecen la tolerancia, el pluralismo político y las libertades cívicas. Esas sociedades son las que más aprecian las personas en el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el signo de las migraciones: hacia esas sociedades es que desean dirigirse la mayoría de los pobres del tercer mundo. No sólo hay un “sueño americano”, hay un “sueño” español, francés, alemán, etcétera, etcétera, ambicionado por millones de latinoamericanos, africanos y asiáticos que desean escapar de la durísima realidad de sus países. ¿Qué sentido tiene, pues, hostilizar ese mundo e identificarlo como “el enemigo” en lugar de tratar de formar parte de él? ¿Se han dado cuenta estos revolucionarios radicales de que el noventa y nueve por ciento de los hallazgos científicos y las innovaciones que le dan forma y sentido al mundo contemporáneo surgen de esa fuente? ¿Saben que al menos el cuarenta por ciento del crecimiento económico proviene de estos cambios en el saber y en el quehacer surgidos en el primer mundo, con Estados Unidos a la cabeza? ¿A quién se le puede ocurrir que es sensato golpear nuestro propio cerebro y el motor del que en gran medida depende nuestro bienestar?

Una breve reflexión final

Bien, si estos papeles no yerran excesivamente, ya sabemos quiénes forman parte de la vasta y truculenta familia estatista-dirigista-antioccidental, por qué conquistan las mentes y los votos de una parte enorme de los latinoamericanos, y por qué fracasan cuando alcanzan el gobierno. La pregunta lógica a que nos precipita este análisis es bastante obvia: ¿cómo impedir este fenómeno?

Lamentablemente, no creo probable que una intensa labor pedagógica pueda modificar esta dinámica política. Trate de convencer a un campesino hambreado de Guatemala o a una sirvienta humillada de Perú de las ventajas del capitalismo empresarial de mercado y lo mirarán como si fuera un marciano que habla una jerga incomprensible. Por otra parte, ¿dónde y cómo llevar a cabo esa intensa labor pedagógica si la mayor parte de las universidades, de los medios de comunicación y de los púlpitos religiosos suelen estar más cerca de la visión estatista-dirigista-antioccidental?

No debe esperarse, pues, un cambio de creencias y de actitudes que surja del pueblo y ascienda inconteniblemente hasta la cúpula y la obligue a cambiar sus formas de comportamiento. ¿Qué puede, entonces, hacerse? Tal vez la única esperanza real de modernización y desarrollo que tiene América Latina es que algunos grupos políticos, persuadidos de que lo que hay que hacer es lo que hace Holanda y no Evo Morales, consigan ganar el poder por vías democráticas y lleven a cabo esa revolución desde arriba, desde la cúspide, convenciendo a las multitudes y al resto de los cuadros dirigentes de las virtudes del modelo occidental por los resultados de su gestión y no por la armonía o la belleza de sus planteamientos ideológicos.

Algo de esto ocurrió en España y en Chile, donde la sociedad dejó de plantear y defender tonterías, reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza y adentrándose en el camino del desarrollo, lo que ha traído el benéfico resultado de que, dentro de la clase política dirigente, apenas quedan defensores del estatismo-dirigista-antioccidental, y menos de un diez por ciento de los electores respalda esta tendencia en las urnas. Ya son muy pocos los que proclaman y respaldan locuras en estos países.

¿Y qué sucedería si esto no ocurre? Es fácil de predecir: paulatinamente, América Latina se irá distanciando de los niveles de desarrollo y modernidad de Occidente, haciéndose cada vez menos relevante en el mundo. Fenómeno, por otra parte, que no es desconocido en la historia. En torno a los siglos XVI y XVII Turquía era uno de los centros clave del planeta. En el XX ya sólo era una sombra de lo que había sido en el pasado. América Latina, si no cambia el rumbo, se seguirá hundiendo, pero con un agravante con respecto a Turquía: ni siquiera tiene en su pasado una época dorada de resplandor histórico a la cual referirse con orgullo. Nos habremos quedado en la eterna promesa. Y eso es triste.

CUBANITO

Gobierno y BCV nos llevan en ruta de una hiperinflación

2011-12-22T14:21:00.000-08:00

1. La explosión de dinero inflacionario

En las ultimas cinco semanas, la liquidez monetaria, medida por el circulante en poder del publico (cuentas de ahorros y cuentas corrientes y otros) ha crecido mas de 13%. Por su parte, su contravalor en el balance del BCV, en reservas internacionales, se ha reducido en 1.5%, es decir, los bolívares copiosos que el BCV imprime y lanza a la calle de las impresoras de dinero inflacionario del BCV, institución esta, la cual sin pudor alguno, financia parte del déficit fiscal del gobierno; o bien directamente comprándole papeles al Tesoro, o a través del by-pass de PDVSA y otras empresas publicas.

Al anualizar ese monumental crecimiento de la liquidez de estas ultimas semanas, tendríamos a esta multiplicándose por 2.3 veces hacia finales del 2012. Si asumimos como cierto que el gobierno atraviesa estrechez de caja y un colosal déficit fiscal, pese que se las arregla para que muchos aun crean que esta buchón, en medio de una campana electoral donde los prejuicios y complejos fueron lanzados al infierno, no es exagerada afirmar que el gobierno nos empuja hacia el umbral de la hiperinflación.

2. Hiperinflación o algo aun peor: régimen de precios reprimidos

La clasificación de hiperinflación está asociada a régimen de precios donde la indexación –un ajuste de precios- está permitida en contratos salariales, tasas de interés, precios en general. En esas circunstancias los precios crecen al ritmo de la expansión monetaria inducida por los bancos centrales sin autonomía ni independencia y en manos de las necesidades fiscales. En ese entorno inflacionario, los salarios van detrás de los precios, pero el empobrecimiento natural por caída del salario real –en razones absolutas- se amortigua, los precios cambian diariamente pero así cambian los salarios, es de todas maneras una desesperada carrera al empobrecimiento.

Al final, esa enfermedad se cura bajo un acuerdo político que emite una nueva moneda, se pierden los ceros, el banco central retoma autonomía e independencia, una especie de reforma monetaria que e implica otros compromisos de política económica entre ellos nivelación cambiaria y equilibrio fiscales, y desde luego mayores impuestos.

Ese no es el caso de Venezuela, pero, al no existir clausulas ni derecho de ajuste de precios no salarios en contratos, la inflación nunca es recompensada en términos de salarios reales; en otras palabras, el empobrecimiento producido por una inflación de dos dígitos medios, aparentemente baja, que disfruta del cinismo del gobierno porque no luce muy alta, es insumida por la gente como un proceso de “muerte lenta”. Sus estragos son aún peores que en un ambiente hiperinflacionario.

3. Cuanta inflación destruye salarios e ingresos fijos

La inflación de este año tiene marca registrada del socialismo. Este ha sido el año de su expansión, sus marcas básicas guardan una causalidad muy estrecha: expropiación, escasez, un Estado convertido en el mayor importador de bienes de consumo masivo, alimentos, el rubro de mayor crecimiento en precios, precisamente por regulación e intervención del gobierno.

2011 es el ano en el cual el BCV “se soltó el mono”, perdió el “pudor monetario”, se convirtió en financista de última instancia entregándole bolívares al gobierno –fisco- para financiar su déficit, directamente y a través de PDVSA y empresas públicas en niveles de un 12-14 % de la liquidez en poder del público, lo cual hizo posible que un bolívar (Bs F. 1,00) apenas tenga una contraparte de valor en dólares equivalente a 1/14.

El 2011 es el ano de la aprobación de Ley –penal- de Costos/Precios, instrumento legal que extrema el control sobre el productor nacional, eventualmente inducirá su salida del mercado por ruina o expropiación, el récipe del socialismo. Veamos el siguiente detalle en cuanto a capitalización del sector privado y reportado por el BCV: la inversión privada ha caído en los tres últimos años más de un 40%! El socialismo es sencillo de comprenderlo: el gobierno promueve y dirige la ruina del sector privado, interviene en su reproducción, regula penalmente la actividad económica privada (CPenal y Ley Costos/Salarios), expropia y asume su rol inconstitucionalmente y fundado en bajas pasiones y odio de clases, incorporando a la sociedad los conocidos costos en ineficiencia, corrupción y empobrecimiento del capital humano, lanzado por la fábrica pobres a trabajadores informales y subempleados, incluidos misioneros, con salarios menores de los paga en promedio el sector manufacturero privado.

El sumun de todo este magno proceso de empobrecimiento lo constituye una perversa y fatal combinación de una fuerte presión inflacionaria mayor al 26%-27% con una escasez orgánica de bienes de consumo masivo.

4. Inflación, déficit fiscal y campaña electoral del gobierno

Como toda inflación, la venezolana es consecuencia directa de un colosal déficit fiscal que el gobierno trato de enjugar con un insostenible y costoso endeudamiento (alrededor de 11% de costo financiero) y con financiamiento monetario –inflacionario- del BCV. La inflación, generada por los mencionados mecanismos de financiamiento del déficit fiscal, tiene sus fuentes en una insostenible expansión del gasto del gobierno que no puede ser financiada con un ingreso petrolero cada vez menor, pese a que los precios de realización reportados son superiores a 100 $/barril. En otras palabras el gobierno sobreestima la producción de petróleo en unos 500 mil barriles/diarios y reduce el precio del barril de petróleo (50 $/barril), dejando a los ingresos adicionales de origen petrolero, el rol del mono de la baraja, en cuanto al ingreso petrolero fiscal realizado. Es un curioso fenómeno de las estadísticas oficiales que se registra desde 2006.

La presión fiscal del gasto público sobre PDVSA ha afectado simultáneamente su flujo de caja de impidiendo que se invierta consecuentemente para compensar el agotamiento “natural” de la producción de petróleo y las consecuencias perversas de su descapitalización. Ese déficit se ha querido compensar en la vorágine de endeudamiento de PDVSA que este alcanza los 10 mil millones de dólares, deuda que más temprano que tarde será transferida al fisco. Así, la expansión fiscal como fuente de la fuerte presión inflacionaria tiene su expresión en dos circunstancias económicas emparentadas políticamente por el control que el gobierno ejerce sobre los poderes públicos, la A N, poder público responsable del endeudamiento del fisco y de PDVSA y del poder monetario, de un Banco Central, convertido en las últimas reformas de su Ley en financista de última instancia. El financiamiento monetario del déficit fiscal también se expresa en un by-pass monetario ejecutado en préstamos a PDVSA, con lo cual esta financia sus impuestos y regalías al fisco además de su supletoria función como agente fiscal del gobierno de pagar la factura del gasto público.

5. Que es inflación, entonces?

La inflación es un fenómeno monetario, de eso no hay duda, y esta fundado en la literatura económica. Por ello es un constructo político, porque siendo un fenómeno monetario, el único causante es el banco central, institución que si no esta dotada de independencia y autonomía, como de hecho y derecho lo esta el BCV, su política monetaria, y la impresión de dinero, papel y digital es un asunto de gobierno. Las reformas (4) que ha sobrevivió la Ley del BCV rescriben el curso legal que define hoy a un banco central como un banco de desarrollo con efecto fiscal. La “abundancia” de dinero impreso por razones fiscales hace posible que el precio del bolívar se reduzca continuamente, es decir, su poder adquisitivo se reduce.

En ese sentido, definimos inflación correctamente como el continuo proceso de disminución del poder adquisitivo del bolívar originada en el endeudamiento público –incluida PDVSA- y en el financiamiento del déficit fiscal por el BCV bien a través de un by-pass monetario -PDVSA y otras empresas del Estado, y de manera directa adquiriendo bonos del Tesoro.

La revisión de la data expresada en la liquidez monetaria nos indica sin rubor alguno para el Directorio del BCV que cada dólar en reserva internacionales dispone de 13 bolívares en circulación, es decir, la devaluación del bolívar es cuestión de días, el gobierno así prepara a tomar las ganancias que le provee la inflación, al fin y al cabo, la inflación solo beneficia a los gobiernos, es un impuesto que se paga sin declarar y es aparentemente indoloro, notándose en la caída del poder de compra del bolívar que el BCV emite.

REEDITOR

China es capitalista

2011-12-18T18:22:00.000-08:00

"Si bien se trata de una economía en transición, y existen muchas formas intermedias, la clave es que de conjunto la economía está sometida a la ley del valor, y que la propiedad capitalista se desarrolla cada vez más libremente"
Por Rolando Astarita

En algunos comentarios se ha suscitado la pregunta de si podemos considerar a China un país capitalista en la actualidad. Mi respuesta es que sí, que estamos frente a un sistema capitalista. Si bien se trata de una economía en transición, y existen muchas formas intermedias, la clave es que de conjunto la economía está sometida a la ley del valor, y que la propiedad capitalista se desarrolla cada vez más libremente. Empiezo repasando brevemente el recorrido de las reformas implementadas desde fines de la década de 1970, para presentar luego algunos datos que apuntalan la idea de que la sociedad china hoy es capitalista.

Un inicio “bujarinista”

Las reformas económicas implementadas por el Partido Comunista empezaron en diciembre de 1978 (Mao había muerto en 1976), y se fueron extendiendo y prolongando, siempre en dirección al capitalismo. Al comienzo solo afectaron al campo, y consistieron en permitir a los campesinos vender la producción de sus lotes privados en los mercados. Luego se pasó al llamado “sistema de responsabilidad”, por el cual se entregaba a cada unidad familiar una cierta porción de la tierra colectiva destinada al cultivo de trigo, arroz y productos similares. Los campesinos podían vender, al Estado o en el mercado libre, todo lo que produjeran por encima de ciertos mínimos. De manera que el proceso chino de reforma comenzó como una reedición de la política que se había aplicado en la Rusia soviética a mediados de la década del 20, bajo inspiración de Nicolás Bujarin (cuya obra fue traducida y estudiada en China en los 80). La meta de Bujarin no era volver al capitalismo, sino dar lugar a estímulos de mercado, a fin de aumentar el interés de los campesinos y elevar la productividad. Es que la Revolución de 1917 había entregado la tierra a los campesinos (aunque la propiedad formalmente era del Estado), Rusia se había convertido en un país incluso más “pequeño burgués” que antes de la subida al poder de los bolcheviques, y los campesinos se resistían a avanzar hacia formas colectivas de producción. Por eso Bujarin pensaba que la única forma de aumentar la productividad agrícola -indispensable para abaratar los costos de los insumos para la débil industria soviética- era permitiendo que los campesinos obtuvieran beneficios de sus explotaciones (véase por ejemplo Cohen, 1973). En algún punto, incluso, se atribuyó a Bujarin el haber lanzado el slogan “campesinos enriqueceos”. Por esta vía se estaba dando lugar a las condiciones para una acumulación capitalista. De hecho, en vísperas de la colectivización (realizada a fines de la década), había comenzado a aparecer el trabajo asalariado y una creciente diferenciación social en el agro ruso.

Pues bien, lo que en Rusia fue interrumpido por la colectivización, en China fue continuado y extendido con medidas cada vez más abiertamente favorables al mercado y al capitalismo. Es posible que la crisis económica de fines de los 70 haya creado las bases para que las reformas fueran aceptadas casi sin resistencia. El régimen maoísta había fracasado en su intento de forzar la marcha hacia una economía socialista (el llamado “Gran Salto Adelante”, de los 50) y luego el país había sufrido grandes convulsiones en los 60, cuando la Revolución Cultural. Muchos estudiosos sostienen que el régimen había entrado en un impasse; lo cierto es que las fuerzas de izquierda a fines de la década de 1970 estaban en retroceso y debilitadas, y la reforma se impuso. Además de continuar y profundizar las reformas en el campo, en los 80 la dirección china dispuso que todas empresas debían ser responsables por sus beneficios y pérdidas, y que debían cerrar las que no fueran rentables. También, y más significativo, se establecieron las zonas económicas especiales para que se instalaran empresas extranjeras. En esas zonas las empresas gozaban de fuertes beneficios fiscales, facilidades para enviar beneficios al exterior, y podían explotar mano de obra barata. Y por esos años se comenzó a desarmar la seguridad social. Hasta ese momento las comunas campesinas o las empresas estatales asumían la responsabilidad por los gastos sociales de los trabajadores. No solo aseguraban el trabajo, sino también mantenían guarderías escolares y escuelas, centros para la atención de la salud, garantizaban las pensiones para la jubilación (aunque no en el campo), pagaban los seguros por desempleo, se hacían cargo de los entierros y ayudaban a las viudas o huérfanos. Este sistema comenzó a desmantelarse, y en 1986 se abolió la práctica de garantizar el trabajo de por vida. Sin embargo, es en los 90, luego de la represión del levantamiento de Tienanmen, que se desarrolló la abierta y rápida privatización de empresas del Estado. Desde 1995 hasta 2005 el número de empresas estatales bajó de 118.000 a 50.000. El número de trabajadores empleados por el Estado pasó de 145 millones (el 80% del empleo urbano) a 75 millones (el 30% del empleo urbano). Entre el 80 y 90% de los despedidos del sector estatal entraron al sector privado, o se establecieron por su cuenta.

Una estructura capitalista

Naturalmente, dada la magnitud de los cambios operados, todavía existen en China muchas formas de propiedad que están a medio camino entre la propiedad estatal y la propiedad capitalista plena. Siguiendo aThe Economist (véase bibliografía), al día de hoy se pueden distinguir algunos tipos básicos de empresas. Por empezar, están los sectores considerados claves, como banca, energía y teléfonos, en los que el Estado ha retenido la propiedad de las empresas; aunque en algunos casos ha vendido parte de los paquetes accionarios a inversores privados. Son ejemplos las empresas China Construction Bank; China Mobile y China Unicom (telefónicas) y China National Petroleum Corp. Un segundo grupo está conformado por los emprendimientos en común entre capitalistas privados, mayormente extranjeros, y entidades respaldadas por el Estado. Son usuales en ramas importantes, como fabricación de automóviles, logística y agricultura. Las empresas extranjeras aportan tecnología y la parte estatal garantiza el acceso al mercado chino. Ejemplos: Shanghai Volkswagen; Xian-Janssen (biomédica); Denghai (agricultura); DHL-Sinotrans (logística); Ameco (manufactura). En tercer lugar, están las empresas de propiedad privada, aunque con fuertes controles estatales y muy relacionadas con el aparato gubernamental. Ejemplos: BYD; Geely; Chery (automóviles); Goldwind (energía); Huawei (telefónica). Asimismo, está el grupo de empresas que son alimentadas por las inversiones de gobiernos locales; a veces también por capitales que pertenecen a los municipios, y a veces por fondos privados. En este sentido existe una amplia variedad de grados de incidencia e involucramiento estatal, y los límites no siempre están bien definidos. Muchas de estas empresas están dedicadas a la construcción pública. Ejemplos: Shangai Environment Group; Nanhai Development (protección ambiental); Digital China (servicios en tecnología informática); China WLCSP (tecnología en chip).

A pesar de estas muchas formas intermedias, lo central es que hoy domina la relación de explotación capitalista. Incluso las empresas estatales se someten cada vez más a la lógica del mercado y la ganancia (aunque hay matices importantes en sectores), y rigen las leyes de la competencia capitalista. Significativamente, más de las dos terceras partes de los trabajadores son asalariados en el sector privado. En 2004, el empleo en el sector privado representaba las dos terceras partes del empleo urbano total, aunque solo un tercio del empleo formal.

También en el agro se está socavando la propiedad colectiva de la tierra. Es importante tener presente que en China prevalece la pequeña explotación campesina; hay unos 800 millones de campesinos, y el promedio de tierra cultivada por hogar sería de 0,33 hectáreas (Hu Jing, 2008). Muchos de estos campesinos ven amenazadas sus tenencias. Según denuncias de organismos de ayuda internacional, en los últimos años unos 40 millones de campesinos perdieron sus lotes por tomas compulsivas del gobierno, destinadas a satisfacer las demandas de desarrollo urbano. Esto es favorecido porque existe mucha ambigüedad en la definición de los derechos de la propiedad de la tierra en las ciudades, como así también de la propiedad colectiva de la tierra rural. En muchos casos, los burócratas se aprovechan de estos vacíos para apropiarse de terrenos pagando poco, y desarrollar proyectos urbanos de alto valor inmobiliario, o explotaciones agrícolas. Las estadísticas oficiales dicen que entre 1995 y 2002 hubo cerca de un millón de casos de ocupación ilegal de tierras y transacciones, que comprendían 189.000 hectáreas (Lin y Ho, 2005). Lo cual se ha convertido en una de las principales fuentes de corrupción y descontento social. “El Estado ha introducido constantemente cambios institucionales, incluidas repetidas enmiendas a la Constitución, para acomodarse a los intereses del capital privado” (ídem). “Las tendencias emergentes de polarización espacial, y particularmente de clases, fueron el resultado de la mercantilización del trabajo, la tierra y el capital, enraizada y permitida por una alianza emergente entre el capital doméstico e internacional, y la elite burocrática local” (Kwan Lee y Selden, 2007).

La naturaleza capitalista de China también se pone en evidencia en su relación con el capital internacional. Al finalizar el primer trimestre de 2010 China tenía inversiones directas en el exterior por 317.400 millones de dólares e inversiones en carteras por 263.500 millones. La inversión extranjera directa en China era de 1,526 billones de dólares, y la inversión en carteras de 223.100 millones (State Admnistration of Foreign Exchange, SAFE.gov. cn). En 2010 las empresas chinas cerraron 4251 tratados de fusiones y adquisiciones, tanto en el exterior como en el interior, lo que representó un 16% de aumento con respecto a 2009. El total de las transacciones representó un valor de unos 200.000 millones de dólares, un 29% más que en 2009. En términos de las inversiones externas, en 2010 las empresas chinas cerraron 188 tratos de adquisiciones y fusiones, lo que representa un 30% de aumento con respecto al año anterior, y constituye un récord histórico. El total de las transacciones totalizaron 39.000 millones de dólares, contra 30.000 millones en 2009. La Unión Europea, Australia, África y Asia son los principales destinos del capital chino. Pero también EEUU. En 2010 se concretaron 32 acuerdos de fusiones y adquisiciones; en 2009 fueron 21 (Market Watch, The Wall Street Journal, 18/01/11). Se estima que la actividad de fusiones y adquisiciones continuó fuerte en 2011.

Consecuencias sociales

A la vista de lo anterior, no es de extrañar que en China hayan aparecido los males típicos de todo modo de producción capitalista, empezando por la desocupación. El desempleo emergió en la década de 1980, pero pasó a primer plano en la siguiente, cuando fueron despedidos millones de trabajadores de las empresas estatales que cerraban. La tasa oficial de desocupación subió del 2,9% en 1995 a 4,2% en 2005; y a 6,1% en 2010. Sin embargo, la cifra real sería mayor. Por empezar, porque muchos de los trabajadores que fueron despedidos de las empresas estatales no son reconocidos como desempleados. Las estadísticas tampoco cuentan a los trabajadores que figuran como empleados en granjas, pero han migrado a las ciudades y están buscando trabajo en éstas; ni a graduados de secundaria o universidades que hayan dejado el colegio hace menos de seis meses. Por eso, si se emplearan estándares internacionales para medir el desempleo, el mismo habría sido, en 2002, del 7,3%; el desempleo en áreas urbanas entre residentes permanentes ese año se habría elevado al 11,1% (Vodopivec y Hahn Tong, 2008). Si bien en 1999 se estableció un sistema de seguro universal urbano por desempleo, el mismo no se cumple en buena medida para los trabajadores del sector privado (Rutte, 2010).

También como resultado de la dinámica del capital se acrecentaron las desigualdades sociales. En los años 70 el Banco Mundial estimaba que el coeficiente Gini en China era 0,33 (más alto el coeficiente significa mayor desigualdad). En 2002 se ubicaba en 0,45 (Li y Luo, 2008). Según la Academia de Ciencias Sociales de China, en 2005 había alcanzado 0,496. Sin embargo la OCDE, utilizando otras estimaciones, sostuvo que en 2005 era 0,45 y que en 2007 había bajado a 0,408 (The Wall Street Journal, 3/02/10). En cualquier caso, estamos ante una diferencia de los ingresos mayor que la existente en los países capitalistas avanzados. Otros datos son reveladores, siempre en el mismo sentido. De acuerdo con Su Hainan, director del Instituto de Estudios del Trabajo y Salarios, del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, los ingresos de los residentes urbanos son 3,3 veces superiores a los ingresos de los residentes en el campo; los ingresos de los empleados en la industria con salarios más altos son 15 veces superiores a los que tienen ingresos más bajos; los ingresos de los principales directivos de las empresas estatales son 18 veces superiores a los de sus empleados; y en promedio los ingresos de los funcionarios más altos son 128 veces más altos que el salario promedio del país. Li Shi, director del Centro de Investigación sobre Distribución del Ingreso y Pobreza, de la Universidad Normal de Beijing, dice que la diferencia de ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 23 veces en 2007, contra 7,3 veces en 1988 (Global Times, 10/05/10). Según la lista Hurun, que registra los ricos, en 2011 hay 271 súper millonarios chinos; esto es, gente con más de mil millones de dólares en riqueza. Es el segundo país del mundo, sólo detrás de EEUU (que tiene 400). De acuerdo a Forbes, los súper millonarios chinos serían 115 (y 413 en EEUU). Por otra parte, y según algunos estudios recientes, el uno por ciento de la población controla el 70% de la riqueza; el 80% de la población se considera pobre o de ingresos medios y bajos; de este grupo, el 44% está en la pobreza (School of Social Welfare, University of California, Berkeley). Además, hay amplios sectores en situaciones desesperantes; en particular los ancianos de las zonas rurales sin hijos; y los niños huérfanos, discapacitados o abandonados de las ciudades, que se estiman en varios cientos de miles (Rutten, 2010).

En lo que respecta a las condiciones laborales, son las típicas de cualquier país capitalista en que la acumulación se asiente en una altísima explotación del trabajo. Los salarios son bajos; jornadas de trabajo muy extensas; y hay escasos derechos sociales y sindicales. El caso de Foxconn, la empresa de origen taiwanés que es la mayor empleadora privada de mano de obra en China, es paradigmático. En 2010 los trabajadores de sus plantas en China, recién ingresados, recibían el salario mínimo de 130 dólares, más alojamiento y comida. Aun siendo tan bajos los salarios, era más de lo que se pagaba en promedio en el resto de las empresas. Sin embargo, dado lo extenuante de las jornadas, y lo duro de las condiciones laborales, muchos no resisten, y la rotación de trabajadores es muy alta. Además, en los últimos años hubo una ola de suicidios. De manera regular, los trabajadores de Foxconn están obligados superar las 36 horas semanales de horas extras que son permitidas como máximo en China (The Economist, 27/05/10). Según una investigación realizada por Apple, un tercio de los trabajadores de la planta de Longhua excedía las 60 horas semanales. En el resto de las empresas las cosas funcionan de manera similar. En especial, padecen una alta tasa de explotación los millones de trabajadores que vienen del campo, carentes de papeles y de casi todos los derechos. En 2002 había unos 95 millones de empleados en trabajos urbanos irregulares, sobre un total de 244 millones de trabajadores urbanos. Debe tenerse en cuenta que el empleo informal -comprende autoempleados, microemprendimientos, trabajadores con contratos temporarios, trabajadores domiciliarios y jornaleros- está enteramente en el sector privado, esto es, capitalista. Se estima que el sector informal tiene aproximadamente la mitad de los trabajadores; el empleo informal aumentó desde 32 millones en 1995 a 125 millones en 2004, lo que representaba el 47% del empleo (datos del Banco Mundial).

Por otra parte, la insalubridad y las enfermedades laborales parecen estar extendidas. En 2000 el Ministerio de Salud reconocía que en muchas empresas los dueños “sacrifican la salud de sus trabajadores para hacer dinero” (declaración del vice ministro de Salud, Yin Dakui). La neumoconiosis (una enfermedad mortal, también conocida como el pulmón negro), afectaba a comienzos de los 2000 al menos a 420.000 trabajadores; se consideraba que había matado a 130.000, y se reportaban entre 15.000 y 20.000 casos nuevos por año (People’s Daily, 28/02/00).

El sistema de seguridad social también ha sufrido un cambio considerable. En 1978 la edad de jubilación de las mujeres era 50 años, de los hombres 60, y las jubilaciones cubrían el 78% de los asalariados urbanos. Dado que en campo los ancianos dependían de sus familias, solo el 19% de la fuerza laboral total estaba protegida por la jubilación estatal; pero de todas maneras se trataba de un logro importante para un país atrasado como China. Había habido mejoras en la atención de la salud, campañas masivas de prevención y cuidados, y mejoras en sanidad y agua. Hoy el panorama ha cambiado, y el sistema de seguridad social se asemeja al de cualquier otro país capitalista atrasado. Es que desde la implementación de las reformas, y con la profundización de las desigualdades, el Estado se retiró aún más de los servicios sociales en las zonas rurales, y también desatendió a los trabajadores precarizados, o que pasaron a estar por su cuenta (Rutten, 2010). En consecuencia, se calculaba que en 2002 el 50% de los ancianos de las áreas urbanas, y el 80% de las áreas rurales, no tenían ahorros y dependían de sus hijos o familias para sobrevivir (los hijos están obligados a mantener a los padres). Más del 57% del total de ancianos dependían de sus familiares; un 25% de sus propios ingresos, y solo el 2,2% podía vivir de la seguridad social (Global Action on Aging, Economic Information Daily, 26/06/02). En años más recientes, se calcula que un 40% de la población tiene pensiones, lo que representaría una mejora (Rutten, 2010). Pero aún así, es una cifra muy baja.

Por otra parte, se perpetuó y consolidó la división entre la ciudad y el campo en las mismas ciudades (Rutten, 2010). Es que la amplia mayoría de los trabajadores rurales no están habilitados para tener residencia urbana, por lo cual no pueden reclamar los beneficios del sistema de seguridad social urbano. Muchos trabajadores migrantes retienen por ello los lotes en el campo para sustituir la falta de seguridad social. Además, el sistema de seguridad social chino subraya los derechos de los trabajadores estatales por sobre los derechos de los empleados en el sector privado. Si bien formalmente el seguro para el cuidado básico de la salud cubre a todos los trabajadores urbanos (menos los autoempleados), se considera que la cobertura real de la salud declinó entre 1998 y 2003. En las zonas rurales la situación es aún peor. Paralelamente, se asiste a una creciente privatización de la salud y la educación, tanto porque el Estado dejó de financiar los centros de salud y educativos, como por la aparición lisa y llana de empresas privadas en estos sectores. Por ejemplo, en una entrevista, realizada en 2007, el director de un hospital de Beijing señalaba que el financiamiento del gobierno solo cubría el 2-3% del gasto anual, y que en términos económicos, ya no era un hospital público (Beijing Review, 1/03/07). Muchos casos semejantes han sido denunciados. Como resultado de estas evoluciones, habrían resurgido enfermedades epidémicas, que habían sido desterradas luego de la Revolución (Rutten, 2010). También en educación se han hecho sentir las reformas pro-mercado. Si bien desde 1978 aumentaron significativamente la tasa de alfabetización, y de alumnos en los niveles primario y secundario, también se privatizó en buena medida la enseñanza. A igual de lo que sucede con la salud, el Estado dejó de financiar, y las direcciones de los colegios cobran tarifas cada vez más elevadas; con lo cual muchos también embolsan buenas ganancias. En 2004 se señalaba que la educación había sido la segunda actividad más rentable en China el año anterior (la primera era inmobiliaria), y también una de las más corruptas. “Los beneficios ilegales provienen de los más de 300 millones de niños que dependen de la educación pública primaria y de sus familias que tienen que pagar las tarifas” (The Epoch Times, 2/3/04). Ese año las estadísticas indicaban que China usaba el 1,4% del total de fondos públicos educativos mundiales para sostener el 22,9% de los estudiantes del mundo (China Daily, 15/01/04). El diario agregaba que el número de estudiantes de escuelas pobres estaba aumentando constantemente. En este marco, las escuelas privadas florecen. Según el informe del Banco Mundial de 2002, en 2001 había más de 56.000 escuelas privadas, con más de 9 millones de estudiantes. Por esa época ya estaban funcionando 436 institutos de enseñanza superior privados. En el otro extremo, muchos se quedan afuera. El “Informe sobre la educación y los recursos en capital humano” del Ministerio de Educación, de 2003, señalaba que solo el 18% de la población entre 25 y 64 años había recibido educación secundaria completa, y que el 42% había recibido menos de la educación primaria. Más del 30% de los estudiantes de zonas rurales que estaban habilitados para ir a colegios secundarios, no podían hacerlo.

En conclusión, todo indica que China hoy es un país capitalista. Las leyes del mercado se hacen sentir de forma creciente en todos los rincones. Crecen las contradicciones de clases, junto a la polarización social. Incluso desde el punto de vista ideológico, el PC Chino ha dejado de lado el discurso sobre el socialismo, para enfatizar el aspecto nacional. Su base social son los altos funcionarios que se benefician con los negocios capitalistas, o la administración de las empresas ligadas al Estado, y las nuevas clases medias. Por todo esto, los conflictos entre la inmensa masa explotada, por un lado, y los capitalistas y el gobierno, por el otro, responden cada vez más a la lógica de la lucha de clases, propia de todo modo de producción capitalista.

Textos citados:

Cohen, S. F. (1973): Bujarin y la revolución bolchevique, Madrid, Siglo XXI.

Hu Jing (2008): “A Critique of Chongquing’s ‘New Land Reform’”, China Left Review Nª 1, enwww.chinaleftreview.org.

Kwan Lee, C. y M. Selden (2007): “China’s Durable Inequality: Legacies of Revolution and Pitfalls of Reform”, The Asian-Pacific Journal: Japan Focus”, en www.japanfocuos.org.

Li, S. y C. Luo (2008): “Growth Pattern, Employment and Income Inequality: What the Experience of Republic of Korea and Taipei, China Reveals to the People’s Republic of China”, Asian Development Review, vol. 25, pp. 100-118.

Rutten, K. (2010): “Social Welfare in China: The role of equity in the transition from egalitarism to capitalism”, Asia Research Centre, CBS, Copenhagen Discussion Papers 32, March.

The Economist: “Capitalism confined”, September 3rd 2011.

Vodopivec, M. y M. Hahn Tong (2008): “China: Improving Unemployment Insurance”, World Bank, Discussion Paper Nº 0820, July.

De viaje por los países socialistas, de Gabriel García Márquez

2011-10-13T19:03:00.000-07:00

La apoteosis de lo rastacuero

En el verano de 1957, Gabriel García Márquez, periodista colombiano y joven escritor, se embarca en un viaje de tres meses por los países de la Cortina de Hierro. De ese viaje surgieron escritos sobre los países visitados, que fueron publicados en Colombia y Venezuela al año siguiente. Su aventura la realiza por países que acaban de sufrir (o acaban de liberarse) de la figura de Josef Stalin (había muerto hacía 4 años), en especial la Unión Soviética, de quien era jefe de gobierno, y a dos años del triunfo futuro de la Revolución Cubana. Reunido en Francfort con una amiga francesa y un periodista italiano, los tres deciden en el aburrimiento en que se encuentran cruzar a Alemania Oriental. Toman un vehículo y recorren Alemania Occidental hasta la frontera. Al cruzar hacia el otro lado, pareciera como si hubieran llegado a la versión bizarra de los germanos: la edad de piedra hacía imperio entre ellos. Gente gris, sombría, sorprendida sobremanera por la presencia de extranjeros, a quienes miran como si fueran extraterrestres. Comenzando por los soldados que los reciben en la aduana, en donde deben tomar sus nombres con una pluma y un tintero, como hombres anteriores a la primera guerra. Continúan su camino, rodando por una tierra silenciosa sobremanera, hasta llegar a Berlín. El impacto es sobrecogedor. Las diferencias entre el capitalismo histérico del lado Occidental y el comunismo deprimente del Oriental son demasiado abismales. Y hablamos de un Berlín en donde el paso entre ambas zonas aún se puede hacer por metro, por debajo, a manera de paso de catacumba, pero se puede hacer. Estamos a algunos años aún del levantamiento del Muro, de las fugas suicidas (como los que huyen de Cuba flotando en tablas). La burocracia reina en la ciudad, así como la ausencia de asideros. Se ha calculado que si estalla una guerra Berlín durará 20 minutos. Pero si no estalla, dentro de cincuenta, cien años, cuando uno de los dos sistemas haya prevalecido sobre el otro, las dos Berlines serán una sola ciudad. Una monstruosa feria comercial hecha con las muestras gratis de los dos sistemas, dice García Márquez. En menos de cuarenta ocurrió la profecía del colombiano. De Berlín se marchan a Leipzig, en donde lo decrépito, lo viejo, cubre todo. El alcoholismo, el desespero, el horror, la lástima. Hablamos de una Alemania que en unos cuantos años será la primera potencia de Europa del Este, en lo económico y deportivo. Pero ésta es la Alemania que quedó después de la guerra y la ocupación de los rusos. Es la no-experiencia socialista: el socialismo no se impone, y además, ya la historia nos enseña, debe gestarse en términos democráticos reales.

La presencia de lo hispanoamericano en esos países visitados, el conocimiento de nuestras literaturas y nuestras realidades se hace patente en cada lugar. En Leipzig conocen a Sergio, un chileno estudiando allá. Les sirve de lazarillo para recorrer la ciudad, tan sombría como la Comala de Rulfo. La Alemania comunista es un país de expropiados, de jóvenes que se ven sin futuro. Un país invadido por los rusos, a quienes detestan: el pueblo no ve el desarrollo de la industria pesada, le importa un pito los huevos fritos al desayuno y lo único nuevo que ve es que Alemania está partida en dos y hay soldados rusos con ametralladoras. Los habitantes de Alemania Occidental ven exactamente lo mismo: el país dividido y soldados americanos en automóviles último modelo. Ninguno de los dos protesta porque saben que perdieron la guerra y por el momento tienen la cabeza bajo el ala. Pero en secreto todos saben lo que quieren, antes de hablar de socialismo o de capitalismo: la unificación de Alemania y la evacuación de las tropas extranjeras. Esto ha ocurrido, aunque los americanos aún tienen bases en Alemania. Lo cierto es que, a pesar del desarrollo que logró, la Alemania del este fue un estado policial, como sólo la misma Unión Soviética logró serlo, y la Occidental un país con grandes miras hacia el futuro.

De Alemania, García Márquez y su amigo el italiano (la muchacha francesa se devolvió del asco y la lástima a Francia, además de que se le habían acabado las vacaciones) marchan hasta Checoslovaquia. Allá la historia es otra: los checoslovacos (aún ambos países estaban juntos) mantenían un alto nivel de vida, votaron por los comunistas en las elecciones y la industria es la más desarrollada del bloque del este. No hay servilismo ni obsesión con la política. Hay un sentido, muy capitalista, de producir. Praga es una ciudad radiante y hermosa como siempre lo fue. Ellos, los viajeros, no encuentran mayores diferencias con Occidente. Están petrificados y asombrados. El colombiano más que el italiano. Este último le hace ver que las medias que llevan, en especial las mujeres, están desgastadas y derruidas. Le invita a que se fije en los pequeños detalles. No todo es oro. Y no lo era: diez años después casi, el experimento socialista checoslovaco, quizás el más optimista, libre y democrático, sufre la invasión de los tanques rusos para detener estos signos de libertad. El socialismo con rostro humano que Dubcek quiso implantar en el país se vio aplastado completamente. Después de esta experiencia, similar pero distinta en mucho a la vivida por los chilenos y la caída de Allende, Checoslovaquia se vio sumida en el silencio y la izquierda mundial empezó a hacerse preguntas, gracias en especial a un guerrillero venezolano llamado Teodoro Petkoff. Todo signo de libertad en un régimen bajo el Pacto de Varsovia, bajo la égida de la Unión Soviética, terminaba aplastado. Un poco lo vivido por algunos países latinoamericanos con Estados Unidos. La Checoslovaquia que conoció García Márquez a los 29 años, dejó de ser antes de que él llegara a los cuarenta.

El viaje continúa hacia Polonia, país devastado como ninguno después de la guerra. No quedó piedra sobre piedra, en especial en Varsovia. La reconstrucción nacional los mueve a todos. Los mueve también un odio visceral tanto hacia los rusos como hacia los alemanes, y un espíritu casi místico de unión entre el ferviente catolicismo que siempre han tenido, y la nueva fiebre comunista. En Polonia, la vigilancia abunda. La Iglesia participa de la vida política, en ello va incluida la cárcel, en donde reposa sus huesos mientras tanto el arzobispo y en donde Karol Woytyla se va preparando en sus luchas también políticas y religiosas para ser Papa veinte años después. También se entiende un grupo de escritores y poetas gestándose y escribiendo en Polonia: No creo que sea simplista relacionar esa intensa actividad estudiantil con el número de librerías, el costo de los libros y la avidez con que leen los polacos. Ese amor por los libros y la poesía llevarán a que la poesía polaca sea considerada en un futuro como la mejor escrita en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. País fervientemente católico en una región predominantemente protestante u ortodoxa, francófono casi por completo, conservador y destruido por la guerra, el surgimiento del movimiento Solidaridad, liderado por Lech Walesa menos de veinte años después no debió caer por sorpresa a las autoridades polacas, aunque así fue. Los países son más que la imposición de un sistema político: es importante considerar su historia, su pasado, sus tradiciones, cosa que los fanáticos del materialismo soviético no supieron hacer. Hablamos del país en donde se encuentra Auschwitz: eso tiene que dejar una gran huella. Siento que nuestro periodista viajero fue incapaz de percibir eso.

Ya solo, García Márquez parte en tren hacia la Unión de Países Socialistas Soviéticos: 22.400.000 kilómetros cuadrados sin un aviso de Coca Cola. Parte como invitado del país a delegados extranjeros. Lo sorprende lo grande, lo fastuoso, inconmensurable, y majestuoso del país. Conoce la experiencia de los miles de españoles y descendientes de españoles que habitan ahí, a partir de la Guerra Civil española. Ve un pueblo, al que cataloga ingenuamente de amante del comunismo, fascinado ante toda noticia extranjera. Hablamos de un pueblo culto, leído, hablante de varios idiomas por miles, que desea fervientemente saber qué ha ocurrido en el mundo. Treinta años de encierro bajo la dictadura de Stalin lo ha impedido. Destaca de manera crítica cómo el comunismo se ha perdido en nimiedades, cifras absurdas, etc. Cómo ese encierro ha costado una generación entera y aún la gente no termina de ver los frutos. Las cifras de muertos y desaparecidos no han salido a la luz aún hacia Occidente. El aislamiento sólo ofrece engaños: creer que los inventos desarrollados hace mucho tiempo en los países democráticos ellos lo han logrado por sí solos. La Unión Soviética es un país sumido en la ignorancia del mundo, y eso se paga caro. Se dedicó a desarrollar una industria pesada sin igual, centrándose en el petróleo, las industrias denominadas básicas y el armamento. Eso es lo que muestra al mundo hoy Rusia, y no sabe qué hacer con tanto armamento en un mundo que cambió. Los otros logros, el deporte, la ciencia, la literatura, la danza, se empezaron a perder desde la llegada de Stalin en el poder: la muerte de Mandelstam y tantos otros, el silencio forzado de tantos, entre ellos Pasternak, el exilio de Brodsky y cientos de bailarines, científicos, intelectuales. La política soviética hizo de los países del Pacto de Varsovia la apoteosis de lo rastacuero. Un país que con la Revolución de 1917 gestó el amor libre, el cine más avanzado, los proyectos más audaces planteados en el mundo, terminó sumido en las garras de un zar nuevo, enfermo, peor que los anteriores.

García Márquez escucha críticas de los soviéticos a los occidentales, muchas con sustento: para qué quiere alguien tener cinco casas, qué sentido tiene realmente la publicidad, etc. Pero las que Occidente les plantea a ellos, se resuelve en la vergüenza y en el mayor de los silencios.

La última parada de nuestro viajero es Hungría, que hace apenas un año fue invadida por los soviéticos. Un país lleno de amargura, escepticismo y en donde las estudiantes universitarias se entregan a la prostitución para completar el pan para la casa y en donde todo, absolutamente todo, escasea (como en Cuba, treinta años después y hasta hoy). Llega García Márquez junto con otros periodistas y debe escaparse del hotel para poder recorrer la ciudad sin la vigilancia de sus guías. Nadie confía en él en la calle: para los húngaros, todo extranjero es un partidario del gobierno: pero cuando la gente se calla-por miedo o por prejuicio-hay que entrar a los servicios sanitarios para saber lo que piensa. Allí encontré lo que buscaba: entre los dibujos pornográficos, ya clásicos en todos los orinales del mundo, había letreros con el nombre de Kadar, en una protesta anónima pero extraordinariamente significativa. Esos letreros constituyen un testimonio válido sobre la situación húngara: “Kadar asesino del pueblo”, “Kadar traidor”, “Kadar, perro de presa de los rusos”. No responden preguntas. La rebelión desatada y reprimida dejó sus huellas: diez meses antes –el 28 de octubre– un grupo de estudiantes atravesó la plaza pidiendo a gritos la expulsión de las tropas soviéticas. Uno de ellos se encaramó en la estatua con la bandera húngara y pronunció un discurso de dos horas. Cuando descendió, la avenida estaba colmada por hombres y mujeres del pueblo de Budapest que cantaban el himno del poeta Pitofi bajo los árboles pelados por el otoño. Así empezó la sublevación. La gente pidió libertad, más de cien mil húngaros cruzaron la frontera con Austria, el país se rebeló. Cínicamente, García Márquez dice que la única manera de impedir que los terratenientes y la iglesia volvieran, de impedir que se perdiera la revolución, era llamando a los rusos. Coloca a Kadar, el presidente húngaro, en una situación cómoda, describiéndolo como un hombre de pueblo además, bonachón y buena gente (como le encanta describirse a él mismo). Hungría, como Checoslovaquia después, fue reprimida y masacrada.

El resto de los países, incluso los no mencionados, vivieron regímenes crueles e inhumanos. Como lo viven Corea del Norte y Cuba, revoluciones caducas y desnutridas que cada día vejan más a sus pueblos. Aunque el muchacho de Aracataca justifique especialmente la última dándole espaldarazos a su líder con las muestras de su amistad.

La ceguera ideológica hace ver pobres hasta a los genios más listos y brillantes. De esos viajes quedaron crónicas, preguntas que se respondieron solamente con más muertos. Ese fue el final de su propio viaje, que quizás no se ha sabido responder.

Por Ricardo Ramírez

RELECTURA

Ley de Costos y Precios Justos

2011-07-19T17:06:00.001-07:00

EXPOSICION DE MOTIVOS
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS
Los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo.

Sabido es que las asimetrías de los agentes en la dinámica económica han derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores.

El poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes internacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable.

La generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas (PyME's) y con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas y de mayor número de iniciativas empresariales.

La existencia de precios altos en el mercado de insumos y en los servicios, reduce la rentabilidad mínima necesaria y resta capacidad para financiar nuevas inversiones.

El pago de precios altos por parte de los consumidores reduce la capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar.

Las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que seria posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a empresas que realizan prácticas especulativas.

Por lo antes expuesto, es necesaria una Ley de Costos y Precios Justos que coadyuve la acción del Ejecutivo Nacional en la implementación de políticas de democratización de acceso de todas las venezolanas y todos los venezolanos, de manera equitativa, a los bienes y servicios.

Decreto N° 8.331
14 de julio de 2011
HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren el último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en concordancia con el artículo 5°, literal a de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

Link: Gaceta Oficial 39.715 del 18 Julio 2011 (Descargar Gaceta 39715 con la Ley)

DICTA
El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO Y FINES
Objeto
Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y' control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en Igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital.

Ámbito
Artículo 2°. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son aplicables en todo el territorio nacional, a las relaciones establecidas entre sujetos de derecho público o privado que, con ocasión de su giro comercial, productivo o de prestación de servicios, determinen los precios que correspondan a la venta de bienes o la prestación de servicios, así como los costos inherentes a tales operaciones.

Sujetos de Aplicación
Artículo 3°. Se tendrán como sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que, con ocasión del desempeño de sus actividades dentro del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes, o presten servicios, por lo cual reciban una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio.

Igualmente, serán aplicables las regulaciones del presente instrumento a los sujetos indicados en el encabezado del presente artículo, aún cuando los precios de los productos comercializados o los servicios prestados sean objeto de regulación por parte del Estado.

Se exceptúan de la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley los bancos e instituciones financieras sometidas a la vigilancia de la superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Fines
Artículo 4°. Los fines del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley serán materializados a través del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios. Tales fines son los siguientes:

1. Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan.
2. Identificar los agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijan precios excesivos.
3. La fijación de criterios justos de intercambio.
4. Propiciar la implementación de precios justos a través de mecanismos que permitan sincerar costos y gastos.
5. Promover el desarrollo de prácticas administrativas con criterio de equidad y justicia social.
6. Incrementar la eficiencia económica como factor determinante en la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas.
7. Continuar elevando el nivel de vida del pueblo venezolano.
8. Favorecer la inserción de la economía nacional en el área regional e internacional, promoviendo y favoreciendo la integración latinoamericana y caribeña, defendiendo los Intereses económicos y sociales de la nación.
9. Proveer las herramientas para la captación de información que sirva a la formulación de criterios técnicos que permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores ante las conductas especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a bienes y servicios.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS

Principios
Artículo 5°. En la interpretación y aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberán ser observados los principios económicos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes de la República y, en especial, los establecidos en el presente Capítulo.

Principio de Desarrollo Socioproductivo
Artículo 6° El Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios se orienta al logro del desarrollo socioeconómico, armónico endógeno, garantizando de esta manera el vivir bien de la sociedad Venezolana.

Principio de Equidad
Artículo 7° El Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios promueve el uso de la planificación, y al control de los costos empresariales que coadyuvan a la generación y construcción de precios justos.

Principio de Dinamismo
Artículo 8°. El Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios se organiza y funciona de acuerdo a las nuevas tendencias, necesidades y cambios que ocurren dentro de la estructura económica y las relaciones socioproductivas de la Nación, en observancia a la Constitución Nacional y demás Leyes vigentes.

Principio de Simplicidad Administrativa
Artículo 9°. La Prestación de servicios y el cumplimiento de la función pública a través del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios deben concentrar y establecer los trámites administrativos indispensables, para reducir, según la utilidad, el número de requisitos y recaudos, que permitan la correcta y oportuna evaluación y procesamiento de los trámites inherentes al Sistema.

De igual manera, deben proporcionar mecanismos ágiles y sencillos para procesar las consultas, propuestas, opiniones, denuncias, sugerencias y quejas que realicen los usuarios y usuarias sobre los servicios prestados.

TITULO II
DE LA DETERMINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS

Obligatoriedad de inscripción
Artículo 10. Los sujetos a los cuales resulte aplicable el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.

El Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutivo o Ejecutiva de la República, mediante Resolución, podrá establecer la obligatoriedad de demostrar la inscripción ante el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios a los efectos de la realización de determinados trámites administrativos, o la obtención de autorizaciones o beneficios por parte del Ejecutivo Nacional.

Los Ministros y Ministras del Poder Popular también podrán establecer la obligación señalada en el aparte anterior, respecto de las gestiones y trámites bajo su competencia, o atribuidos a los entes adscritos a su Despacho.

Régimen del Registro
Artículo 11. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios dictará las normas mediante las cuales se establezca el régimen del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, relativas a su creación, organización, funcionamiento, condiciones, requisitos, deberes, procedimiento, procesamiento y uso de la información y, en general, todos los aspectos que resulten necesarios para la obtención y administración de la información por el mencionado Registro.

El reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios establecerá las unidades administrativas o funcionales a cuyo cargo se encuentre la Inscripción de los interesados y las Interesadas en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, así como las unidades que conocerán, respectivamente, de los recursos de reconsideración y jerárquicos.

Recursos contra la negativa de inscripción
Artículo 12. Contra la negativa de inscripción por parte del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el interesado, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, podrá interponer, a su elección, el Recurso de Reconsideración, o el Recurso Jerárquico.

El Recurso de Reconsideración será interpuesto ante el funcionario que emitiere la negativa de inscripción y deberá ser resuelto por dicho funcionario dentro del lapso de quince (15) días hábiles siguientes al de su interposición.

El Recurso jerárquico será interpuesto ante el funcionario o unidad indicada en ei Reglamento Interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, y será resuelto dentro del lapso de veinticinco (25) días hábiles siguientes al de su interposición. Cuando el reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios no indicare a cual unidad o funcionario corresponde el conocimiento del Recurso Jerárquico, éste corresponderá al Superintendente Nacional de Costos y Precios.

CAPÍTULO II
DE LA CATEGORIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN LA DETERMINACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS

Categorización de bienes y servicios
Artículo 13. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer la categorización de bienes y servicios, o de sujetos, atendiendo a los criterios técnicos que estime convenientes, pudiendo establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no sujetos, en función del carácter estratégico de los mismos y en beneficio y protección de los ciudadanos y ciudadanas que acceden a ellos.

Para los sujetos de las distintas categorías determinadas en aplicación del presente artículo, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá disponer distintos requisitos, condiciones, deberes o mecanismos de control, en función de las características propias de los bienes o servicios, del sector que los produce o comercializa, o de las personas que acceden a ellos.

Participación popular en la categorización
Artículo 14. A los efectos de la categorización a que refiere el artículo anterior, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer mecanismos de participación de las comunidades organizadas, o grupos de consumidores, para que los mismos aporten su conocimiento y experiencia en el acceso a determinados bienes y servicios.

Así mismo, podrá convocar a mesas de trabajo u otros mecanismos de participación al sector privado organizado, a los efectos de que expongan sus consideraciones en la definición de los caracteres de las categorías cuya planificación se previere.

CAPÍTULO III
DETERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRECIOS

Órgano rector
Artículo 15. La determinación o modificación de precios sobre los cuales se regirá el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, será competencia de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Procedimientos
Artículo 16. Se tendrán por determinados o modificados los precios que componen el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios:

1. Cuando el sujeto los hubiere determinado previo a la vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, informándolos oportunamente a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, sin que dicho órgano hubiere efectuado la modificación de oficio del mismo. Salvo que se que se tratase de bienes o servicios sometidos a regulación de precios por el Ejecutivo Nacional.
2. Cuando hubieren sido establecidos mediante acto dictado por los órganos o entes competentes, cuando se trate de bienes o servicios sometidos a regulación de precios por el Ejecutivo Nacional.
3. Cuando la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, sobre la base de (a información aportada por los sujetos del presente Decreto Ley y de conformidad con lo dispuesto en el mismo sobre el particular, proceda a determinar el precio justo del bien o servicio, o efectúe su modificación, de oficio, o a solicitud del interesado.

La Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer a cargo de los sujetos de regulación mediante el presente Decreto Ley la obligación de colocar en sus listas de precios, o en el mareaje de los productos, una leyenda que indique que los precios han sido registrados, determinados o modificados de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Componentes del Precio
Artículo 17. Para la determinación del precio justo de bienes y servicios el órgano o ente competente podrá fundamentarse en:

1. Información suministrada por los administrados, bien a requerimiento del órgano actuante, o recabada de otros órganos de la Administración Pública que la tuvieren a disposición. Dicha información debe estar conforme a sus estructuras de costos directos, indirectos, gastos generales, de administración, de distribución y venta, cuando procedan, así como la utilidad esperada con base a las expectativas y riesgos asumidos.

2. Elementos que, por su vinculación con el caso sometido a consideración para determinación del precio justo de determinado bien o servicio, hagan mérito para presumirse válidos para la determinación de los aspectos que conforman el precio, o el costo que lo compone.

Cálculo
Artículo 18. la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer lineamientos para la planificación y determinación de los parámetros de referencia para la determinación de precios justos. Dichos lineamientos pueden tener carácter general, sectorial, particular, o ser categorizados según las condiciones vinculantes o similares entre grupos de sujetos.

Dichos lineamientos deberán ser notificados previamente a los sujetos, de manera personal, si se trata de lineamientos particulares, o mediante publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se trate de lineamientos aplicables a sectores o categorías de sujetos.

Los lineamientos establecidos conforme lo señalado en el presente artículo sentirán a los efectos del cálculo del precio justo de los bienes y servicios a los cuales se refieran, así como para la desagregación de los respectivos costos o componentes del precio.

Relación de costos
Artículo 19. Los costos y gastos informados al Sistema Automatizado de Administración de Precios no podrán exceder a los registrados contablemente.

A efectos de la aplicación del presente artículo, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios creará los modelos o formúlanos que estime conveniente, estableciendo en los mismos el nivel de desglose de información necesaria para la mejor administración de los datos suministrados y el cumplimiento de las funciones otorgadas por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Uso de modelos económicos
Artículo 20. La determinación o modificación de precios, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, se efectuará mediante modelo de análisis estadístico seleccionado por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios considerando la data registrada en el Sistema Automatizado de Administración de Precios.

Solicitud de modificación de Precios
Artículo 21. En los casos que el interesado manifieste se desacuerdo con el precio determinado por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios de conformidad con el presente Capítulo, podrá presentar su solicitud de evaluación de ajuste en la oportunidad, condiciones, y cumplidos los requisitos, que establezca la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.

Incorporación de bienes y servicios
Artículo 22. Cuando alguno de los sujetos regulados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deba incorporar nuevos bienes o servicios, en adición a aquellos que hubiere informado previamente a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, deberá seguir el procedimiento establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la determinación del precio justo del bien o servicio, previo a su oferta.

TÍTULO III
DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE COSTOS Y PRECIOS

CAPÍTULO I
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA

Órganos y entes del Sistema
Artículo 23. Conforman el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en calidad de órgano rector, así como los Ministerios del Poder Popular y los entes descentralizados funcionalmente con competencia en las materias afines a la determinación de precios y costos de bienes y servicios en todo el territorio nacional.

Órganos auxiliares
Artículo 24. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, serán órganos auxiliares del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, los cuales estarán obligados a prestar su colaboración cuando les sea solicitada por los Órgano y entes del Sistema.

En todo caso, los órganos y entes que conforman el Sistema, en aplicación de los dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, podrá requerir el apoyo de otros cuerpos de seguridad del Estado, de carácter nacional, estadal o municipal.

Información que compone el sistema
Artículo 25. También forman parte del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, toda la información aportada por los sujetos del presente Decreto Ley y los entes y órganos públicos, así como los costos y precios informados y registrados de conformidad con las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

De la cooperación interinstitucional
Artículo 26. El Instituto para la Protección de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), La Comisión Administración de Divisas ( CADIVI), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio Público, de acuerdo a sus funciones y de conformidad con el presente Decreto ley, apoyarán a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en materia de administración y control de precios.

Participación Popular
Artículo 27. La comunidad organizada apoyará coordinadamente a los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, a fin de lograr la eficacia en el control social, los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios estarán obligados a crear las condiciones necesarias a fin de lograr esta coordinación.

CAPÍTULO II
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS

Naturaleza de la Superintendencia
Artículo 28. Se crea la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, la cual forma parte de la estructura de la Vicepresidencia de la República, correspondiéndole ejercer la rectoría del Sistema, sobre la base de la aplicación de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.

La Superintendencia gozará de autonomía en los términos previstos en el presente Decreto Ley y en el ordenamiento jurídico vigente. Gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario y procesal, que la ley otorga a la República.

Estructura, organización y funcionamiento
Artículo 29. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios, mediante su Reglamento Interno, establecerá una estructura organizativa racional que le permita ejercer con eficacia sus funciones.

El reglamento interno de la Superintendencia establecerá, además, los cargos cuyos funcionarios serán de libre nombramiento y remoción del Superintendente, así como los límites a la incorporación de trabajadores bajo régimen de la Ley Orgánica del Trabajo.

Patrimonio de la Superintendencia
Artículo 30. El patrimonio de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios estará conformado por:
1. Las rentas, recursos, bienes y derechos que le asigne el Ejecutivo Nacional de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.
2. Los recursos y bienes que obtenga por el ejercicio de sus competencias.
3. El producto de lo recaudado por concepto de multas de su competencia.
4. Las donaciones, legados y demás liberalidades que le sean otorgadas.
5. Las demás rentas, bienes e ingresos que obtenga por cualquier concepto.

Atribuciones de la Superintendencia
Artículo 31. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanción por parte del Estado, a los agentes económicos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Teniendo las siguientes atribuciones a su cargo:

1. Dictar su reglamento interno y demás normativa sobre estructura y funcionamiento.
2. Dictar su estatuto de personal.
3. Dictar la normativa necesaria para la implementación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley referida a mecanismos, metodología, requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para la determinación de costos y precios justos, así como para el control y seguimiento de los mismos.
4. Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control y seguimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
5. Implementar mecanismos de control que permitan supervisar las desviaciones de los sujetos de la presente ley que favorezcan las ganancias excesivas en proporción a los costos de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan.
6. Fijar Precios Máximos de Venta al Público (PMVP) o Rangos de precios de bienes y servicios, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población.
7. Fijar los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio justo de bienes y servicios, así como la determinación de sus precios y la ponderación de los costos que los componen.
8. Proveer asesoría y recomendaciones técnicas a los órganos y entes competentes a los efectos de la fijación de precios de los productos y servicios que, por su importancia económica o su carácter estratégico, así lo requieran, en beneficio de la población.
9. Establecer mecanismos y parámetros técnicos uniformes que permitan a los organismos públicos competentes determinar niveles excesivos en los precios de bienes o servicios, así como conductas especulativas o de boicot.
10. Emitir criterios sobre la utilización de métodos de gastos, de utilidades, así como de las capacidades instaladas y depuración de costos, a los fines de su uso en procedimientos administrativos y judiciales.
11. Diseñar, implementar y supervisar los mecanismos para la captación de información que sirva al cumplimiento de los fines del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
12. Formular y emitir criterios técnicos que permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores ante las conductas especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a bienes y servicios.
13. Proveer al Ejecutivo Nacional de la información y recomendaciones necesarias para el diseño e implementación de políticas dirigidas a la disminución del nivel de precios, bien en determinados sectores, actividades, o en general.
14. Crear el Registre Nacional de Precios de Bienes y Servicios, establecer su normativa, administrarlo y ejercer las funciones de seguimiento y control sobre éste.
15. Solicitar a los sujetos del presente decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley la información que estime pertinente a los fines del ejercicio de sus competencias y, en especial, de las atribuciones de control y fiscalización que le han sido otorgadas por este Decreto-Ley.
16. Requerir a las entidades sometidas a la regulación y control de la Superintendencia, cuando fuere necesario y dentro del límite de las funciones que le confiere la ley, los datos, informes o documentos sobre sus actividades, así como certificar la colaboración o falta de esta por parte del sujeto investigado;
17. Realizar la inspección y fiscalización de los sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o de terceros relacionados con éstos, a los fines de la aplicación del mismo.
18. Efectuar los procedimientos para la determinación de ilícitos sancionados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley e imponer las sanciones administrativas a que haya lugar.
19. Prestar, a su discreción, servicios a entes públicos o privados, en el marco de las materias que le están atribuidas, y establecer las tarifas de dichos servicios.
20. Las demás, establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.

Los costos y precios justos determinados por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y la normativa dictada por dicho órgano al respecto, se reputan correctos, debiendo el interesado impulsar y probar lo conducente a los efectos de modificar los criterios formulados por la Superintendencia en el ejercicio de sus funciones.

Para la realización de actividades materiales o de carácter intelectual necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, la Superintendencia podrá auxiliarse de terceros, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con comprobada experiencia en la materia sometida a su conocimiento. Los informes o documentos emitidos por dichos auxiliares tendrán valor probatorio y podrán ser utilizados en la formulación de criterios técnicos o el establecimiento de regulaciones o mecanismos cuando la Superintendencia lo considere pertinente.

Facultades de Inspección
Artículo 32. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios tendrá las más amplia facultades de inspección y fiscalización en el ejercicio de las competencias que le han sido otorgadas mediante el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o le correspondieren de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

En el reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios serán establecidas las unidades a las cuales corresponda la ejecución de las inspecciones y fiscalizaciones, pudiendo el Superintendente Nacional de Costos y Precios reservarse la designación de funcionarios para inspecciones y fiscalizaciones especiales.

Los sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y sus representantes, estarán obligados a brindar al personal encargado de las inspecciones y fiscalizaciones, todas las facilidades que estos soliciten.

Para la realización de actividades de verificación y otras actividades materiales de simple ejecución que sirvan a los fines de las fiscalizaciones e inspecciones, la Superintendencia Nacional de Costos y Precies podrá celebrar convenios con la comunidad organizada, con otros organismos públicos o con entes privados, encomendándoles determinadas tareas. Las actuaciones materiales realizadas en ejecución de dichos convenios tendrán valor probatorio en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, siempre que la información y documentos recabados, así como los actos ejecutados, observen el ordenamiento jurídico vigente.

Atribuciones especiales de inspección y fiscalización
Artículo 33. En el ejercicio de las funciones de inspección y fiscalización otorgadas a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios por el artículo anterior, podrá:

1. Realizar inspecciones y fiscalizaciones, así como la verificación de la Información recibida de los sujetos del presente Decreto Ley, tanto en sus oficinas, como en las sedes o establecimientos de dichos sujetos.
2. Exigir a los sujetos de aplicación del presente Decreto Ley la Información que requiera en el ejercicio de sus funciones, así como los soportes físicos o electrónicos donde dicha información repose.
3. Requerir a terceros, incluso de entes, órganos o funcionarios públicos, la información que estime necesaria a los efectos de constatar los datos aportados por los sujetos inspeccionados o fiscalizados, o suplir la información no aportada por éstos, si fuere necesario.
Dicha información podrá ser retenida y asegurada si fuere necesario, de lo cual se dejará constancia mediante acta.
4. Requerir la comparecencia a sus oficinas de los representantes de los sujetos inspeccionados o fiscalizados.
5. Practicar avalúos de bienes muebles e inmuebles.
6. Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación que se exija.
7. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario para la continuidad y culminación del procedimiento de Inspección o fiscalización.
8. Solicitar a los tribunales competentes las medidas cautelares necesarias para el aseguramiento de las resultas del procedimiento.
9. Notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de ilícitos cometidos por las entidades sometidas a la regulación y control de La Superintendencia.

CAPÍTULO III
DEL SUPERINTENDENTE

Superintendente Nacional
Artículo 34. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios estará a cargo del Superintendente o la Superintendente Nacional de Precios y Costos Justos, cuyo nombramiento y remoción compete al Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.

Requisitos
Artículo 35. Para desempeñar el cargo de Superintendente Nacional de Precios y Costos Justos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Ser venezolano por nacimiento;
b) Ser mayor de 30 años;
c) Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles;
d) No estar incurso en alguna de los supuestos de incompatibilidad comprendidos en el artículo 38 de este Decreto ley.

Atribuciones Del Superintendente.
Artículo 36. Son atribuciones del Superintendente:
1. Ejercer las atribuciones y funciones de la Superintendencia o distribuir dichas atribuciones y funciones mediante el reglamento interno de la Superintendencia.
2. Dirigir y coordinar la administración, organización y funcionamiento de la Superintendencia.
3. Dictar el reglamento Interno de la Superintendencia.
4. Dictar las regulaciones y normativa encomendadas por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a la Superintendencia, necesaria para la aplicación e implementación de este Decreto Ley.
5. Dictar y coordinar las políticas de regulación y control de la Superintendencia.
6. Presentar al Presidente o Presidenta y al Vicepresidente o Vicepresidenta de la República informe anual del desempeño de la Superintendencia.
7. Celebrar convenios con bancos e instituciones financieras a los fines de su actuación como oficinas receptoras de los fondos administrados por la Superintendencia por concepto de recaudación de multas o prestación de servicios.
8. Las demás que le sean atribuidas por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o por el reglamento interno de la Superintendencia.

Supuestos de incompatibilidad
Artículo 37. Son Incompatibles con el ejercido del cargo de Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, así como de los demás cargos o empleos públicos de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios:

a) Ser socio o accionista, o pertenecer a órganos de dirección, administración o vigilancia de las entidades fiscalizadas;
b) Intervenir en la investigación y tramitación de diligencias en que ellos, su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tengan Interés.
c) Las establecidas en la Ley de los Estatutos de la Función Pública.

El funcionario o empleado a quien se probare que ha incurrido en las anteriores incompatibilidades, será sancionado de conformidad a la Ley del Estatuto de la Función Pública siguiendo el procedimiento legal correspondiente. Las investigaciones, resoluciones o autorizaciones en que hubiere participado serán nulas pero producirán efectos sólo en lo desfavorable al comerciante, todo esto sin perjuicios de las sanciones civiles, penales y administrativas correspondientes.

CAPITULO IV
DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN DE PRECIOS

Artículo 38. Para el mejor ejercido de sus funciones, Superintendencia Nacional de Costos y Precios contaré con el Sistema Automatizado de Administración de Precios, constituido por la plataforma tecnológica, Integrada por software y hardware, telemática, telefonía y satelital, que facilitan la actividad de los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.

La creación, organización, regulación, administración y gestión del Sistema Automatizado de Administración de Precios corresponderá a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.

El Sistema Automatizado de Administración de Precios deberá ser actualizado con la tecnología más avanzada y eficiente, en función de óptimos resultados, para lo cual el Estado deberá propender los recursos necesarios.

El sistema mantendrá permanentemente planes de estudio para el mejoramiento y actualización del talento humano que integran el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.

Del portal web
Artículo 39. El Sistema Automatizado de Administración de Precios deberá contar con un portal web, en el cual esté disponible toda la información de los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, así como el Registro de los sujetos del presente Decreto Ley.
Así mismo, el portal web deberá tener contenidos inherentes a la materia de costos y de precios, a la vez de ser un medio interactivo idóneo para la educación de la sociedad en materia de regulación.

Del libre acceso de los ciudadanos y ciudadanas
Artículo 40, Todo ciudadano y ciudadana tendrá libre acceso al portal, teniendo como único requisito el registro correspondiente en el link de usuarios y usuarias del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.

Confidencialidad de Información
Artículo 41. La información que se proporcione a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, con destino al Sistema Automatizado de Administración de Precios, así como la requerida con ocasión de procedimientos administrativos incoados en dicho organismo, tendrá carácter confidencial.

TÍTULO IV
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PRESENTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

CAPÍTULO I
INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones al presente Decreto Ley
Artículo 42. Para los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entenderán como infracciones aquellas cometidas por las personas naturales o jurídicas que supongan el incumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto Ley, su Reglamento y normas dictadas por la Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo.

En materia de determinación y control de precios, las sanciones a las infracciones previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se aplicarán con preferencia a las contenidas en otras leyes.

Cuando de los procedimientos de inspección y fiscalización ejecutados por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios surgieren indicios de la comisión de infracciones o delitos sancionados de conformidad con otros instrumentos normativos, las actuaciones deberán ser remitidas al órgano o ente competente en razón de la materia, a los fines de su conocimiento y resolución.

Tipo de sanciones
Artículo 43. Las sanciones aplicables a las infracciones al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, son las siguientes:

a) Multa, la cual será calculada sobre la base de determinado número de salarios mínimos urbanos vigentes para el momento de la comisión de la infracción.
b) Inhabilitación temporal del ejercicio del comercio, la actividad o profesión.
c) Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos.

En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, el tiempo en que se mantenga la medida, el infractor continuará pagando los salarios a las trabajadoras o trabajadores y demás obligaciones laborales y de la seguridad social.

Para la imposición de las sanciones se tomarán en cuenta los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad, considerándose a estos efectos la gravedad de la infracción, la dimensión del daño, los riesgos a la salud y la reincidencia del Infractor.

La imposición de alguna de las sanciones previstas en el presente capítulo no impide ni menoscaba el derecho de los afectados o las afectadas de exigir al infractor o infractora las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños que le hubiere ocasionado, conforme al ordenamiento jurídico aplicable. La Superintendencia de Costos y Precios impondrá las sanciones de multa y cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos.

La sanción de inhabilitación temporal del ejercicio de la actividad o profesión será impuesta por los tribunales con competencia en materia penal.

Infracciones genéricas
Artículo 44. Serán sancionados con multa de quince (15) salarios mínimos urbanos los sujetos que cometan las siguientes infracciones:

1. No inscribirse en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios o inscribirse fuera de los plazos establecidos.
2. No informar a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios las modificaciones de estructuras de costo o de precios de los productos o servicios que comercializa el sujeto.
3. No permitir u obstaculizar la actuación de los funcionarios competentes de las Superintendencia Nacional da Costos y Precios, o no prestar la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, durante los procedimientos de inspección y fiscalización.
4. No suministrar información o suministrar información falsa o insuficiente a la Superintendencia, o no remitir la información requerida en el tiempo estipulado.
5. No comparecer sin causa justificada a las citaciones que les hiciere la Superintendencia.
6. No cumplir las órdenes o instrucciones emanadas de la Superintendencia, o cumplirlas fuera del plazo establecido para ello.

Quien reincida una primera vez en alguna de las infracciones previstas en el presente artículo, se le aplicará el doble de la sanción.

Quien reincida por segunda vez en alguna de las infracciones previstas en el presente artículo, se le aplicará, además, la sanción de clausura temporal de almacenes, depósitos o establecimientos, hasta por un plazo de noventa (90) días, atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

La reincidencia por más de dos veces será sancionada, además, con la inhabilitación temporal del ejercicio del comercio, la actividad o profesión, hasta por un plazo de diez (10) años, atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Aumento arbitrario de precios
Artículo 45. Será sancionado con multa de quince (15) a treinta (30) salarios mínimos urbanos, más el cien por ciento (100%) del monto total de productos comercializados o servicios prestados, quien aumente el precio de un bien o servicio sin la autorización de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en los casos que así se requiera. La multa se incrementará hasta un cincuenta por ciento (50%) en caso de reincidencia.

Cuando un mismo sujeto sea sancionado en más de dos ocasiones por la infracción establecida en el presente artículo, se le aplicará la sanción de inhabilitación temporal del ejercicio del comercio, la actividad o profesión, hasta por un plazo de diez (10) años.

Especulación
Artículo 46. Serán sancionados con ocupación temporal del almacén, depósito o establecimiento, hasta por noventa (90) días, más multa de diez (10) salarlos mínimos urbanos a cincuenta (50) salarios mínimos urbanos, quienes vendan bienes o presten servicios por precios superiores a los que hubieren informado a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, o los que hubiere determinado dicha Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su reglamento, y la normativa dictada al efecto.

La reincidencia en la infracción establecida en el presente artículo será sancionada, además, con la clausura temporal de los almacenes, depósitos o establecimientos del sujeto infractor, y la inhabilitación temporal del ejercicio del comercio, la actividad o profesión, en caso de la reiteración de dicha reincidencia.

Protección del afectado
Artículo 47. Los usuarios o usuarias que denuncien, notifiquen y comprueben haber pagado con exceso a los precios establecidos podrán, una vez ejercidas las actuaciones respectivas, exigir al infractor la devolución del monto pagado en exceso. El infractor está obligado a la devolución de la diferencias sin perjuicio de su responsabilidad civil, penal y administrativa que correspondiere.

TÍTULO V
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Aplicación preferente
Artículo 48. Cuando la Superintendencia Nacional de Costos y Precios inspeccione o fiscalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y, en su caso, conozca la aplicación de. las sanciones correspondientes, se sujetará a los procedimientos establecidos en el presente Capítulo.

Principios
Artículo 49. Los procedimientos contemplados en el presente Capítulo se rigen, entre otros, por los siguientes principios:

1. Publicidad: Los interesados, interesadas y sus representantes tienen el derecho a transcribir, leer o fotocopiar, cualquier documento contenido en ei expediente, así como solicitar certificación del mismo.
2. Dirección e impulso de oficio: El funcionario o funcionaría que sustancia y dirige el proceso debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.
3. Primacía de la realidad: El funcionario o funcionaria debe orientar su actividad en la búsqueda de la verdad e inquirirla por todos los medios a su alcance. En sus decisiones prevalecerá la realidad sobre las formas y apariencias.
4. Libertad probatoria: En el procedimiento pueden emplearse cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley.
5. Lealtad y probidad procesal: Los interesados, interesadas, sus apoderados, apoderadas, abogados y abogadas deben actuar en el procedimiento con lealtad y probidad. En este sentido, se podrán extraer conclusiones en relación al interesado o interesada atendiendo a la conducta que éste asuma en el procedimiento, especialmente cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios o con otras conductas de obstrucción. Dichas conclusiones deben estar debidamente fundamentadas.
6. Notificación única: Realizada la notificación del interesado o interesada queda a derecho, sin necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del procedimiento, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

Publicidad del expediente
Artículo 50. De todo procedimiento se abrirá expediente, el cual recogerá todo documento, informe, tramitación e incidencia del asunto sometido a consideración del funcionario competente.

El o la denunciante, cuando lo hubiere, tendrá acceso al expediente y, en tal sentido, podrá intervenir como interesado o interesada en el procedimiento, entre otras, para verificar la unidad del expediente, comprobar el cumplimiento de los lapsos del procedimiento, promover, evacuar y controlar los medios de pruebas, así como constatar todas las actuaciones correspondientes, a fin de garantizar el resguardo del interés social.

De la acumulación de expedientes
Artículo 51. Cuando un asunto tenga relación íntima o conexión con cualquier otro asunto que se tramite en otra unidad administrativa de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, o en otro órgano o ente público, el funcionario competente para el conocimiento del asunto podrá requerir lo actuado y proceder a la acumulación de expedientes.

Confidencialidad de documentación
Artículo 52. La máxima autoridad del órgano o ente que lleva a cabo el procedimiento podrá calificar como confidenciales los documentos que considere conveniente para el mejor desarrollo del procedimiento, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.

Estos documentos serán archivados en expedientes separados al expediente principal.

Artículo 53. A los efectos de la determinación de las personas naturales responsables ante la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, respecto de la aplicación de los procedimientos establecidos en el presente capítulo, se observarán las siguientes reglas:

1. En el caso de personas naturales: son responsables del cumplimiento del procedimiento por sí mismas o por representantes legales o mandatarios.
2. En el caso de personas jurídicas debidamente registradas o inscritas: por sus representantes legales de conformidad con el respectivo instrumento de creación o sus estatutos.
3. En las entidades o colectividades que, sin haber llenado las formalidades de inscripción y registro, constituyan una unidad productiva, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional: el cumplimiento estará a cargo de la persona que administre los bienes y, en su defecto, de cualquiera de los Integrantes de la entidad.
4. En el caso de las comunidades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos, por sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo y, en su defecto, por cualquiera de los interesados.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Inicio y notificación
Artículo 54. Toda inspección o fiscalización dará inicio mediante instrucción impartida por el funcionario competente, bien de oficio o con fundamento en denuncia que hubiere sido interpuesta ante la oficina a su cargo.

Cuando la Inspección o fiscalización verse sobre documentos que se encuentran en poder del órgano o ente competente o respecto de circunstancias o hechos que reposan en los archivos o expedientes de éste, el procedimiento podrá iniciarse en la sede del órgano o ente competente, levantando ei acta correspondiente, en la cual se Indicarán las circunstancias y hechos verificados y sedará la instrucción correspondiente para el inicio del procedimiento.

La instrucción mediante la cual se dé inicio al procedimiento deberá constar por escrito, constituyendo el auto apertura al procedimiento. Dicho auto será notificado al interesado con las formalidades establecidas en el presente capítulo.

Notificación
Artículo 55. La notificación deberá ser personal y se efectuará en alguna de los responsables indicados en el artículo 54 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Sin embargo, si la persona a notificar no se encontrare presente, será válida la notificación efectuada a la persona que se encontrare a cargo del inmueble o bien mueble objeto de inspección o fiscalización, ya sea en carácter de representante, encargado, administrador, gerente, director o mandatario.

En todo caso, la ausencia del Interesado o sus representantes o, la imposibilidad de efectuar la notificación, no Impedirá la ejecución de la inspección o fiscalización ordenada, pero deberá dejarse constancia por escrito de tal circunstancia.

Acto de inicio
Artículo 56. En el auto de inicio, el funcionario competente identificará al funcionario autorizado y los aspectos sobre los cuales versa la inspección o fiscalización, ordenando el inicio del procedimiento, la apertura del expediente administrativo y su sustanciación.

Ejecución de la Inspección o fiscalización
Artículo 57. En la inspección o fiscalización el funcionario actuante, por todos los medios a su alcance, ejecutará las actividades materiales o técnicas necesarias para determinar la verdad de los hechos o circunstancias que permitan conocer la conformidad o incumplimiento de los deberes impuestos por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los responsables, el grado de responsabilidad y, de ser procedente, el daño causado.

Levantamiento de acta
Artículo 58. De toda inspección o fiscalización procederá a levantarse un acta, la cual deberá ser suscrita por el funcionario actuante y la persona presente en la Inspección a cargo de las actividades o bienes objeto de inspección.

De igual manera el acta debe contener la siguiente información: Lugar, fecha y hora en que se verifica la inspección y fiscalización, con la descripción de los bienes o documentos sobre los cuales recae.

Cuando la determinación del lugar no sea posible, por razones de índole técnico, se indicará la posición geográfica del bien, determinada por las coordenadas geográficas para el momento de la inspección.

Identificación de la persona natural o jurídica propietaria, poseedora u ocupante por cualquier título de los bienes objeto de inspección o fiscalización.

Identificación del sujeto responsable.

Narración de los hechos y circunstancias verificadas, con especial mención de aquellos elementos que presupongan la existencia de infracciones al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, si los hubiere.

Señalamiento de testigos que hubieren presenciado la Inspección.

Verificación de conformidad
Artículo 59. Si de los hechos y circunstancias objeto de inspección o fiscalización, el funcionarlo actuante constatare que no existen incumplimientos por parte del sujeto fiscalizado, al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o que la denuncia que se hubiere interpuesto carece de fundamentos fácticos o jurídicos, indicará tal circunstancia en el Acta de Inspección o Fiscalización, a los efectos de dar por concluida la investigación.

Medidas preventivas
Artículo 60. Si durante la Inspección o fiscalización el funcionario actuante detectara Indicios del incumplimiento de las obligaciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto medidas preventivas destinadas a Impedir la continuidad de los incumplimientos que pudieran derivarse del procedimiento. Dichas medidas preventivas podrán consistir en:

1. Suspensión del intercambio, distribución o venta de los productos, o de la prestación de los servicios.
2. Comiso.
3. Requisición u ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad o, para el transporte o almacenamiento de los bienes comisados.
4. Cierre temporal preventivo del establecimiento.
5. Suspensión temporal de las licencias, permisos o autorizaciones.
6. Todas aquellas que sean necesarias para impedir la vulneración de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, protegidos por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Cuando se dicten preventivamente la requisición o la ocupación temporal, tal medida se materializará mediante la posesión inmediata, la puesta en operatividad y el aprovechamiento del establecimiento, local, vehículo, nave o aeronave, por parte del Órgano o ente competente o, el uso inmediato de los bienes necesarios para la continuidad de las actividades de producción o comercialización de bienes, o la prestación de los servicios, garantizando el abastecimiento y la disponibilidad de éstos durante el curso del procedimiento.

Cuando el comiso preventivo se ordene sobre alimentos o productos perecederos, podrá ordenarse su disposición inmediata con fines sociales, lo cual deberá asentarse en acta separada firmada por el representante del organismo público o privado destinatario de tas mercancías comisadas.

Sustanciación de las medidas preventivas
Artículo 61. La sustanciación de las medidas preventivas se efectuará en cuaderno separado, debiendo incorporarse al expediente principal los autos mediante los cuales se decreten o se disponga su modificación o revocatoria.

Ejecución de las medidas preventivas
Artículo 62. La ejecución de las medidas preventivas indicadas en el presente Capítulo se hará constar en un acta a suscribirse entre el funcionario actuante y los sujetos sometidos a la medida.

La negativa de los sujetos afectados por la medida a suscribir el acta, no impedirá su ejecución, pero tal circunstancia deberá dejarse expresamente indicada en dicha acta.

El funcionarlo actuante procederá a realizar inventario físico del activo, y ejecutará las acciones necesarias a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio y la conservación o correcta disposición de los bienes.

Durante la vigencia de la medida preventiva, los trabajadores y trabajadoras continuarán recibiendo el pago de salarios y los derechos inherentes a la relación laboral y la seguridad social.

De la oposición a las medidas preventivas
Artículo 63. Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a aquel en que ha sido dictada la medida preventiva, o de su ejecución, cualquier persona interesada podrá solicitar razonadamente su revocatoria, suspensión o modificación por ante la funcionaría o el funcionario que la dictó, quien decidirá dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud.

Cuando la medida preventiva no haya podido ser notificada al afectado, éste podrá oponerse a ella dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su notificación.

Cuando la oposición verse sobre la ejecución de la medida preventiva de comiso, el interesado podrá solicitar su revocatoria prestando caución suficiente sobre el valor total de las mercancías objeto de comiso. En dicho caso el funcionario competente, si considerase suficiente el monto de la caución y justificadas las razones, podrá ordenar el levantamiento de la medida, previa verificación de que las condiciones sanitarias de las mercancías se ajustan al ordenamiento jurídico vigente.

La caución referida en el párrafo anterior consistirá en una fianza solidaria otorgada por una empresa de seguros o institución bancada establecida en el país, mediante documento autenticado. La fianza deberá indicar la renuncia expresa del fiador a los beneficios que le acuerda la ley y estará vigente hasta la extinción total de la deuda u obligación afianzada.

Guarda de bienes
Artículo 64. En el caso de retención de bienes u otros efectos con ocasión de la aplicación de alguna de las medidas preventivas indicadas en el presente Capítulo, el funcionario actuante expedirá a la presunta infractora o el presunto infractor la correspondiente acta de retención en la cual se especificarán las cantidades, calidades y demás menciones de lo retenido.

Dicha acta se elaborará por triplicado y deberá firmarla el funcionario que practicó la retención y la presunta infractora o el presunto infractor, a quien se le entregará el duplicado de la misma, el original se anexará al expediente, y el triplicado permanecerá en el órgano que al efecto determine el órgano o ente competente.

Los gastos ocasionados por la retención de bienes serán pagados por el Infractor o Infractora, salvo que proceda su devolución en los casos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Apertura del procedimiento sancionatorio
Articulo 65. Cuando del procedimiento de Inspección o fiscalización se determine la concurrencia de hechos o circunstancias de los cuales se presuma la trasgresión de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el funcionario competente ordenará la apertura del correspondiente procedimiento sancionatorio.

Inicio y notificación
Artículo 66. Efectuada la apertura del procedimiento sancionatorio, el funcionario competente ordenará la notificación a aquellas personas a que hubiera lugar, para imponerlas de los hechos por los cuales se da inicio al procedimiento, a los fines que aleguen sus razones y exhiban las pruebas que consideren pertinentes, dentro de un plazo no menor de ocho (8) ni mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha en la hubieren sido notificados.

Audiencia de descargos
Artículo 67. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación a que refiere el artículo anterior, se fijará mediante auto expreso el día y hora para que tenga lugar la audiencia de descargos, dentro de un plazo no menor de cinco (5) ni mayor de doce (12) días hábiles siguientes al vencimiento de aquel, según la complejidad del asunto.

En la audiencia de descargos la presunta Infractora o el presunto infractor podrá, bajo fe de juramento, presentar sus defensas, negar o admitir los hechos que se le atribuyen de manera escrita u oral, o exhibir las pruebas que estime pertinentes.

De la audiencia de descargos se levantará acta en la cual se expresen los argumentos de defensa expuestos por la presunta infractora o el presunto infractor, así como cualquier incidencia ocurrida durante la audiencia.

Acta de conformidad
Artículo 68. Si durante la audiencia de descargos el funcionario competente para conocer del asunto, sobre la base de los argumentos expuestos por la presunta infractora o el presunto Infractor, o de las pruebas exhibidas por éste, estimase que los hechos o circunstancias no revisten carácter ilícito o no le fueren imputables, se levantará Acta de Conformidad, la cual podrá extenderse en presencia del interesado o su representante, o enviarse por correo público o privado con acuse de recibo.

Dicha acta de conformidad pondrá fin al procedimiento.

Aceptación de los hechos
Artículo 69. Si en la audiencia de descargos la presunta infractora o el presunto Infractor aceptare todos los hechos que le son imputados, el funcionario competente para conocer del asunto, procederá a dejar constancia de ello, imponiendo en el mismo acto las sanciones a que hubiere lugar conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
El acto dictado conforme lo establecido en el presente artículo pondrá fin al procedimiento.

Descargo parcial
Artículo 70. Cuando de la audiencia de descargos resulte la admisión parcial de los hechos o, la funcionaría o funcionario competente declare la conformidad parcial sobre algunos de ellos, procederá a emitir un acta de descargo parcial, en la cual diferenciará con claridad los hechos reconocidos por la presunta infractora o el presunto infractor, así como aquellos respecto de los cuales declara su conformidad.

En el acta de descargo parcial se impondrán las sanciones correspondientes a los hechos reconocidos por la presunta infractora o el presunto infractor y se declarará la terminación del procedimiento respecto de tales hechos y de aquellos sobre los cuales se hubiere declarado la conformidad.

Los hechos sobre los cuales no se declare terminado el procedimiento, continuarán siendo objeto de éste conforme el artículo siguiente.

Lapso probatorio
Artículo 71. Cuando en la audiencia de descargos se produzca la admisión parcial de los hechos atribuidos, su rechazo por parte de la presunta infractora o del presunto infractor, o éste no comparezca a la audiencia de descargos, el procedimiento continuará con la apertura de un lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el cual se entenderá abierto y emplazada la presunta infractora o el presunto infractor, en la misma audiencia, sin necesidad de notificación alguna.

El lapso probatorio comprende un plazo de tres (3) días hábiles para la promoción de pruebas, dos (2) días hábiles para la oposición, dos (2) días hábiles para su admisión y tres (3) días hábiles para su evacuación.

El funcionario competente podrá acordar una única prórroga de hasta veinte (20) días hábiles, en aquellos casos de especial complejidad, a fin de que puedan practicarse otras pruebas o ensayos que juzgue conveniente.

Vencido el plazo a que refiere el encabezado del presente artículo, o el de su prórroga de ser el caso, el funcionario o funcionaría actuante podrá ordenar la preparación o evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Durante el lapso probatorio, el interesado también podrá promover y evacuar las pruebas que hubiere exhibido en la audiencia de descargos, o durante el plazo de comparecencia.

En los asuntos de mero derecho se prescindirá del término de prueba dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte.

Reglas sobre pruebas
Artículo 72. En el procedimiento establecido en el presente capítulo podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho conforme al ordenamiento jurídico vigente, observando en particular las siguientes reglas:

Sólo podrán solicitarse experticias para la comprobación o apreciación de hechos que exijan conocimientos técnicos o científicos especializados. A tal efecto deberá indicarse con toda precisión los hechos y elementos objeto de experticia.

Para la designación de expertos, se preferirá la designación de un experto único por consenso entre el órgano o ente actuante y la interesada o el interesado pero, de no ser ello posible, cada parte designará un experto y convendrán la designación de un tercer experto de una terna propuesta por el órgano o ente competente.

Los costos de la experticia incluyendo los honorarios del experto o los expertos, según sea el caso, correrán por cuenta de la parte que la solicite.

No se valorarán las pruebas manifiestamente impertinentes o ilegales, las que deberán rechazarse al decidirse el acto o recurso que corresponda.

No podrán promoverse el juramento y la confesión de empleados públicos cuando ello implique la absolución de posiciones por parte de la Administración.

Cuando se trate de pruebas de laboratorio, el órgano o ente administrativo competente notificará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las acciones necesarias para la realización de las pruebas de laboratorio que hubieren sido admitidas.

En la notificación se indicará, lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba con la advertencia, en su caso, de que el interesado pueda nombrar técnicos que le asistan.

El funcionario competente puede ordenar la preparación o evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Cuando se requiera la realización de ensayos, pruebas, inspecciones de productos o servicios, según sea el caso, para la comprobación de las infracciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de sus reglamentos o de las disposiciones dictadas en su ejecución, las inspecciones o tomas de muestras podrán practicarse en los centros de producción, en los establecimientos dedicados a la comercialización de bienes o a la prestación de servicio y en los recintos aduanales y almacenes privados de acopio o de bienes.

A tal efecto, los responsables de dichos lugares deberán prestar la colaboración necesaria a los fines de la realización de estas.

Nuevas medidas preventivas. Modificación o levantamiento de las existentes
Artículo 73. En cualquier grado y estado del procedimiento, el funcionario que conoce del respectivo asunto podrá decretar las medidas preventivas establecidas en el Capítulo anterior cuando, a su juicio, exista un riesgo fundado de que la decisión que resuelva dicho asunto no pueda ser ejecutada.

Así mismo, podrá decretar la revocatoria, suspensión o modificación de las medidas preventivas que hubieren sido dictadas cuando, a su juicio, hayan desaparecido las condiciones que justificaron su procedencia y el levantamiento o modificación de la medida no pudiere afectar la ejecución de la decisión que fuere dictada.

Cuando la medida preventiva ordenada o ejecutada fuere de comiso, el interesado podrá solicitar su revocatoria prestando caución suficiente, a criterio del Superintendente Nacional de Costos y Precios.

De la terminación del procedimiento
Artículo 74. Vencido el plazo establecido para el lapso probatorio, el funcionario competente dispondrá de un plazo de diez (10) días continuos para emitir la decisión, prorrogable por diez (10) días más si la complejidad del asunto lo requiriera.

Vencido el plazo indicado en el artículo anterior, o el de su prórroga, sin que se hubiere decidido el asunto, se considerará que ha sido resuelto negativamente.

Acto conclusivo
Artículo 75. Terminado el procedimiento, el funcionario competente dictará se decisión mediante un acto redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones de actas, ni documentos que consten en el expediente, y en el cual deberá indicarse:

1. Lugar y fecha de emisión.
2. Identificación del sujeto o los sujetos que constituye parte en el procedimiento.
3. Hechos u omisiones constatados, bienes objeto del procedimiento y métodos aplicados en la inspección o fiscalización.
4. Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas.
5. Fundamentos de la decisión.
6. Sanciones que correspondan, según los casos.
7. Recursos que correspondan contra el acto.
8. Identificación y firma autógrafa del funcionario competente que emite el acto, con Indicación del carácter con que actúa.

Si del procedimiento se evidenciaran elementos que presupongan la existencia de la comisión de delitos de orden público, el acto conclusivo indicará tal circunstancia, y el funcionario actuante ordenará la remisión de una copia certificada del expediente al Ministerio Público.

Ejecución voluntaria de la sanción
Artículo 76. Los actos administrativos dictados por el funcionarlo competente, que recaigan sobre particulares, se ejecutarán de manera voluntaria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.

Ejecución forzosa
Artículo 77. Cuando la ejecución voluntaria a que refiere el artículo anterior no se realizare o su realización sea imposible, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, de oficio, procederá a su ejecución forzosa.

Cuando la decisión declare la sanción de comiso y éste haya sido ejecutado previamente como medida preventiva, se considerará que ha operado la ejecución forzosa del acto, sin que sea necesario ordenar nuevamente su ejecución.

Normas para la ejecución forzosa
Artículo 78. La ejecución forzosa de actos administrativos por parte del funcionario competente se llevará a cabo conforme a las normas siguientes:

1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto al obligado u obligada, se procederá a la ejecución, bien por la Administración o por la persona que ésta designe, a costa del obligado u obligada, con auxilio de la fuerza pública para su ejecución si fuere necesario.

2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado u obligada se resistiere a cumplirlos, se solicitaré el auxilio de la fuerza pública para ejecutarlos, imponiéndosele a la infractora o el infractor multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía y, en el caso de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que se le hubieran aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la Administración, para que cumpla lo ordenado.

3. Cada multa tendrá un monto de entre cincuenta (50) y doscientos cincuenta (250) salarlos mínimos urbanos.

Notificación de sanciones
Artículo 79. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios deberá notificar a la infractora o el infractor la sanción impuesta de acuerdo a lo previsto en la ley que regula los procedimientos administrativos.

En los casos de multa, se acompañará la notificación de la correspondiente planilla de liquidación a fin de que la infractora o el infractor proceda a pagar en un plazo no mayor de quince días (15) hábiles, contado a partir de la fecha de notificación de la correspondiente planilla. Transcurrido dicho lapso sin que la multa fuere pagada, la planilla de liquidación tendrá fuerza ejecutiva a todos los efectos legales.

Recursos
Artículo 80. Contra las decisiones mediante las cuales se impongan sanciones, el interesado podrá:

1. Interponer el recurso jerárquico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto conclusivo, cuando la decisión no sea dictada por la máxima autoridad del órgano o ente competente.

2. Interponer el recurso contencioso administrativo de conformidad con las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico para los procedimientos administrativos.

El reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios indicará las unidades o dependencias a cuyos titulares corresponda el conocimiento y decisión del Recurso Jerárquico. De no ser establecido, dicho Recurso será conocido y decidido por el Superintendente Nacional de Costos y Precios.

Destino de los bienes objeto del comiso declarado con lugar
Artículo 81. Cuando en el acto conclusivo se declare con lugar el comiso de productos estratégicos para la satisfacción de necesidades básicas humanas, sin que fuere ordenada su destrucción, éstos serán destinados a su distribución en las redes de distribución y comercialización estatales, sin que haya lugar a remate.

Cuando los bienes objeto de comiso fueren comercializados, deberá efectuarse a precio razonable, igual o menor a los precios de regulación o de mercado, debiendo los recursos obtenidos ser destinados al funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.

Comiso declarado sin lugar mediante acto definitivamente firme
Artículo 82. Cuando el comiso haya sido declarado sin lugar en él acto conclusivo, o en el recurso administrativo ó judicial, y la decisión quedara definitivamente firme, el funcionario decisor ordenará la devolución al propietario de los bienes objeto de comiso, en el estado en que se hallaren.

Cuando los bienes objeto de comiso hubieren sido dispuestos conforme a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el propietario tendrá derecho a ser indemnizado si el acto conclusivo, el recurso administrativo o el recurso judicial que declare sin lugar el comiso de tales bienes, quedare definitivamente firme.

En todo caso, si al momento de hacerse exigible por parte del propietario la devolución de los bienes objeto de comiso, estos hubieren desaparecido, dañado o deteriorado, por causa imputable al órgano o ente competente encargado de su aseguramiento y custodia, el propietario tendrá derecho a que se le indemnice.

Supletoriedad
Artículo 83. Los vacíos legales en materia de procedimientos por aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán suplidos por Ley que regula los procedimientos administrativos.

TÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Incorporación progresiva de la Superintendencia
Artículo 84. Las competencias otorgadas por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrán ser asumidas progresivamente por dicho órgano, en función del carácter estratégico de su ejercicio.

Hasta tanto la Superintendencia asuma la totalidad de las funciones previstas en el presente Decreto Ley, los órganos y entes que las desempeñan a la fecha de entrada en vigencia del presente, seguirán ejerciéndolas, debiendo coordinar lo conducente para informar oportunamente al Superintendente Nacional de Costos y Precios sobre los resultados obtenidos, así como coordinar lo conducente para agilizar la trasferencia definitiva de atribuciones a la Superintendencia.

Plazo para dictar el reglamento interno y creación del Registro
Artículo 85. En el plazo máximo de noventa (90) días hábiles, contado a partir de la publicación del presente Decreto Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, deberá dictarse el reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y crearse el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES

Interpretación de las Normas
Artículo 86. En la interpretación de las disposiciones de esta Ley y de las mercantiles que tuvieren relación con ésta, así como de su reglamento, normativas o de los términos y actos mercantiles, se atenderá a su naturaleza mercantil, a los usos y costumbres comerciales y en su defecto, a principios de Derecho y de Economía, Administración o Contabilidad, razones de buen sentido y equidad.

Prescripción
Artículo 87. La facultad para imponer las sanciones a que se refiere esta Ley, prescribirá a los tres (03) años, contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.

Si hubieren transcurrido más de cinco (05) años desde la fecha de inicio del trámite para conocer sobre una posible infracción, sin haberse resuelto definitivamente al respecto, también prescribirá la acción, debiendo alegarla el Interesado. Los funcionarios o empleados públicos responsables del retardo en la resolución serán sancionados de conformidad con la legislación vigente.

La facultad para inspeccionar y fiscalizar prescribe a los tres (03) años.

Vigencia
Artículo 88. El presente Decreto entrará en vigencia vencido el plazo de noventa (90) días hábiles contado a partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las normas contenidas en los artículos 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 y 37, las cuales entrarán en vigencia con la publicación del presente Decreto Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los catorce días del mes de julio de dos mil once. Años 201° de la Independencia, 152° de la Federación y 12° de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,
(L.S.)
HUGO CHAVEZ FRIAS

O ranchos o desarrollo

2011-06-24T07:30:00.001-07:00

Este año se cumplieron 10 años de la partida de Arturo Úslar Pietri. El ensayo que El Nacional ofrece a los lectores del Papel Literario , de singular vigencia, fue publicado en este diario el 7 de enero de 1974. Dada su validez actual es recomendable hacer una nueva lectura de esta notable pieza del pensador venezolano.

Nuestro tiempo, en cierto modo, es el de las ciudades. Por primera vez en la historia, en los países industriales, vive más gente en las urbes que en el campo.

Esto hace que las ciudades crezcan de un modo continuo y casi incontenible y que los estudiosos del futuro lleguen a pensar en desmesuradas concentraciones humanas de una dimensión y de un carácter casi de pesadilla.

El desarrollo urbano aparece como consecuencia de la revolución industrial. Hasta el siglo XIX la producción era básicamente agrícola, minera y artesanal. La mayoría de la fuerza de trabajo estaba en el campo. En la ciudad habitaba una minoría que era la de más alto nivel cultural y que disfrutaba de todas las facilidades y ventajas de la vida urbana.

Con la revolución industrial que se desarrolla en el siglo XIX, las industrias tienden a establecerse en las ciudades y muy pronto la producción industrial sobrepasa a la de la agricultura, creando rápidamente un desequilibrio que trajo como consecuencia grandes concentraciones de población en las ciudades. En los grandes países industriales empezaron a surgir ciudades gigantescas como Tokio, como Londres, como París, como Nueva York, que rápidamente pasaron de tres a cuatro, a cinco millones de habitantes para alcanzar hoy el nivel de diez y doce millones que podría determinar que para fines de siglo algunas megalópolis puedan tener veinte o treinta millones de habitantes, acumulados en un inmenso perímetro urbano.

Esa impresionante explosión de población urbana ha revestido ciertas características indeseables, particularmente en países subdesarrollados. En esos países la población urbana ha crecido desmesuradamente por encima del desarrollo industrial, creando grandes aglomeraciones sin destino económico.

Son masas inorganizadas de emigrados del campo que no logran incorporarse funcional y útilmente a la ciudad, que acampan junto a ella en una especie de vida intermedia, que ya no es campesina pero que tampoco es urbana, en viviendas improvisadas que no llenan ninguna de las condiciones básicas deseables para una vivienda civilizada y en la que se hacina una población creciente. Eso es lo que llamamos en Venezuela los ranchos, en Chile villas callampas, en Argentina villas miserias, en el Brasil favelas y por otros nombres en otras partes, pero que constituyen exactamente el mismo fenómeno.

EL PETRÓLEO DESEQUILIBRIO

Caracas se mantuvo hasta hace no más de 35 años siendo una pequeña ciudad que era la capital de un vasto país rural. El área urbana comprendía no más de doce o quince cuadras en torno a la Plaza Bolívar, y el resto del valle era tierra de cultivo cubierto de haciendas de caña y frutos menores. La Venezuela rural llegaba hasta las puertas de Caracas y todo el resto de la población estaba diseminada a lo ancho del país en actividades agrícolas, en aldeas o en pequeñas poblaciones. Esa misma proporción que hacía de Caracas la pequeña capital de un extenso país agrícola se mantuvo por la mayor parte de su existencia. Esa pequeña ciudad tenía un perfil urbano definido con rasgos y caracteres propios de cuidad de país agrícola, con un equilibrio sano entre ella y el territorio.

Todo eso cambia cuando aparece el petróleo. El problema venezolano en esto es distinto de otros países. No fue que ocurriera una revolución industrial y que empezaran a crearse grandes industrias que atraían mano de obra campesina que se hubiera adaptado e incorporado a las exigencias de trabajo de la industria.
Los campesinos que llegaban a Caracas no venían a convertirse en obreros de la industria, porque no había un desarrollo industrial suficientemente poderoso para provocar semejante migración. Venían hacia las ciudades en busca del rescoldo de la riqueza petrolera que el gobierno ponía a circular en ellas. El desarrollo de la producción petrolera hizo al Estado venezolano extraordinariamente rico, pero esa riqueza absorbía directamente muy poca mano de obra. Hoy en Venezuela toda la producción, de la que vivimos todos los venezolanos, la produce el trabajo de menos de treinta mil personas, lo que significa en cierto modo que una población de once millones de habitantes está viviendo básicamente de lo que producen cuarenta mil personas. Este desequilibrio no existía en la Venezuela pre-petrolera, cuando el país vivía de la producción de un millón de trabajadores agrícolas, que representaban las dos terceras partes de la población activa. Había un equilibrio entre población-empleo y producción.

Esa riqueza nueva tan desproporcionadamente producida la ha distribuido el Estado venezolano de mil maneras, creando empleos, financiando actividades económicas, dando subsidios y ayudas y construyendo obras públicas. En busca del señuelo de esas facilidades se ha desplazado esa migración campesina hacia la ciudad, sin estar preparada para incorporarse a ella. Pudieron llegar pero no pudieron incorporarse al trabajo y a la comunidad urbana y se refugiaron en el hacinamiento de los ranchos.

NO BASTA CON VIVIENDAS

Algunos de manera simplista piensan que este es un problema de vivienda, que se resuelve construyendo habitaciones. Claro que es un problema de vivienda y que lo primero que habría que resolver es ese problema de gente que vive hacinada en un cajón de tablas, sin servicios higiénicos, sin agua, sin calles, sin cloacas, en la mayor insalubridad que no solamente los amenaza a ellos, sino a toda la ciudad. Es un milagro que Caracas no sea una de las ciudades más azotadas por epidemias en el mundo, tal vez se debe al sol pero, lógicamente, con una población de cerca ce quinientos mil habitantes que no tienen cloacas, ni agua corriente, ni recolección de basura, debería ser una de las ciudades de más alta morbilidad del mundo.

Esas condiciones infrahumanas pueden ser remediadas con viviendas, pero quedaría en pie el problema que no es de vivienda solamente, sino de estilo de vida y de capacidad de trabajo. Esa población que viene de los campos y se instala en los ranchos es difícilmente asimilable para una ciudad. La mayoría no viene preparada para incorporarse a la vida urbana, no tiene nada que ofrecer en el mercado de trabajo de una ciudad, viene de una actividad que ella conoce, a la que estaba incorporada, que es una actividad agrícola que, lógicamente, no puede desarrollar en la ciudad. Llegan condenados a subsistir en una marginalidad extrema, realizando pequeñas actividades ocasionales que no requieren ninguna preparación, en transportar cosas, llevar mensajes, vender billetes de lotería, en una especie de fatalidad de subempleo crónico que no les permite subir y mejorar económicamente porque no representan una fuerza de trabajo aprovechable para la ciudad, para lo que una ciudad necesita. Una ciudad necesita obreros calificados, albañiles, mecánicos, gentes que sepan manejar una máquina, eso no lo han aprendido ellos, no lo pueden aprender solos y nadie se los enseña sistemáticamente.

En la proliferación de esa vivienda llena de peligros y de riesgos, que es el rancho, entran gentes de muchas clases. No son todos campesinos que han venido atraídos a través de la televisión, del radio, del cine y de la propaganda, por el resplandor de una vida atractiva en la ciudad, sino que muchos de ellos salen de la ciudad misma se desincorporan o rechazan la posibilidad de incorporarse a la vida urbana para vivir sin las obligaciones, las limitaciones y las exigencias de un habitante de la ciudad. No faltan entre ellos quienes tienen ingresos que les permitan vivir de una manera decente y civilizada, pero la rechazan para ir a formar parte de esa especie de subcultura del rancho. Hay una subcultura del rancho que es negativa y amenazante, porque además del problema higiénico plantea el del estilo de vida, el problema que pudiéramos llamar de repudio de la vida civilizada por una gran parte de la población.

INCORPORAR A LA VIDA CIVILIZADA

En esa zona no-urbana que rodea a Caracas, se está desarrollando un estilo de vida que comprende alrededor de quinientas mil personas. Es una forma de asociación primitiva caótica, insalubre, que favorece la promiscuidad y el delito y que desconoce valores y normas fundamentales de nuestra civilización. Sin espacio, sin orden, sin ley, sin higiene en hacinamiento inorgánico y destructivo, en perpetua situación de autodefensa y agresión, atenazados de necesidades, abandonados a los instintos, privados en muchos casos de una formación familiar, abandonados del padre, entregados a los muy limitados recursos y posibilidades de una mujer sola y pobre, cargada de hijos, en una especie de matriarcado anacrónico, centenares de millares de venezolanos se encuentran segregados de los más elementales bienes de una sociedad urbana.

Esa forma de vida tiende a crear una mentalidad, una manera de ser, unos hábitos antisociales que hacen muy difícil la incorporación a una civilización urbana. Están en una ciudad, por lo menos al borde de ella, pero no en lo económico, ni en lo social forman parte de ella. No están incorporados.

De esa magnitud es el problema que plantea el rancho. Habría que enfocar este problema mucho más a fondo de lo que hasta ahora se ha hecho. Generalmente se ha hecho con un criterio exclusivamente de vivienda, pero no basta con la vivienda para resolver el vasto y complejo problema de esas gentes que viven en condiciones absolutamente inadmisibles, en donde se están creando generaciones enteras que van a formar parte de un conjunto de nociones y actitudes inconciliables con ningún ideal de progreso civilizado. El problema no es solamente de vivienda. Hay un problema de vivienda pero es sólo una de las fases del problema, porque si se encontrara dinero para construir todas las que requieran, el problema de la incorporación seguiría sin resolver. Muchos de los que así viven no tienen justificación para hacerlo, porque tienen un trabajo estable y satisfactoriamente remunerado que los incorpora efectivamente a la red de relaciones de producción y de intercambio de una ciudad, pero la mayoría no está preparada para incorporarse a la vida urbana y por tanto parece condenada a permanecer allí en una condición que habría que llamar por su verdadero nombre, de refugiados, de gente que ha huido de un estilo de vida al que pertenecieron por muchos años, que era la vida rural, y que se han venido en busca de la ciudad y sus posibilidades, donde no logra entrar y han creado esa especia de subcultura de transición, en la que se están destruyendo valores importantes en esta situación caótica de la barriada, de los ranchos, donde no sólo no hay calles, sino tampoco ninguna de las estructuras sociales que pretendemos que caracterizan una vida civilizada.

De modo que el problema es mucho más amplio. Habría que tomarlo en su conjunto y entonces señalar quiénes viven en ranchos que no deberían vivir en ellos y no permitírselo, y luego ocuparse seriamente de aquellos que tienen que vivir en ranchos porque carecen de ninguna otra posibilidad. A ese refugiado del campo, inadaptado e indefenso, hay que prepararlo para incorporarse a la vida urbana, es decir, habría que crear instituciones y servicios que a ese hombre le enseñaran actividades que tienen un mercado en la vida urbana, habría que prepararlo a incorporarse a la vida urbana de un modo útil, permanente y valioso y entonces, como consecuencia, el problema de la vivienda quedará resuelto por añadidura, porque ese trabajador incorporado a la ciudad tendrá una capacidad productiva y un ingreso estable que le permitirán la adquisición de una vivienda cómoda e higiénica, a largo plazo y a bajo precio.

EL NIÑO EN LA ESCUELA DEL CAOS

El aspecto más doloroso de este problema lo constituye el niño. Abundan los niños en las barriadas, que crecen en el abandono, la miseria y la ignorancia expuestos a todas las desviaciones y daños físicos, morales e intelectuales. Muchos no conocen la presencia formadora del padre y de una estructura familiar estable, nacidos dentro de un caótico desorden de tipo matriarcal, mal sostenidos, mal sostenidos y nada guiados por una infeliz mujer sin recursos, sin apoyo, sin conocimientos, que lucha en una pelea perdida con la vida, cargada de hijos de sucesivos hombres irresponsables, para quien resulta totalmente imposible criar, educar y formar de un modo aceptable aquellos hijos que han venido a representar una forma de su desgracia.

La consecuencia de esta dolorosa situación es un decalaje y una destrucción de valores sociales y de nociones sobre las cuales se estructuran las sociedades progresistas. La existencia de esta subcultura no solamente constituye un problema de higiene, de educación o de vivienda sino, en el verdadero y más amplio sentido de la palabra, un problema de destino nacional. Un país que no sea capaz de resolver esto es un país que está amenazado profundamente en su futuro, que va a enfrentarse a una situación que puede ser muy grave a muy corto plazo, porque cómo se va a construir en torno a unos ideales proclamados en una Constitución y en unas Leyes, cómo se va a incorporar el acuerdo con unas normas que creemos establecidas en nuestro sistema educativo, a quienes estamos dejando vivir en formas que no los preparan sino para desajustarlos, inhabilitarlos y hasta destruirlos con respecto al marco social de un país civilizado.
En este momento se estima que en Caracas hay entre cuatrocientas y quinientas mil personas que viven en estas condiciones, entre quienes están allí por extrema necesidad y quienes no deberían estar allí. Hay también empresarios de ranchos que construyen y alquilan ranchos en cantidad, en una explotación inicua de la miseria, que la ley prohíbe, porque nadie está obligado a pagar alquileres de ranchos, no solamente que no está obligado sino que la autoridad lo protege para que no lo pague. Sin embargo, se hace muy poco para impedírselo, porque en todo esto hay una lenidad culpable por parte de las autoridades. Está creciendo esta manera de vivir caótica, sin normas, sin estímulos de progreso, en una forma de desintegración individual y social de muy negativas consecuencias.

CON RANCHOS NO HAY DESARROLLO

Hoy, de cuatro habitantes de Caracas uno vive en rancho, pero es posible, si no se encara esta situación para remediarla a fondo y transformarla positivamente, que ese mal social contrario al progreso y a la civilización, aumente continuamente hasta que en diez o quince años más de la mitad de los habitantes de Caracas vivan en semejantes condiciones. Para ese momento Caracas ya no será una ciudad sino un primitivo y doloroso amontonamiento y, lo que es más grave, la posibilidad de que Venezuela llegue a ser un país desarrollado estará profunda y gravemente comprometida, porque no ha sido capaz de incorporar su población a una forma de vida civilizada. Esto es lo que plantea el rancho, nada más y nada menos.

Desgraciadamente nunca se ha encarado este problema con la seriedad debida. Hay algo que va más allá del aspecto miserable de la vivienda y lo que pudiéramos llamar el dolor por la situación infrahumana en la que vive tanta gente. Lo que está en juego va mucho más allá, está en juego toda la posibilidad misma de crecimiento del país. Si los venezolanos no somos capaces de tomar esta gente desplazada del campo, que ha venido atraída por el resplandor de una vida urbana para la cual no está preparada, y clasificarla y adaptarla y enrumbarla hasta agregarle en un plazo corto la incorporación efectiva, que no solamente consiste en que puedan vivir en una vivienda decente sino que formen parte útil y productivamente de la vida de una ciudad moderna, si no somos capaces de lograrlo a tiempo y eficazmente, habremos fracasado como sociedad y como nación, porque hasta entonces todos los planes de desarrollo que podamos concebir estarán construidos sobre una base de arena deslizable, que fatalmente un día dará al traste con todo lo que deseamos y esperamos. No es una cuestión sólo de humanidad o de caridad hacia quienes viven en condiciones infrahumanas, es un problema de destino colectivo: o somos capaces de incorporar esa población marginal o esa población marginal va a crecer, va a ser mayoría y dará al traste con toda posibilidad de desarrollo. Es de ese tamaño el problema, que no es de vivienda solamente, sino de adaptación, de incorporación a una vida social civilizada de gran cantidad de seres desplazados que viven en una subcultura autodestructiva, que está en la más flagrante contradicción con las aspiraciones de progreso y bienestar que pueda alentar un país que aspira al desarrollo.

En esa dimensión está colocado el problema y en esa dimensión tiene que ser resuelto.

CASA USLAR PIETRI

El castrismo: una herencia económica catastrófica

2011-06-24T06:02:00.000-07:00

Por Alberto Recarte

Cuba es el país que más ayuda exterior, en términos absolutos y relativos, ha recibido del mundo al que intentó exportar su revolución.

En este trabajo, publicado en el número 135 de la revista Estudios Empresariales de Deusto Business School – Campus de San Sebastián, se expone la política económica del castrismo, sus concepciones y sus consecuencias. Esta comenzó siguiendo el dictado del Che Guevara pretendiendo eliminar hasta el mismo dinero. Luego se convirtió a la planiﬁcación central. De la Unión Soviética recibió abundantes subvenciones, pero su desaparición le obligó a adoptar incentivos. La Venezuela chavista volvió a garantizar la supervivencia del régimen dictatorial de los Castro. Por todo ello, Cuba es el país que más ayuda exterior, en términos absolutos y relativos, ha recibido del mundo al que intentó exportar su revolución.

La falta de un sistema económico mínimamente racional y eficaz explica su triste situación actual: su capacidad de producción mengua sin cesar y todo cuanto logra es mantener un nivel de vida mínimo. Lo más triste de todo es que a la oligarquía castrista lo único que les preocupa es reformar su economía para mantener su poder absoluto.

Hace mucho tiempo que no hay datos fiables, siquiera aproximados, sobre la economía cubana. Desde 1959 a 1969, el castrismo fue guevarista, empeñado en la destrucción de la contabilidad y del dinero como medio de pago. Tras el fracaso de la zafra de los 10 millones, en 1969, el castrismo se convirtió a la planificación soviética. Por unos años, hasta que la subida de los precios del azúcar en el periodo 73-76 y el aumento de la ayuda de la URSS permitieron a Castro involucrarse en las guerras africanas: Angola, Somalia, Etiopía y Eritrea fueron algunos de los países en los que hubo ejércitos cubanos desde 1976 hasta mediados de los ochenta. La economía cubana pasó a ser la de un país en guerra, volcada a la intervención exterior, sometida a las necesidades de los grandes ejércitos a los que acompañaban sanitarios y educadores. La perestroika de Gorbachov puso fin a las intervenciones exteriores del ejército cubano. La caída del muro en 1989 y la desaparición de la URSS dejaron a la economía cubana sin los subsidios soviéticos que supusieron, como mínimo, alrededor del 30% de su PIB anual desde 1970 a 1990. La economía cubana entró, entonces, en lo que se denominó un “periodo especial”, caracterizado por la adaptación a una situación en la que la ayuda soviética había desaparecido. Fue el segundo periodo desde 1959 –el primero ocurrió entre 1970 y 1976– en el que el líder máximo aceptó la introducción legal de algunos incentivos económicos, hasta que la conquista del poder por Chávez en Venezuela permitió, desde principios del nuevo siglo, recuperar subsidios del exterior y asegurar que la población no pasara hambre. Fidel Castro eliminó entonces algunas reformas e intentó retomar los principios guevaristas. Cuba volvió a ser “anti-capitalista” sin intentar, siquiera, la planificación. La enfermedad de Fidel Castro y los límites de la ayuda de Chávez obligaron, hace ahora alrededor de cinco años, por tercera vez a iniciar otra política de reformas para permitir que una mínima racionalidad elevara la producción y el comercio de alimentos y algunos otros productos básicos. Ésta ha sido la historia de la política económica del castrismo. El siguiente capítulo comenzará cuando muera el tirano.
«Lo único que preocupa a la oligarquía castrista es cómo reformar la economía para mantener el poder político absoluto de la nomenclatura.»

Mientras en el exterior discutimos sobre si el régimen castrista evolucionará hacia un modelo chino o vietnamita, en el interior lo único que preocupa a la oligarquía castrista es cómo reformar la economía para mantener el poder político absoluto de la nomenclatura, en la que participan la familia Castro, los mandos militares, la policía política y los burócratas del régimen. En la duda, se ha depurado a los que querían más cambios y más poder, y se ha optado, nuevamente, por la represión política y autorizado unas mínimas reformas para evitar las hambrunas.

En la Cuba castrista no hay estadísticas fiables, ni mediciones homogéneas de la actividad, ni un sistema de precios que permita asignar los recursos en función de su rentabilidad. Hay precios que no se han movido desde principios de los años 60, otros de los 70, los 80 y los 90, hasta precios actualizados –algunos, incluso, en dólares– para un pequeño conjunto de bienes de importación que se pueden adquirir por toda la población o por pequeños grupos, seleccionados con criterios políticos. Desde 1993 hasta 2004, en Cuba convivieron tres monedas: el dólar norteamericano, el peso cubano convertible –que tenia la misma cotización que el dólar– y los pesos nacionales, que tenían un tipo de cambio oficial de 24 pesos nacionales por 1 peso convertible. En 2004, aprovechando la mejoría que supuso la ayuda venezolana, se prohibió la circulación del dólar norteamericano. En 2005 el peso convertible fue revaluado un 8% en relación con el dólar. En 2011 se ha vuelto a la paridad peso convertible-dólar norteamericano para intentar mejorar la competitividad del sector turístico.

El único factor de homogenización para medir lo que se produce y lo que se invierte es el conjunto de precios del mercado negro en el que se comercializan dólares, pesos convertibles, pesos nacionales no convertibles y algunos bienes y servicios. En este mercado, la oferta y la demanda fijan precios; precios que, obviamente, dependen de la cantidad de pesos que pone en circulación el Banco Central, de la cantidad de pesos convertibles que tiene a la población –por transferencias de los exiliados a sus familias–, del suministro de productos alimenticios que se permite que los campesinos vendan en los mercados y algunos servicios que, legal o ilegalmente –en su mayoría– se comercializan también en esos mercados, y de la importación de bienes de consumo, duraderos y no duraderos, que lleva a cabo el Estado cubano y que legal –y sobre todo ilegalmente– terminan, también, en el mercado negro.

Estos precios, precios del mercado negro, no existen para las autoridades. De hecho, los responsables económicos no utilizan ningún sistema de precios para tomar decisiones económicas. Saben que los oficiales son ficticios. Las decisiones económicas se toman por los “planificadores” en función de las carencias; por ejemplo, la falta de carbón para poner en funcionamiento las centrales térmicas existentes, la falta de transportes para la población, la falta de camiones para mover mercancías, las faltas graves de alimentos, de medicinas, de camas de hospital o de quirófanos. Y, por supuesto, la falta de energía eléctrica. Los salarios, por su parte, se fijan para que la mayoría pueda pagar los mínimos suministros que se consiguen con la raquítica cartilla de racionamiento, con los que es imposible vivir. En eso consiste la política económica. En intentar resolver los cuellos de botella que se presentan y que nadie muera de hambre. El resto es un lujo. Lo es la alimentación no racionada, la vivienda, la electricidad, los libros, la atención hospitalaria, las medicinas, los coches y camiones, los carburantes, el vestido, el calzado…
«Nadie puede disponer de medios económicos suficientes para vivir al margen de lo que decida el líder máximo.»

El castrismo, como ideología, sólo tiene un dogma: que “el comandante” es el único cubano con capacidad para pensar y decidir lo que necesitan sus súbditos. El dogma tiene dos caras: la primera que el poder tiene que ser absoluto; la segunda, que nadie pueda disponer de medios económicos suficientes para vivir al margen de lo que decida el líder máximo. El gran enemigo es, en esta elemental ideología, la propiedad privada. Por eso se nacionalizaron primero y se estatizaron después todos los medios de producción, desde las fábricas hasta los comercios, desde la tierra hasta las oficinas o los medios de transporte. Fidel Castro se ha disfrazado con todo tipo de ropajes a lo largo de los interminables 52 años en los que ha ejercido la tiranía. Ha sido guevarista, soviético ortodoxo, golpista en América Latina, militar en África, colaborador de narcotraficantes, incluso cercano al sistema capitalista a mediados de los 70, pero siempre ha tenido claro un principio: en Cuba nadie debe poder ganarse la vida autónomamente de una forma continuada. Siempre ha tenido claro que la propiedad privada es el germen de la libertad de pensamiento. Y en Cuba sólo él se considera con capacidad para pensar correctamente y decidir lo que conviene a todos y cada uno de los 11 millones de cubanos.

En los tres momentos de mayor riesgo político y económico del régimen, el primero después del fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas, el segundo tras la desaparición de la URSS y, el tercero, el actual –con ayuda venezolana, pero limitada–, los responsables económicos, siempre dirigidos por Raúl Castro, han hecho algunas reformas que han consistido en permitir cierta libertad económica para producir alimentos, para comercializarlos y para abrir pequeños negocios. Vigilando siempre que ningún cubano pudiera tener demasiados ingresos. La propiedad privada sigue siendo, y es, el enemigo. A pesar de que cada vez que se liberaliza la actividad económica, aumenta la producción y mejora el bienestar de la población. La actividad normal, la pública, es ineficiente, pesada, corrompida, militarizada o cedida parcialmente a empresas extranjeras. Se administra por la burocracia castrista.

Con este “sistema”, por llamarlo de alguna forma, económico –algo que los progresistas de este mundo no entienden ni aceptan– lo llamativo es que en la Cuba castrista no haya hambrunas, que el nivel educativo asegure una formación entre baja y media y que el sanitario evite las epidemias y haya reducido al mínimo la mortalidad infantil. Algo que se consideran triunfos fundamentales en el exterior de Cuba, sobre todo por los que creen que esos triunfos se han logrado a pesar del “bloqueo” norteamericano. Un bloqueo que permite a Cuba comerciar con todo el mundo, excepto con Estados Unidos y con empresas norteamericanas. Que no ha impedido que Cuba suspenda pagos en rublos convertibles, en divisas de países occidentales y en moneda nacional, hasta el punto de que el tipo de cambio oficial del peso convertible es 24 veces el del peso con el que los cubanos se ganan la vida. Y que tampoco ha impedido que haya grandes inversores extranjeros, sean españoles (tabaco y hoteles), canadienses (níquel) o de otras nacionalidades.
«No existe ningún medio para medir el valor de la producción de bienes y servicios cubanos.»

Las instituciones internacionales, ya sean el FMI, el Banco Mundial, el Banco lnteramericano de Desarrollo –de ninguna de las cuales quiere ser miembro el régimen castrista– no pueden medir su PIB, ni la renta per capita de sus ciudadanos. Por más que se empeñen los organismos nacionales cubanos y las cátedras especializadas de las universidades norteamericanas, no existe ningún medio para medir el valor de la producción de bienes y servicios cubanos. Conscientes de esta limitación, los burócratas del régimen se dedican a elaborar y publicitar estadísticas de producción, en toneladas, metros u otras unidades físicas, de todo tipo de bienes. Que esos bienes se hayan producido, que tengan algún valor práctico, o que su calidad permita que se aprovechen, no es relevante para el régimen. Igual ocurre con los servicios. Lo importante para el régimen y sus estudiosos es resaltar que en Cuba no hay analfabetismo, y que se licencian anualmente decenas de miles de maestros, médicos e ingenieros. Lo que sepan no importa.

Hay que reconocer que el régimen ha conseguido la aceptación, por parte de los organismos interesados en la economía cubana, de que sus estadísticas se hayan traducido a un nivel de renta per capita y a un PIB nacional comparable con los del resto de los países, lo cual es un error imperdonable. En Cuba no hay precios. Todo es tan falso como lo eran las estadísticas de Alemania Oriental, que parecía ser una economía avanzada antes de que la reunificación pusiera al descubierto su miseria. En Cuba solo hay tres o cuatro objetivos económicos medibles. Siempre cuantitativos, nunca valorables monetariamente.

Sin embargo, no cabe duda de que mantener alimentada y formalmente educada a una población que ha pasado de 6 millones de habitantes en 1959 a 11 millones en 2010, sin un sistema económico digno de ese nombre, es un logro, que puede explicarse, en gran parte, por una serie de factores económicos que se exponen a continuación, pero que resultan insuficientes. Para explicar la supervivencia del régimen hay que tener en cuenta los factores políticos: la realidad de una tiranía bien organizada, que cuenta con el miedo, y con el terror continuo, para mantener mínimamente activos a todos los trabajadores cubanos. Los factores económicos por sí solos, aunque importantes, como se verá a continuación, no pueden explicar el mantenimiento de un régimen tan ineficiente como el cubano.

Cuba era un país próspero en 1959. Con una moneda solida, convertible en dólares, con un nivel de analfabetismo de sólo el 21% (en España era de más del 32% ese año), con una cultura moderna, con un comercio exterior equilibrado y cada vez más diversificado, y, lo más importante, con un nivel de formación profesional de primer orden en muchos sectores, empezando por el educativo, el sanitario y el de la producción agraria. Por más que, políticamente, fuera un país corrupto, una auténtica república bananera.

Muchas de las infraestructuras existentes en ese momento (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y viviendas y otras edificaciones) siguen siendo utilizadas en 2011. En más de 50 años apenas se han construido 300.000 viviendas, de una espantosa calidad, mientras la población se ha doblado. Por eso los cubanos viven hacinados en las antiguas viviendas construidas antes del triunfo de la Revolución.
2.

Cuba es el país que más ayuda exterior ha recibido en el mundo, en términos absolutos y relativos, en estos 50 años. De la URSS, de los países del este europeo hasta su liberación y de Venezuela, desde que Chávez se hizo con el poder.

Ha sido una ayuda en forma de bienes físicos, como el petróleo, el trigo, los fertilizantes y el acero, o de construcción de fábricas –aunque con tecnología soviética– o de créditos para utilizar en los países del antiguo COMECON. Imposible calcular cuánto supuso esa ayuda. Ciertamente más del 30% del PIB desde finales de los sesenta hasta la desaparición de la URSS. Además de la ayuda directa, Cuba recibía créditos de los países comunistas. Sólo en créditos impagados, Cuba debía más de 30.000 millones de “rublos convertibles” a Rusia en 1991. Más del 100% del PIB cubano de ese año.

Por otra parte, la colaboración militar, que no aparece en ninguna estadística, ni en las soviéticas ni en las cubanas, multiplica lo recibido por Cuba, que tuvo en África ejércitos de miles de hombres a los que la URSS armaba pero a los que Cuba aportaba la tropa, junto con decenas de miles de educadores y sanitarios que nunca sabremos cómo se financiaban pero que posiblemente, en parte, se hacía con dinero cubano, a costa de la economía nacional. Son innumerables los casos que cuentan los exiliados de ocasiones en los que se “canibalizaron” plantas industriales para conseguir equipos para enviar a África. O del desplazamiento de técnicos y especialistas, a los que se “sugería” que pasaran unos años en algún país africano, aunque ello supusiera la paralización de otros proyectos imprescindibles para la economía cubana.
3.

A partir de 1971/72 Cuba se convierte, aparentemente, en una economía socialista más y los países occidentales, sus bancos y sus gobiernos, consideraron que el riesgo político había desaparecido. En apenas 10 años, Cuba se endeudó en más de 6.000 millones de dólares. En 1983, como resultado del deterioro de una economía que no fue capaz de soportar las guerras africanas y el suministro a la población de servicios médicos, educativos y de productos alimenticios sin ningún tipo de pagos ni de impuestos, así como de decisiones económicas incoherentes por parte de Fidel Castro, Cuba suspendió pagos en divisas. Veintiocho años después, en 2011, todavía no se ha sentado en la mesa de negociación con sus acreedores. Los créditos exteriores impagados, desde mediados de los ochenta, a los países de economía de mercado deben sumar, hoy, alrededor de 10.000 millones de dólares.
4.

Hasta la desaparición de la URSS, Fidel Castro no permitió el desarrollo del turismo, al que tachaba de corruptor. Después, en el “periodo especial”, cambió la política hasta el punto de que las “jineteras” y “jineteros” se convirtieron en uno de los mayores atractivos del turismo cubano.
5.

Desde entonces, desde 1991/92 hasta hoy, se ha permitido que en algunos sectores generadores de divisas –turismo (con el que se ingresan, en bruto, alrededor de 2.500 millones de dólares), tabaco y minería (níquel), básicamente– entrara inversión extranjera, aunque siempre en minoría, en empresas mixtas. La parte cubana está representada en esas empresas por la policía política, los militares o los burócratas más próximos a la familia Castro. Los ingresos de divisas, tanto de la inversión como de la actividad corriente, se utilizan para hacer las importaciones imprescindibles para cumplir con los objetivos que se marque el régimen, que nunca se sabe cuáles van a ser. Todo sigue, incluso hoy, dependiendo de las ocurrencias de Fidel Castro.
6.

El mayor generador neto de divisas es la comunidad cubana exiliada, que suman hoy alrededor de dos millones de personas y que transfieren a sus familiares alrededor de 1.000 millones de dólares anuales para que puedan sobrevivir. Esas divisas sólo se pueden gastar, en teoría, en los comercios públicos instalados por el régimen donde, a precios de expolio, los afortunados con un familiar generoso en el exterior puedan comprar bienes imprescindibles para sobrevivir.

Estos factores, la herencia del pasado, la ayuda y los créditos del socialismo, los créditos occidentales, las inversiones extranjeras en los sectores generadores de divisas, el turismo y las transferencias de los exiliados a sus familiares, explican el origen de los fondos de los que ha dispuesto, y dispone, el régimen castrista para permitir que la economía cubana siga renqueando.

La falta de un sistema económico mínimamente racional explica, a su vez, que esa ingente suma de factores positivos se haya traducido, solamente, en el mantenimiento de un mínimo nivel de vida, mientras la capacidad de producción autónoma de la economía cubana es cada vez más reducida. Hasta el punto de que incluso la producción de azúcar es un 70% inferior a la de 1959.

Pero las carencias económicas no se explican sólo por la irracionalidad del sistema económico. Desde 1959 ha habido otros objetivos que han absorbido una gran parte de los recursos disponibles:

El aparato policial y represivo. Cuba es una dictadura en la que lo único que funciona es la policía, que utiliza la violencia y el miedo de una población sometida, a la que se obliga a trabajar por sueldos de miseria, así como para evitar cualquier tipo de contestación al régimen. Un aparato represivo de esta naturaleza ha absorbido, y absorbe, una gran cantidad de recursos económicos.
2.

El ejército. Durante muchos años el primero –o el segundo, tras Brasil– más poderoso de América Latina. Las guerras explican el papel de los militares en la Cuba actual. Los mandos manejan una parte sustancial de la economía generadora de divisas y controlan los sectores económicos internos más sensibles para el mantenimiento del régimen. Y siguen suponiendo un coste muy elevado para una economía en contracción o en estancamiento permanente.
3.

Las intervenciones en el exterior. No sólo en el pasado, en América Latina, Medio Oriente y África. No sabemos cuánto cuesta la presencia de militares, policías, médicos y otro personal sanitario y educadores en Venezuela. No es imposible que, si se pudiera valorar, el coste para la economía cubana fuera superior a los subsidios que recibe de Chávez. Pero, nuevamente, lo importante no es la economía sino lo que decida “el comandante”.

El factor clave, el que explica –como se ha expuesto anteriormente– que pueda mantenerse un régimen tan ineficiente económicamente, es el miedo. Los cubanos críticos con el sistema saben que si manifiestan sus opiniones tanto ellos como sus familiares perderán su trabajo, y que sus hijos serán discriminados en las escuelas y que no podrán estudiar en la universidad. Saben que tendrán que buscarse la vida en la economía informal o conseguir la ayuda de algún familiar que viva en el extranjero. Y si sus críticas suben de tono y se convierten en disidentes saben que ellos, y sus familias, serán golpeados aleatoriamente y encarcelados por tiempo indefinido.

El miedo del conjunto de los trabajadores y del resto de la población consigue, sin embargo, el mantenimiento de un cierto nivel de producción nacional, así como de intercambio y venta de lo producido en las empresas públicas a los precios que dicta el régimen. La economía cubana es un no-sistema económico, en el que los bienes y servicios se producen, se intercambian y se distribuyen en función de los precios –y en las cantidades– que decidan las autoridades. Que, a su vez, no tienen otro remedio que apoyarse en la práctica de 50 años de transacciones obligatorias para conseguir, finalmente, suministrar algunos bienes y servicios finales a la población, al ejército y al aparato represivo.

No hay nada más incierto que la forma en que terminará la dictadura castrista. Lo que sabemos de otros regímenes dictatoriales de países comunistas o del tercer mundo en los que el poder se ejerce, o se ha ejercido, con carácter exclusivamente personal, como Corea del Norte, China, Siria e Irak es que en todos los casos los dictadores intentan imponer una sucesión familiar, que puede tener éxito o no. En el caso de Cuba, Raúl, heredero de su hermano, no tiene sucesor. Su dinastía se extinguirá con la desaparición de ambos.

El poder se lo disputarán los militares y la policía política y el resultado es imprevisible. Pero parece difícil creer que un régimen tan personalista como el cubano pueda sostenerse sin grandes cambios, políticos y económicos.
«Todas las empresas generadoras de divisas ya se han repartido entre la policía, los militares, la familia y los burócratas más afines a los Castro. Habrá luchas entre esas mafias.»

Si hubiera una revolución, pacífica o violenta, el cambio económico sería inevitable. Si hubiera una transformación a la china, lo que sin duda quiere toda la nomenclatura cubana, habría en lo económico grandes cambios, incluyendo la privatización de la mayoría de los activos del sector público.

Pero el proceso de privatización no será como el de la Rusia de Yeltsin. Todas las empresas generadoras de divisas ya se han repartido entre la policía, los militares, la familia y los burócratas más afines a los Castro. Habrá luchas entre esas mafias, venganzas y reasignación de participaciones. Pero la nomenclatura intentará poner en valor sus activos abriendo la economía y privatizando para obtener, finalmente, patrimonios personales y no sólo corporativos.

Lo que es seguro es que, económicamente, Cuba pasará por una época caótica, en la que todo dejará de funcionar. Hasta que la libertad en la fijación de precios determine qué es y qué no es rentable producir. Un periodo de transición en el que desaparecerá una parte sustancial de la industria y en el que deberían producirse inversiones en el sector agrario –de una tierra que tendrá que ser propiedad de alguien– y en el sector del turismo, el más claramente competitivo. Una transición que tendrá que soportar una población envejecida demográficamente, que no contará con pensiones públicas cuando se retire ni servicios médicos mínimamente aceptables.

Tendrá, sin embargo, la posibilidad de apoyarse en las inversiones que pueda llevar a cabo la colonia cubana que vive en el exterior, que sabe que puede contar con un nivel de formación media de la población cubana, junto con un conocimiento exhaustivo de la situación de las infraestructuras y de los diferentes sectores económicos. Los capitales necesarios para ir reconstruyendo la economía existen en potencia. Lo que, lógicamente, no va a ocurrir es un proceso de inversión desde el exterior sin un proyecto político que ofrezca un mínimo de seguridad a todos, trabajadores, empresarios e inversores.

LIBRE MERCADO

Un tema candente: El capitalismo y la exclusión social

2011-06-23T13:07:00.000-07:00

Manuel Castells

He encontrado en la red de redes este artículo de Manuel Castells que me ha resultado tan interesante, que lo he compartido con mis amigos y lo publico aquí para que ustedes -amigos lectores- reflexionen:

En el último cuarto del siglo veinte ha surgido una nueva forma de organización económica y social; después del colapso del estatismo en la Unión Soviética y en el resto del mundo, ciertamente se trata de un sistema capitalista.

En efecto, por primera vez en la historia el planeta entero es capitalista, puesto que aún las pocas economías que quedan regidas por la planificación centralizada están sobreviviendo o desarrollándose gracias a sus vínculos con los mercados capitalistas de alcance mundial.

Sin embargo, este es un tipo de capitalismo muy viejo al mismo tiempo que es fundamentalmente nuevo. Es viejo debido a que apela a la competencia despiadada en su prosecusión de la ganancia y porque la satisfacción individual (inmediata o diferida) es su fuerza motora. Pero es fundamentalmente nuevo porque está instrumentado por las nuevas tecnologías de información y comunicación que son la raíz de las nuevas fuentes de productividad, de las nuevas formas de organización y de la construcción de una economía global. Examinemos brevemente el perfil de este nuevo mundo, que de hecho es compartido por todos los países a pesar de la diversidad de culturas e instituciones.

La economía mundial

En el decenio de los 90 el núcleo de actividades de la economía mundial funciona como una unidad integrada que opera en el tiempo de manera simultánea, a una escala planetaria. Por ello los mercados de capital están interconectados en todo el mundo, de modo que los ahorros y las inversiones en todos los países, ya sea que estén o no invertidos mundialmente, dependen para su comportamiento de la evolución y conducta de los mercados financieros mundiales.

Al mismo tiempo, las corporaciones multinacionales, en manufacturas, servicios y finanzas, con sus redes subordinadas de pequeñas y medianas empresas, constituyen el núcleo de la economía mundial. Estas corporaciones “sólo” emplean directamente alrededor de 70 millones de trabajadores, pero estos últimos producen la tercera parte del producto total mundial privado; y el valor global de sus ventas en 1992 fue de $ 5 500 billones de dólares (EUA), lo cual es 25 por ciento más que el valor total del comercio mundial de ese año.

Más aún, la conexión más fuerte de la ciencia con la tecnología, la que da forma y ordena el desarrollo tecnológico panorámico, se concentra en unas cuantas docenas de centros de investigación y sitios de innovación por todo el mundo, ubicados abrumadoramente en los Estados Unidos de América, en Europa Occidental y en Japón.

Cuando los ingenieros rusos, indios y chinos logran un nivel determinado de desarrollo científico, usualmente de muy alta calidad, sólo pueden proseguir su investigación vinculándose con dichos centros. Así la fuerza de trabajo sumamente calificada también está cada vez más globalizada, y cuando las empresas y los gobiernos necesitan mano de obra apta y están dispuestos a pagar por ella se contrata talento por todo el mundo.

Al mismo tiempo, la proporción abrumadora de ofertas de empleo, y por lo tanto, de personas empleadas, sigue siendo local y regional. Pero el destino de las personas, sus empleos, sus niveles de vida dependen en última instancia del sector globalizado de la economía nacional, o de la conexión directa de sus unidades económicas con las redes mundiales de capital, producción y comercio.

Esta economía global o mundial es históricamente nueva, por la simple razón de que sólo en los dos últimos decenios se ha producido la infraestructura tecnológica requerida para su funcionamiento: telecomunicaciones, sistemas de información, manufactura y procesamiento de bienes sustentados en la microelectrónica, transporte aéreo basado en la información, transporte de carga en grandes contenedores, trenes de alta velocidad, y servicios para negocios internacionales ubicados por todo el mundo.

Sin embargo, si la nueva economía mundial alcanza a cubrir el planeta entero (si toda la población y todos los territorios se ven afectados por su funcionamiento), no todos los lugares ni todas las personas están incluidas directamente en ella. De hecho, la mayoría de la población y la mayoría de los territorios están excluidos, desconectados, ya sea como productores o como consumidores, o como ambos.

La flexibilidad de esta economía global permite que el sistema en general conecte todo lo que sea valioso de acuerdo con los valores e intereses dominantes, en tanto que se desconecta todo lo que no sea valioso, o que haya llegado a devaluarse. Esta capacidad simultánea para incluir y excluir a las personas, los territorios y las actividades caracteriza a la nueva economía mundial tal como está constituida en la era de la información. Y las bases organizativas de esa capacidad son las redes de intercambio sustentadas en la tecnología de información.

Redes de intercambio

En la historia de la humanidad, las transformaciones de mayor importancia en la tecnología o en la economía han estado acompañadas de una transformación en sus formas de organización. La fábrica grande, dedicada a la producción masiva, fue muy importante para la formación de la era industrial, al igual que el desarrollo y difusión de nuevas fuentes de energía. En la era de la información, el tipo de organización que resulta ser clave es la red de intercambio.

Una red de este tipo es simplemente un conjunto de nódulos interconectados. Puede tener una jerarquía, pero no tiene un centro. Las relaciones entre los nódulos son asimétricas, pero todas ellas son necesarias para el funcionamiento de la red (para la circulación de dinero, de información, de tecnología, imágenes, bienes, servicios o personas). La distinción principal en esta lógica organizacional es estar o no estar en la red.

Esté usted en la red y podrá compartir y, con el tiempo, aumentar sus posibilidades de obtener beneficios. Quédese fuera de la red o llegue a desconectarse de ella y sus posibilidades se desvanecen, puesto que todo lo que cuenta está organizado en torno a una telaraña de amplitud mundial de redes en interacción.

Las redes de intercambio proporcionan el medio adecuado para el funcionamiento de una economía mundial, interconectada, basada en una adaptación inexorable y en una flexibilidad extrema. La concentración del capital puede ir ligada a la descentralización de la organización. De hecho, las grandes corporaciones multinacionales funcionan internamente como redes de trabajo descentralizadas, a cuyos elementos se les da una autonomía considerable.

Cada elemento de estas redes por lo general es parte de otras redes, algunas de las cuales están formadas por negocios pequeños y medianos subordinados a los centros dominantes. Algunos de los vínculos implican la colaboración con otras corporaciones grandes, en torno a proyectos y tareas determinadas, en marcos específicos de tiempo y espacio.

Al final, sin embargo, la meta es asegurarse una ganancia. Y la mayor parte de los ingresos no se quedan en la empresa, sino que van a dar al casino mundial de los mercados financieros interrelacionados. Debido a este nivel de incertidumbre y de complejidad, las redes en las cuales todas las empresas, grandes o pequeñas, están ancladas, se forman y se transforman incesantemente, en una variación sin fin. Las empresas y las organizaciones que no siguen la lógica de la red (ya sea en los negocios, en los medios de comunicación de masas o en la política) son arrasadas por la competencia, puesto que no están equipadas para manejar el nuevo modelo de administración gerencial.

Así, en última instancia, las redes de intercambio (todas ellas) se benefician si se restructuran, ya sea que cambie su composición, su membresía o sus tareas. El problema es que las personas y los territorios, cuyos medios de vida y destino dependen de su posición en estas redes, no pueden adaptarse tan fácilmente. El capital retira sus inversiones, los ingenieros de software emigran, los turistas encuentran otro lugar de moda, y los medios mundiales de comunicación de masas se alejan de una región que deja de ser importante.

Las redes de intercambio se adaptan, eluden la región (o las personas), y se reconstituyen en otro lugar, o con otras personas. Pero la materia humana de la cual depende la existencia de la red no puede sufrir una mutación tan fácilmente. Queda atrapada o degradada o desperdiciada. Y ello conduce hacia el subdesarrollo social, precisamente en el umbral de la era potencialmente más prometedora de progreso humano.

Estamos enfrentándonos a una crisis social en aumento. La polarización crece por doquier. A nivel mundial, la relación entre el ingreso del 20 por ciento de la población, ubicado en el estrato más alto, con el ingreso del 20 por ciento que se halla en el estrato más bajo, se modificó de 30 a 1 que era en 1960, a 78 a 1 en 1994. Más aún, el destino de aquel segmento de la población pobre que crece con mayor rapidez en casi todos los países, es la pobreza extrema o miseria (definida como la mitad o menos, del ingreso correspondiente a la línea de pobreza). Y un número significativo de personas que están siendo excluidas del acceso al empleo fijo, están cayendo en la criminalidad. Se podría decir que algunas de ellas no tienen otra alternativa. Las personas a las que no se les necesita en la era de la información no desaparecen: siguen ahí.

Es urgente y necesario invertir la espiral de la exclusión y utilizar las tecnologías de información y de comunicación para otorgarle poder a la humanidad.

La reintegración del desarrollo social y del crecimiento económico en la era de la información requerirá de una puesta al día masiva de los países, las empresas y los hogares de todo el mundo en cuanto a la tecnología, estrategia que resulta ser del mayor interés para todos, incluido el sector empresarial. Se requerirá de grandes inversiones para transformar el sistema educativo en todo el mundo. Se necesitará establecer una red de intercambio mundial de ciencia y tecnología, en la cual las universidades más avanzadas estén dispuestas a compartir conocimientos y destreza para el bien común.

Se debe tratar de invertir lenta pero seguramente la marginación de países o ciudades o vecindarios enteros, de manera tal que el potencial humano que está siendo desperdiciado pueda ser de nueva cuenta aprovechado. La solidaridad en un mundo globalizado significa solidaridad mundial. Y significa también solidaridad intergeneracional. Estos son los principios básicos y elementales de una economía y de una forma de elaborar políticas en las que “se tome en cuenta a la población”. Y son plenamente coherentes con la lógica creativa y productiva inherente a las tecnologías de información. Si todo esto pareciera que son buenos deseos, es que refleja solamente el grado a que hemos llegado a desorientarnos en este momento crítico de transición histórica.

Efraín Velásquez: "Esta política económica genera una inflación alta y persistente"

2011-06-06T15:25:00.000-07:00

Entrevista al presidente del Consejo Nacional de Economía

"La economía venezolana no puede crecer de manera sostenida si usted no invierte en petróleo".

Efraín Velásquez explica que la única manera de obtener crecimiento y baja inflación es con una estrategia centrada en la oferta vicente correale

VÍCTOR SALMERÓN / EL UNIVERSAL

Para el presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velásquez, el país es un carro al que se le hunde el acelerador de la demanda mientras se pisa a fondo el freno de la oferta e inevitablemente, lo único que se mueve a gran velocidad es la inflación.

Lo más lamentable, desde su punto de vista, es que se trata de una inconsistencia en la que distintos gobiernos venezolanos han incurrido en las últimas cuatro décadas.

"En varias oportunidades hemos entrado en estos esquemas inconsistentes donde tratamos de obtener crecimiento con una política fiscal expansiva que genera inflación y como no nos gusta recurrimos a controles de precios, subsidios y tomamos decisiones que afectan la dinámica de mercado", explica.

Profundiza en este aspecto y señala que actualmente el Gobierno pone en marcha una política fiscal expansiva con el aumento del gasto mientras que "en el lado de la oferta hay restricción de energía eléctrica y de infraestructura, rezagos en el Sitme, expropiaciones, controles de precios, que crean una inflación alta y persistente donde las posibilidades de reducirla son muy limitadas".

No duda en afirmar que "la única manera de generar crecimiento con baja inflación es cuando la estrategia se basa en el lado de la oferta y eso implica incorporación de tecnología, mejoras de productividad, educación, salud, un proceso donde las autoridades tienen un rol fundamental pero en estas economías globales el líder tiene que ser el sector privado".

-¿El Gobierno podrá cumplir su meta de obtener una inflación entre 23% y 25% para este año tras el salto de 2,5% en mayo?

-Puede ser algo superior a lo que es la estimación oficial, pero de cualquier manera tenemos que tener presente que aun alcanzando esta meta hablamos de resultados lamentables al ver el resto de los países de América Latina.

-El Gobierno considera que tras el crecimiento de la economía en 4,5% hemos entrado en un período de expansión sostenida. ¿Es así?

-El primer trimestre de este año registra resultados positivos respecto al primer trimestre de 2010 cuando hubo restricción en el nivel de divisas, la actividad fiscal no fue tan importante y el racionamiento eléctrico fue intenso, pero cuando se tienen estas situaciones extremas hay que revisar los niveles de la actividad económica y allí no vemos cambios fundamentales.

-¿Se refiere, por ejemplo, a que la producción industrial es menor a la del primer trimestre de 2009 y 2008?

-Es así. Estamos viendo variaciones porcentuales importantes cuando si hacemos un análisis temporal de los índices no hay una mejoría fundamental.

-Este crecimiento que no logra ser mayor ocurre en medio de un boom de altos precios del petróleo y elevado gasto público. ¿La inyección de dinero del Gobierno ya no es tan efectiva como en años anteriores?

-Al hacer una evaluación de la potencialidad de la política fiscal no solo puede verse el gasto versus crecimiento. También hay que evaluar el consumo privado, la inversión y las exportaciones netas.

Complementa este aspecto y añade que "en el primer trimestre de este año el consumo privado creció 3% y la inversión 4%, pero en el primer trimestre de 2010 el consumo privado cayó más de 4% y la inversión retrocedió 24%. En conclusión, el crecimiento que ha habido no compensa la caída, mientras que el volumen de las exportaciones no aumenta y las importaciones sí. Por eso el gasto público no tuvo tanta significación en el crecimiento".

-¿Qué está frenando el consumo privado y la inversión en medio de un boom de altos precios del petróleo?

-En el caso de la inversión tiene que ser incertidumbre, definida en los términos más genéricos. En el caso del consumo evidentemente lo que está detrás es capacidad de compra, salarios reales. El consumo per cápita, que es lo que tenemos que evaluar, está cayendo.

Explica que "la economía no crece de manera importante y sostenida para que el ingreso per cápita mejore. Hay que tener presente que en las economías que no crecen de manera sostenida los mercados pierden tamaño. El consumo de proteínas per cápita, por ejemplo, está cayendo.

Abre un paréntesis y destaca que "Venezuela necesita un sector petrolero activo porque el sector petrolero es más importante que el 17% que representa del PIB, hay una cantidad de sectores no petroleros que están atados al sector petrolero como el metalmecánico y la construcción. El petróleo no solo representa 17% del PIB sino 40%".

"Eso nos dice que la economía venezolana no puede crecer de manera sostenida si usted no invierte en petróleo".

Todo indica que a pesar de la alta inflación se usará el aumento del precio del petróleo para evadir una corrección cambiaria. ¿La sobrevaluación no es inconsistente con el anuncio de reducir las importaciones e impulsar las exportaciones? -

-Anticipo que no hay decisiones cambiarias hasta el 2013. Lo que debe entender la gente es que los efectos de la unificación cambiaria de enero de 2011 sobre la competitividad ya fueron superados. Tenemos una sobrevaluación de 36%, esto es el mismo número que teníamos en junio del año pasado.

-¿Cómo queda el plan de ingresar al Mercosur?

-Para todas esas agrupaciones comerciales somos un mercado, nuestra capacidad exportadora continúa siendo afectada y nos convertimos en un mercado importador.

-Con la cesta petrolera en 100 dólares el barril el Ejecutivo aumentará el límite del endeudamiento previsto para este año. ¿La deuda del país todavía es manejable?

-Si analizamos el nivel de la deuda con relación al PIB, incluyendo Pdvsa y el financiamiento con China, estamos con una deuda por debajo de 50% del PIB lo que me dice que es manejable. Pero la tasa de crecimiento de esa deuda es importante y la capacidad que tiene la economía para generar ingresos fiscales va a un menor ritmo que el pago de intereses de la deuda.

-¿Eso no indica que hay peligro de caer en un escenario de insolvencia?

-Siempre que eso ocurra podemos entrar en un escenario de insolvencia financiera. Eso no es un evento de corto plazo, es algo a mediano plazo y va a depender del manejo de la deuda pública en el futuro.

Cómo se explica que la deuda crezca justo en un período en el que aumenta el ingreso del Gobierno? -¿

-Porque se utilizan instrumentos fiscales para hacer política monetaria. Cuando se anuncia una emisión bolívar-dólar, al final lo que se hace es una colocación de deuda que está atada a la necesidad de reducir excesos monetarios por poner en práctica una política fiscal expansiva en medio de un control de cambio.

-¿Nos endeudamos para bajar el exceso de bolívares en la economía y la presión en la demanda de divisas?

-Es así. Cuando se emiten bonos de la República o Pdvsa, el objetivo es monetario.

vsalmeron@eluniversal.com

El milagro de Mauricio

2011-03-23T17:55:00.000-07:00

JOSEPH E. STIGLITZ *

Supongamos que alguien describiera un pequeño país que da educación gratuita hasta el nivel universitario a todos sus ciudadanos, transporte escolar para los niños y atención a la salud sin costo incluyendo operaciones del corazón- para todos. Podría pensarse que ese país o es increíblemente rico, o va camino a una crisis fiscal.

Después de todo, los países ricos de Europa se dan cuenta cada vez más de que no pueden costear la educación universitaria y están pidiendo a los jóvenes y sus familias que asuman los gastos. En tanto, Estados Unidos nunca ha intentado ofrecer educación universitaria gratuita para todos y fue necesaria una amarga batalla para asegurar que los estadounidenses pobres tuvieran acceso a la atención a la salud una garantía que el Partido Republicano está esforzándose por derogar, con el argumento de que el país no puede pagarlo.

Pero Mauricio, una pequeña nación isleña en la costa oriental de África no es particularmente rica ni se dirige a la ruina presupuestal.

No obstante, en las últimas décadas se ha dedicado a construir con éxito una economía diversificada, un sistema político democrático y una sólida red de seguridad social. Muchos países, entre ellos Estados Unidos, podrían aprender de sus experiencias.

En una reciente visita a este archipiélago tropical de 1,3 millones de habitantes, tuve la oportunidad de ver algunos de sus avances, que pueden parecer sorprendentes a la luz del debate que se da en Estados Unidos y en otros lugares.

Consideremos la propiedad de la vivienda. Mientras los conservadores estadounidenses sostienen que el intento de su gobierno para ampliar la proporción de propietarios de vivienda a 70% de la población del país fue lo que provocó la crisis financiera, 87% de los habitantes de Mauricio son dueños de sus casas, sin burbuja inmobiliaria.

Ahora una cifra dolorosa: el PIB de Mauricio ha estado creciendo a más de 5% anual durante casi 30 años. Es obvio que debe haber "algún truco".

Mauricio debe ser rico en diamantes, petróleo o algún otro producto valioso. Sin embargo, no tiene recursos naturales explotables. En efecto, cuando se acercaba su independencia de Gran Bretaña, que llegó en 1968, su porvenir era tan desalentador que el premio Nobel de Economía James Meade escribió en 1961: "Será un gran logro si el país encuentra empleos productivos para su población sin una grave reducción del nivel de vida existente... Las perspectivas de un desarrollo pacífico son escasas." Como para demostrar que Meade se equivocaba, los habitantes de Mauricio han aumentado el ingreso per cápita de menos de 400 dólares en el momento de su independencia a más de 6.700 dólares actualmente. El país ha pasado del monocultivo del azúcar a una economía diversificada que incluye el turismo, las finanzas, los textiles y, si los planes actuales tienen éxito, la alta tecnología.

Durante mi visita me interesaba entender mejor qué había conducido a lo que algunos han llamado el milagro de Mauricio y qué podían aprender de ello otros países.

De hecho, hay muchas lecciones, algunas de las cuales deberían tener en mente los políticos de Estados Unidos y de otras naciones en sus batallas presupuestales.

En primer lugar, la cuestión no es si podemos costear la atención a la salud o la educación para todos o asegurar una mayor proporción de propietarios de vivienda. Si Mauricio puede hacerlo, también pueden Estados Unidos y Europa que son mucho más ricos. Se trata más bien de cómo organizar la sociedad. En Mauricio se eligió un camino que conduce a puntos más altos de cohesión social, bienestar y crecimiento económico, y a un nivel más bajo de desigualdad.

En segundo lugar, a diferencia de muchos otros países pequeños, ha decidido que la mayor parte del gasto militar es un desperdicio. Estados Unidos no tiene que ir tan lejos: apenas una fracción del dinero que el país gasta en armas que no funcionan para combatir enemigos que no existen contribuiría en gran medida a crear una sociedad más humana, incluyendo la provisión de atención a la salud y educación a aquellos que no pueden pagarlas.

En tercer lugar, Mauricio reconoció que, sin recursos naturales, su gente era su único activo. Tal vez ese aprecio de sus recursos humanos también es lo que llevó a que Mauricio se diera cuenta de que, sobre todo debido a las potenciales diferencias religiosas, étnicas y políticas del país que algunos trataron de aprovechar para inducirlo a que permaneciera como colonia británica- la educación universal era esencial para la unidad social. También lo era un compromiso decidido con las instituciones democráticas y la cooperación entre trabajadores, gobierno y patrones exactamente lo contrario de los desacuerdos y divisiones que siembran actualmente los conservadores en Estados Unidos.

Esto no significa que Mauricio no tenga problemas. Al igual que muchos otros países con mercados emergentes que han tenido éxito, se enfrenta a una pérdida de competitividad del tipo de cambio. Y a medida que cada vez más países intervienen para debilitar sus tipos de cambio en respuesta a los intentos de Estados Unidos de llevar a cabo una devaluación competitiva mediante la facilitación cuantitativa, el problema empeora. Es casi seguro que Mauricio también tendrá que intervenir.

Además, a Mauricio le preocupan los alimentos importados y la inflación de la energía. Responder a la inflación mediante el aumento de las tasas de interés simplemente agravaría las dificultades que representarían precios más altos con desempleo elevado y un tipo de cambio aún menos competitivo. Será necesario considerar intervenciones directas, restricciones a las entradas de capital de corto plazo, impuestos a las ganancias del capital y reglamentaciones bancarias cautelares estabilizadoras.

El milagro de Mauricio data de su independencia; no obstante, todavía acarrea algunos de sus legados coloniales: la desigualdad de la tierra y la riqueza, así como la vulnerabilidad a la alta política global. Estados Unidos ocupa una de las islas de Mauricio, Diego García, como base naval sin compensación, pues oficialmente la arriendan del Reino Unido, que no sólo conservó la Isla de Chagos, infringiendo el derecho internacional y el de la ONU, sino que expulsó a sus ciudadanos y se niega a permitir que regresen.

Ahora Estados Unidos debería comportarse correctamente con este país pacífico y democrático: reconocer la propiedad legítima de Diego García, renegociar el contrato de arrendamiento y redimir los pecados del pasado con un pago justo por el territorio que han ocupado de manera ilegal durante décadas.

La crisis no cesa: ¿Por qué?,

2011-03-07T07:34:00.000-08:00

Por Paul Krugman y Robin Wells

"La crisis económica que comenzó en 2008 está lejos de terminar. Y si los gobiernos no actúan, lo peor está por venir."

En el invierno de 2008-2009, la economía del mundo estaba al borde. El mercado de la bolsa se desplomó, el de los créditos se congeló y los bancos se cayeron, creando un contagio en masa que se esparció desde Estados Unidos hacia Europa y amenazó con envolver al mundo entero. Durante los días más oscuros de la crisis, Estados Unidos perdía 700.000 empleos al mes, y el comercio mundial se encogía a una mayor velocidad que durante 1930. Sin embargo, para el verano de 2009, cuando la economía mundial se estabilizaba, era evidente que no habría una réplica de la Gran Depresión. Alrededor de junio de 2009 muchos indicadores habían estado subiendo: el PIB ha estado de alza en todas las grandes economías, la producción industrial mundial también sube y las ganancias corporativas en Estados Unidos se han recuperado hasta niveles anteriores a la crisis.

Sin embargo, el desempleo casi no ha caído, ni en Estados Unidos ni en Europa, lo que significa que la difícil situación del desempleado, especialmente en EEUU, con su minima red de seguridad, ha seguido empeorando regularmente a medida que se acaban los beneficios y los ahorros se vacían. Y se vislumbra poco alivio: en las economías más golpeadas de Europa el desempleo sigue creciendo; el crecimiento económico de Estados Unidos se detiene y muchos analistas prevén que la tasa de desempleo en este país seguirá alta o incluso aumentará durante el próximo año.

Dada esta cruda posibilidad, ¿no deberíamos ver cierta urgencia de parte de los políticos y economistas, una carrera por adelantar planes para promover el crecimiento y restaurar empleos? Aparentemente no: una revisión casual de los libros y artículos recientes no muestran nada de esto. Libros sobre la Gran Depresión todavía van a las imprentas, pero mayormente son miradas hacia atrás, preguntándonos como nos metimos en esto en vez de decirnos cómo salir. Para ser justos, muchos de los libros recientes sí ofrecen recomendaciones para evitar la próxima burbuja, pero no muchos lineamientos para el problema actual, que es el de lidiar con las persistentes consecuencias de la última.

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Esta extraña negligencia no se puede explicar por la mecánica del negocio de los libros. Es cierto que los libros sobre economía que aparecen ahora fueron a imprenta antes de que la naturaleza decepcionante de la supuesta recuperación se hiciera patente. Hasta las reseñas de artículos recientes, sin embargo, hay una falta de disposición notable por parte de la ciencia por ofrecer soluciones al problema del desempleo alto y la lentitud de la economía. Ha habido un debate furibundo sobre la efectividad de las medidas monetarias y fiscales tomadas en la profundidad de la crisis; también han habido declaraciones estruendosas sobre lo que debemos hacer, numerosas alertas sobre el supuesto peligro de los déficits fiscales o de las políticas de expansión monetaria. Pero las propuestas para acciones positivas de sacarnos del hoyo son pocas.

En lo que sigue, proponemos una revisión relativamente breve de un tema ampliamente elaborado pero aún controversial: los orígenes de la crisis de 2008. Luego miraremos los debates políticos que continúan llevándose a cabo sobre las respuestas a la crisis y sus consecuencias. No queremos dejar a los lectores en suspenso: creemos que la ausencia relativa de propuestas para lidiar con el desempleo masivo es un caso de “parálisis autoinducida”, una frase que usó hace una década el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, cuando era un investigador que criticaba a los legisladores desde afuera. Hay espacio para la acción, tanto monetaria como fiscal. Pero los políticos, los funcionarios y los economistas han sufrido un colapso nervioso, por el que millones de trabajadores pagarán un alto precio.

Peligrosas pompas de jabón

Llamémoslo la gran burbuja de bienes raíces del Atlántico Norte: en la primera década del tercer milenio, se dispararon los precios de los bienes raíces, tanto residenciales como comerciales, en partes de Europa y América del Norte. Entre 1997 y 2007, el precio habitacional subió 175 por ciento en Estados Unidos, 180 por ciento en España, 210 por ciento en Gran Bretaña y 240 por ciento en Irlanda. ¿Por qué subieron tanto los precios de bienes raíces en tantos lugares? Hablando en general, hay cuatro explicaciones populares (que son mutuamente excluyentes): la política de tasas de interés bajas de la Reserva Federal que se implementó tras la recesión de 2001; la “saturación mundial del ahorro”; las innovaciones financieras que disfrazaron el riesgo; y los programas gubernamentales que crearon el riesgo moral.

La política de las tasas de interés bajas de la Reserva Federal: después que se desinfló la burbuja tecnológica, a finales de los 90, los bancos centrales cortaron drásticamente aquellas tasas de interés a corto plazo que caían bajo su control directo, en un intento por contener el bajón resultante. La Reserva Federal tomó la acción más dramática, recortando la tasa overnight de préstamos entre bancos del 6,5 por ciento a principios de 2000, a solo uno por ciento en 2003, y manteniendo la tasa muy baja hasta 2004. También hay una corriente de pensamiento -una hacia la cual Raghuram Rajan se inclina bastante en su libro Fault Lines, y que recibe apoyo más calificado por parte de Nouriel Roubini y Stephen Mihm en Crisis Economics– que considera este prolongado período de tasas bajas como un terrible error de política, ya que abonó el terreno para la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, hay algunos problemas serios con esta interpretación. Por una parte, había buenas razones para que la Reserva Federal mantuviera su overnight baja. Aunque la recensión de 2001 no era especialmente profunda, la recuperación fue muy lenta; en Estados Unidos, el desempleo no se recuperó hasta los niveles precedentes a la recesión sino en 2005. Y con una inflación que llegaba a su punto más bajo en 35 años, había una trampa deflacionaria, en la cual una economía deprimida empuja a la baja los salarios y los precios, lo que a su vez deprime aún más la economía. Esta era la verdadera preocupación. Aun en retrospectiva, es difícil ver cómo la Reserva Federal pudo haber justificado no mantener sus intereses bajos durante un período extendido. El hecho de que la burbuja inmobiliaria fuera un fenómeno del Atlántico Norte y no netamente estadounidense también hace difícil echarle la culpa de esa burbuja a la política de los intereses bajos. El Banco Central Europeo no fue tan agresivo como la Reserva Federal, reduciendo las tasas de interés que controlaba sólo a la mitad de lo que lo hizo su contraparte estadounidense; sin embargo las burbujas inmobiliarias europeas fueron totalmente comparables en escala a las de Estados Unidos. Estas consideraciones sugieren que sería un error atribuirle íntegramente, e incluso gran parte, la culpa de la burbuja inmobiliaria a una política monetaria mal dirigida.

La saturación mundial del ahorro: el término realmente viene de un discurso dado por Ben Bernanke a principios de 2005. En ese discurso, el futuro presidente de la Reserva Federal sostuvo que el gran déficit de comercio de Estados Unidos -y los grandes déficits de otras naciones tales como Gran Bretaña y España- no reflejaban un cambio en el comportamiento de los países sino un cambio en el comportamiento de los países con superávits. Históricamente, los países en vías de desarrollo han incurrido en déficits de comercio con países desarrollados cuando compran maquinaria y otros bienes de capital para poder levantar su nivel de desarrollo económico. A la luz de la crisis financiera que golpeó a Asia en 1997-98, esta práctica usual se puso de cabeza: las economías en vías de desarrollo de Asia y el Medio Oriente incurrían en grandes excedentes comerciales con los países desarrollados para poder acumular grandes cantidades de bienes extranjeros como seguro contra otra crisis financiera. Alemania también colaboró con el desbalance global, incurriendo en grandes excedentes con el resto de Europa para poder financiar la reunificación y la población que envejecía rápidamente. En China, donde el excedente comercial cubre la mayor parte del déficit comercial de Estados Unidos, el deseo de protegerse contra una posible crisis financiera se ha transformado en una política en la cual la moneda se mantiene subvaluada, lo cual beneficia a las industrias exportadoras políticamente conectadas, frecuentemente a expensas de la población laboral general. Para los países con déficit comercial, como Estados Unidos, España y Gran Bretaña, la otra cara de la moneda del desbalance comercial son los grandes flujos de capital cuando los países con excedentes compran grandes cantidades de bonos y otros activos norteamericanos, españoles y británicos. Los flujos entrantes de capital también bajaron los intereses, no los intereses a corto plazo establecidos por la política del Banco Central Europeo, sino los de largo plazo, que son los que importan para los gastos y los precios de viviendas, y que establece el mercado de bonos. Tanto en Estados Unidos como en las naciones europeas, las tasas de interés a largo plazo cayeron dramáticamente después de 2000, y se mantuvieron bajas aun cuando la Reserva Federal comenzó a subir su tasa de corto plazo. Para ese momento, Alan Greenspan llamó conundrum a esta divergencia del mercado de bonos, pero es perfectamente comprensible dada la actuación de las fuerzas internacionales. Como hemos dicho, vale la pena notar que mientras el Banco Central Europeo no fue tan agresivo como la Reserva Federal al recortar las tasas de corto plazo, las tasas de largo plazo cayeron tanto, o más, en España e Irlanda como en Estados Unidos, un hecho que mina aún más la idea de que la política monetaria excesivamente ligera causó la burbuja inmobiliaria. De hecho, en ese discurso de 2005, Bernanke reconoció que el impacto de la saturación del ahorro estaba cayendo principalmente sobre las viviendas. Durante los últimos años, el efecto clave del precio de los activos del excesivo ahorro mundial parece haber ocurrido en el mercado de la inversión residencial, ya que las tasas bajas para hipotecas han respaldado niveles nunca vistos de construcción de viviendas y hay grandes ganancias. Lo que desafortunadamente no pudo ver Bernanke fue que los precios de las viviendas escalaban mucho más de lo que debían, incluso considerando las bajas tasas de las hipotecas. A finales de 2005, pocos meses antes de que la burbuja inmobiliaria empezara a explotar, declaró -rechazando implícitamente los argumentos de varias prominentes Casandras- que los precios de las viviendas “reflejan fundamentos económicos fuertes.” Y como casi todo el mundo, Bernanke tampoco pudo ver que las instituciones financieras y familiares por igual estaban tomando riesgos que no entendían, porque daban por sentado que los precios de las viviendas nunca caerían.

A pesar de la notable falta de visión de Bernanke acerca de la crisis que se avecinaba, la historia sobre la saturación del ahorro nos da una de las mejores explicaciones de cómo tantas naciones lograron meterse en problemas tan parecidos.

La innovación financiera fuera de control: Mary tenía una ovejita y cuando se enfermó, la envió a Packingtown y ahora se llama pollo. La famosa cancioncilla que resume The Jungle de Upton Sinclair parece de lo más apropiada como descripción de las prácticas financieras que ayudaron a nutrir la burbuja inmobiliaria, especialmente en las hipotecas subprime. Ahora la letanía es familiar: el viejo modelo bancario, donde los bancos se aferraban a los préstamos que otorgaban, se reemplazó por una práctica nueva, de originar y distribuir. Los generadores de hipotecas –que en muchos casos no tenían negocios bancarios tradicionales- daban préstamos para comprar casas, luego rápidamente vendían esos préstamos a otras firmas. Estas firmas entonces reempacaron esos préstamos haciendo un fondo común, luego vendían las acciones de estos fondos como títulos valores; y las agencias de medición estaban dispuestas a etiquetar el producto resultante como “pollo”, es decir, ponerles el sellos de aprobación, de la AAA, en los títulos valores más antiguos, aquellos que tenían derecho a los intereses y el pago del principal primero. Todos ignoraron el riesgo que significaba un desastre inmobiliario general, así como la degradación de rebajar los niveles mientras la burbuja se inflaba (ayudaban a esa falta de conocimiento las grandes cantidades de dinero que se ganaba). Cuando explotó, resultó que mucho de ese papel AAA sólo valía unas pocas monedas. Es una historia vergonzosa. Es importante, sin embargo, dar un paso atrás y preguntarse por la responsabilidad de estas prácticas financieras poco claras al preparar el campo para la crisis. Tres puntos parecen relevantes. Primero, la versión común del cuento transmite la impresión de que Wall Street no tenía incentivo alguno para preocuparse sobre los riesgos de préstamos de títulos valores, porque era capaz de descargar el desecho tóxico sobre los inversionistas incautos alrededor del mundo. Pero esta aseveración parece estar mayormente (aunque no totalmente) equivocada: mientras muchos inversionistas ingenuos compraron valores complejos sin entender los riesgos, las firmas de Wall Street que emitían estos valores guardaron los activos más arriesgados en sus propios libros. Además, muchos de los activos menos riesgosos los compraron otras instituciones financieras, normalmente consideradas inversionistas sofisticadas, no el público común. El efecto global era concentrar los riesgos en el sistema bancario, no descargarlo en otros. Segundo, las comparaciones entre Europa y Estados Unidos son ilustrativas. Europa logró inflar grandes burbujas inmobiliarias sin recurrir a esquemas financieros complejos al estilo norteamericano. Los bancos españoles, en particular, expandieron enormemente el crédito; lo hicieron vendiendo sus préstamos a inversionistas extranjeros, pero esos préstamos eran muy claros, eran contratos “vainilla,” cuyos pasivos últimos quedaban con los prestamistas originales, o sea, los bancos españoles mismos. La simplicidad relativa de sus técnicas financieras no evitó la inmensa burbuja ni la explosión. Un tercer strike contra el argumento del papel esencial que jugaron las finanzas complejas es el hecho de que la burbuja habitacional sucedió a la par, simultáneamente, que una burbuja de bienes raíces comerciales, que siguió siendo financiada por préstamos tradicionales de los bancos. Así que el financiamiento exótico no era una condición necesaria para los préstamos en fuga, ni siquiera en Estados Unidos. Lo que sí se puede argüir es que las innovaciones financieras hicieron que los efectos de la explosión de la burbuja habitacional fueran más penetrantes: en vez de ser una crisis geográficamente concentrada, en la cual sólo los prestamistas locales estaban en riesgo, la compleja estructura financiera esparció la explosión a instituciones financieras alrededor del mundo.

El peligro moral creado por los programas gubernamentales: la idea de que esto lo hizo el gobierno -los préstamos respaldados por el gobierno, los mandatos del gobierno y las garantías explícitas o implícitas del gobierno, llevaron a compras de vivienda irresponsables- es un artículo de fe de la derecha política. También es un tema central, aunque no el único, de Fault Lines de Raghuram Rajan. En el mundo según Rajan, profesor de la escuela de Economía de la Universidad de Chicago, las raíces de la crisis financiera yacen en la creciente desigualdad de ingresos en Estados Unidos y la reacción política a esa desigualdad: los legisladores, en busca del favor de los votantes y tratando de mitigar las consecuencias de la creciente desigualdad, canalizaron fondos hacia las familias de bajos ingresos que querían comprar casas. Fannie Mae y Freddie Mac, las dos entidades de préstamo respaldadas por el gobierno, facilitaron el crédito hipotecario; la Community Reinvestment Act (Ley para Reinvertir en la Comunidad), que estimulaba a los bancos a entregar créditos en las comunidades donde operaban, los obligó a prestarles a personas de bajos ingresos sin importar el riesgo; y en cualquier caso, los bancos no se preocuparon mucho por el riesgo porque creían que el gobierno los respaldaría si algo no funcionaba. Rajan sostiene que el Troubled Asset Relief Program (TARP, Programa de Ayuda a los Activos en Problemas), que el presidente Bush pasó como ley el 3 de octubre de 2008, validaba la creencia de los bancos de que no tendrían que pagar el precio por volverse locos. Aunque Rajan se cuida de dar nombres y le atribuye la culpa a los “políticos” como un genérico, está claro que ante sus ojos, los demócratas tienen la culpa. En gran parte, aquellos que dicen que el gobierno ha sido responsable tienden a enfocar su ira sobre Bill Clinton y Barney Frank, quienes supuestamente estaban empujando fuertemente el otorgamiento de préstamos a los pobres. Aunque es una historia que enlaza todo en un solo paquete, sin embargo, no coincide con la evidencia. Y nos decepciona que Rajan, un economista ampliamente respetado, entre los primeros en advertir sobre la fuga de Wall Street, se deje llevar por lo que es, principalmente, un mito motivado por la política. El libro de Rajan se basa fuertemente en estudios del American Enterprise Institute, un think tank de la derecha; y no menciona a ninguno de los muchos estudios y comentarios que desmontan la tesis de la culpabilidad del gobierno. Roubini y Mihm, en contraste, aciertan: el enorme crecimiento del mercado subprime no fue financiado principalmente por Fannie Mae y Freddie Mac, sino por prestamistas hipotecarios privados como Countrywide. Es más, la Community Reinvestment Act sucedió mucho antes que la burbuja inmobiliaria. Los alegatos inflados de que Fannie Mae y Freddie Mac solitos causaron la crisis subprime están simplemente errados. Como otros han señalado, Fannie y Freddie en realidad sólo eran responsables de una parte reducida del mercado total de préstamos habitacionales en los años pico de la burbuja. Al extremo de que no compraron préstamos de vivienda dudosos; buscaban beneficios, no objetivos sociales; en efecto, estaban tratando de alcanzar a los prestamistas privados. Mientras tanto, las pocas instituciones que dieron préstamos subprime, como Countrywide Financial, fueron bancos comerciales sometidos a la Community Reinvestment Act. Más allá de eso, hubo otras burbujas, como la de bienes raíces comerciales en Estados Unidos, que no fue promovida por las políticas públicas en absoluto, y las burbujas en Europa. El hecho de que las viviendas en Estados Unidos eran sólo parte de un fenómeno mucho más grande pareciera ser evidencia de suposiciones contra cualquier opinión basada fuertemente en supuestas distorsiones creadas por los políticos norteamericanos. ¿Era totalmente inocente la política gubernamental? No, pero sus pecados eran más de omisión que de comisión. No se le debió permitir a Fannie y Freddie perseguir ganancias durante las etapas finales de la burbuja inmobiliaria; los reguladores no usaron la autoridad que tenían para detener la toma de riesgos excesiva. Pero aunque les encantaría a los conservadores colocar a los políticos de corazón blando al centro de esta historia, ellos no caben allí. Y el respaldo que Rajan le da a la línea conservadora, sin siquiera admitir los problemas de esa versión, se nos presenta resbaloso y evasivo.

El cisne blanco

Cualesquiera fueran las causas de la burbuja inmobiliaria, es importante notar que, en general, las burbujas no son inusuales. Por el contrario, como explica largamente Robert Shiller, de Yale, en su celebrado libro Irrational Exuberance, son una característica recurrente de los mercados financieros (no es coincidencia que Shiller advirtiera muy temprano que estábamos viviendo de una burbuja inmobiliaria masiva). Las burbujas han ocurrido en economías pequeñas y grandes, en naciones individuales y en la economía global como un todo, en períodos de fuerte intervención pública y en eras de mínimo gobierno. La burbuja habitacional del Atlántico Norte, como dicen Roubini y Mihm, era un “cisne blanco”, un evento común, no particularmente raro, pero mucho más grande que la mayoría. Podemos adivinar que la burbuja comenzó principalmente gracias al exceso de ahorro global, pero que desarrolló una velocidad propia, que es lo que hacen las burbujas. Las innovaciones financieras tales como los seguros de hipotecas pueden haber facilitado que se inflara, pero los bancos europeos lograron extender demasiado crédito sin estos alicientes.

Sin embargo, está claro que hubo fallas grandes de falta de visión. En particular, Ben Bernanke ha admitido que la Reserva federal no usó sus poderes reguladores en los excesos de los prestamistas hipotecarios, una falta de visión trágica. Greenspan descartó la clara advertencia que le hizo un miembro de la junta de la Reserva de que los préstamos se habían vuelto peligrosamente excesivos. Y el amplio escrutinio de los préstamos hipotecarios ha hecho que el desastre sea mucho más difícil de limpiar.

En un mercado habitacional que ahora está deprimido en toda la economía, los tenedores de hipotecas y los prestatarios preocupados estarían mejor si pudieran renegociar sus préstamos y evitar la ejecución. Pero cuando las hipotecas se han rebanado y picado en fondos comunes, y luego vendido internacionalmente para que ningún inversionista tenga más de una fracción de cualquier hipoteca, tales negociaciones son imposibles. Y debido al cabildeo de la industria financiera que impidió que las hipotecas fueran cubiertas por procedimientos de quiebra personal, ningún juez puede imponer una solución. El fenómeno de la securitization, creada con la creencia de que un desplome habitacional a gran escala nunca ocurriría, ha atrapado a los inversionistas y a los prestatarios preocupados en una espiral descendiente mutuamente destructiva.

¿Qué ocurre cuando las burbujas explotan? Invariablemente, desaparece mucha riqueza de papel. Pero eso en sí no es suficiente para convertir la explosión de la burbuja en una catástrofe para la economía como un todo. La caída de la bolsa de 2000-2002 fue un golpe de cinco billones de dólares a la riqueza interna de Estados Unidos. Creó mucho sufrimiento para las personas que contaban con las ganancias de capital para su retiro, pero no desató una crisis sistémica más amplia. El descalabro habitacional fue un golpe de ocho billones, no mucho más grande que la caída de la bolsa, una vez que tomas en consideración tanto la inflación como el crecimiento económico en el ínterin. Pero produjo la peor crisis global desde los años 30. ¿Por qué?

Gran parte de Crisis Economics de Roubini y Mihm está, en efecto, dedicado a esa pregunta. En vista de la reputación de hombre salvaje y predicador del desastre de Roubini, el libro no sorprende por su novedad. Pero es una buena base para entender cómo las finanzas putrefactas pueden destruir una economía que por otra parte es saludable. Hay dos grandes respuestas a la pregunta de porqué algunas burbujas de valores hacen tanto daño cuando explotan. La respuesta de visión estrecha se enfoca en el sector financiero; la respuesta de visión amplia sostiene que la deuda y el apalancamiento entre jugadores no financistas, tales como corporaciones y dueños de viviendas, son igual de importantes. Según cuál respuesta aceptemos, habrá grandes implicaciones para el enfoque y para el modo en que podemos responder a las continuas tribulaciones de la economía.

Hablemos primero del sector financiero: bancos e instituciones como los bancos. Hasta Adam Smith sabía que los bancos son particularmente proclives a las crisis de confianza. Está en la naturaleza de su negocio: un banco puede prometerte que tendrás acceso a tu dinero cuando lo quieras, pero como la mayor parte de los fondos colocados al cuidado de cualquier banco se invierten en activos a largo plazo, ningún banco realmente puede cumplir con esa promesa si una fracción grande de sus depositarios exige simultáneamente que le devuelvan su dinero. Así que la banca depende de la confianza: mientras la gente crea que su dinero está seguro y sólo saca dinero cuando tienen una razón personal o por negocios, su dinero probablemente sí estará seguro.

Pero si los clientes del banco empiezan a tener dudas sobre la solidez de la institución y deciden, en masa, sacar su dinero -es decir, si hay una corrida– el temor de que el banco fallará pueden convertirse en una profecía autocumplida. El descalabro global en bienes raíces, a diferencia de la explosión de la burbuja puntocom, suscitó preocupaciones justificadas sobre la solidez de los bancos. Las instituciones financieras, en general, no estaban expuestas a bonos tecnológicos. Sin embargo estaban muy expuestas a pérdidas por moras en las hipotecas. Así que no es de sorprenderse, por lo menos en retrospectiva, que el descalabro habitacional haya desencadenado una corrida en grandes áreas del sistema financiero. O, para usar un término anticuado que ha regresado a la usanza común, desencadenó un pánico financiero.

Pero, ¿cómo puede ocurrir un pánico tradicional en el mundo moderno? Generaciones de profesores de Economía han dicho a sus estudiantes que las corridas de los bancos -como la famosa escena en la película It’s a Wonderful Life– pertenecen al pasado, porque los depositantes modernos saben que su dinero está asegurado por el FDIC. ¿Porqué se equivocaron? La respuesta ahora familiar es que para 2007 el sistema financiero había evolucionado al punto en que tanto las regulaciones tradicionales de los bancos, como su red de salvación asociada, estaban llenas de huecos.

Cada vez más, en Estados Unidos, a la banca convencional la estaba suplantando una variedad de alternativas, generalmente agrupadas hoy en día bajo el sustantivo “banca fantasma.” Por ejemplo, muchos negocios empezaron a estacionar su dinero en convenios de recompra en vez de usar los bancos: son los “repo”, préstamos a muy corto plazo para cubrir fondos y bancos inversionistas). Los “repo” tiene un rendimiento en intereses más alto que los depósitos corrientes, porque el emisor no estaba atado por los requerimientos de la reserva ni por otras reglas que se aplican a los bancos convencionales. Pero no estaba garantizado por el gobierno, y por lo tanto estaba sujeto a las crisis de confianza. Las corridas en “repo” descalabraron a Bear Stearns y Lehman Brothers. Y en muchas estimaciones, para 2007, el “repo” y otras formas de banca fantasma comprendían un 60 por ciento del total del sistema bancario de Estados Unidos. Y sin embargo la banca fantasma siguió principalmente sin regulaciones y sin seguros. “No es gran sorpresa”, escriben Roubini y Mihm, “que el sistema de bancas fantasma estaba al centro de lo que se convertiría en la madre de todas las corridas bancarias”.

En Europa, la desarticulación de la red de seguridad bancaria tradicional tomó una forma un poco diferente. Primero que nada, los bancos en las áreas de la burbuja de España, Irlanda, Islandia y el Reino Unido otorgaron préstamos que sobrepasaban bastante sus depósitos, lo cual suplementaban con fondos del mercado al por mayor, básicamente pidiendo prestado de otros bancos e inversionistas. Este financiamiento al por mayor pudiera secarse, y así lo hizo, cuando la solidez de los prestamistas originales se puso en evidencia. Más allá de esto, los bancos europeos estaban respaldados por sus gobiernos nacionales, no por una red de seguridad paneuropea, lo cual significaba que cuando los problemas bancarios mayores surgieron en algunos países, la habilidad de los gobiernos de esas naciones para detener a sus bancos se puso en duda. Islandia es el ejemplo más famoso, donde un puñado de banqueros de corrida desarrollaron una deuda varias veces el tamaño del PIB del país. Dudas similares, pero menos severas, sobre la habilidad del gobierno para lidiar con las deudas bancarias han surgido en Irlanda y España.

Así que el descalabro en bienes raíces creó una crisis de confianza en gran parte del sistema financiero mundial y eventualmente paralizó partes cruciales de ese sistema. Empezaron a aparecer señales de la tensión a finales del verano de 2007; el infierno se desató después del desastre de Lehman en septiembre de 2008. Durante el invierno de 2008-2009 los costos para préstamos se dispararon para casi todo el mundo, menos para el gobierno, si acaso podían conseguir algún crédito. Y la economía mundial parecía peligrosamente cerca de fundirse totalmente. Los legisladores corrieron para prevenir el final. Las instituciones bancarias fueron rescatadas a expensas del contribuyente; las garantías se extendieron para restaurar la confianza. En Irlanda, por ejemplo, tomaron el paso extraordinario de garantizar toda la deuda bancaria de Irlanda; los bancos centrales y las agencias gubernamentales entraron como “prestamistas de último recurso,” dando crédito donde los bancos no pudieran o no quisieran.

Prosperidad de hoy, hambre de mañana

Estas medidas fueron exitosas para calmar el pánico: para principios del verano de 2009, casi todos los indicadores de stress financiero se habían reducido a niveles más o menos normales. Y como dijimos al principio de esta reseña, la economía mundial culminó su largo descenso y empezó a crecer de nuevo. Pero como también notamos, no ha sido una gran recuperación. Si el problema fundamental yacía en una crisis de confianza en el sistema bancario, ¿por qué la restauración de la confianza bancaria no ha traído un retorno a un crecimiento económico sólido?

La respuesta probable es que los bancos sólo eran parte del problema. Es curioso que solo uno de los tres libros reseñados acá ni siquiera mencionan el trabajo del fallecido Hyman Minsky, un economista heterodoxo, largamente ignorado, pero cuyo momento ha llegado, de muchas maneras. Roubini y Mihm le dan una buena repasada a las opiniones de Minsky, y Richard Koo, lo sepa o no, es realmente minskyiano. La teoría de Minsky, en breve, era que las eras de estabilidad financiera crean el escenario para las crisis futuras, porque fomentan una amplia variedad de actores económicos para que asuman cantidades aún más grandes de deuda e incurran en especulaciones cada vez más arriesgadas.

Mientras el precio de los valores sigue subiendo, impulsados por las compras por deudas, todo se ve bien. Pero tarde o temprano la música se detiene: hay un “momento Minsky” cuando todos los jugadores se dan cuenta (o se ven forzados por sus acreedores a darse cuenta) que el precio de los activos no crecerá por siempre, y que los prestatarios han incurrido en mucha deuda. ¿Acaso esta nueva prudencia no es una cosa buena? No. Cuando un individuo trata de pagar su deuda, eso está muy bien, pero cuando todo el mundo trata de hacerlo al mismo tiempo, las consecuencias fácilmente pueden ser destructivas para todos los que están involucrados.

El proceso de destrucción es más fácil de ver en el sector financiero, donde el intento de todos de pagar su deuda, donde todos quieren vender sus valores al mismo tiempo, puede resultar en un círculo vicioso de precios en picada y creciente angustia. Pero el problema no está restringido necesariamente a las finanzas. El libro The Holy Grail of Macroeconomics, de Richard Koo, sostiene, de hecho, que el problema mayor que encaran las economías después del momento Minsky (aunque nunca usa el término) no yace en los sectores financieros sino en los no financieros con mucha deuda en sus hojas de balance.

Koo es el economista en jefe del Nomura Research Institute. Gran parte de su libro está dedicado a la larga era de estancamiento del Japón, desde principios de los años 90 en adelante. Este estancamiento, explica, refleja principalmente los problemas de la hoja de balance de corporaciones no financieras, que están varadas con altos niveles de deuda después del descalabro de la burbuja de los años80. Sostiene que Estados Unidos ahora enfrenta un reto similar, con los problemas de deuda concentrados no entre las corporaciones sino entre los dueños de casas, que incurrieron en grandes compromisos en el curso de comprar vivienda, y la usaron como cajero automático, es decir, usaban el refinanciamiento para extraer efectivo del alza en los precios de las casas y gastaban ese dinero en mayor consumo.

En el análisis de Koo, intentos simultáneos de tantos jugadores privados para pagar sus propias deudas llevaron a una “falacia de composición” relacionada a la famosa (pero frecuentemente ignorada) “paradoja del ahorro.” Cada recorte de gastos de una corporación individual o de un hogar es un esfuerzo por reducir la deuda; pero estos cortes de gasto reducen el ingreso de todo el mundo y mantienen la economía persistentemente deprimida.

Estos problemas más amplios de deuda y reparto explican porqué la estabilización exitosa de la industria financiera no ha hecho otra cosa que sacar a la economía del borde del abismo, sin producir una recuperación sólida. La economía todavía está herida por la deuda. Es decir, los esfuerzos simultáneos de tantas personas por pagar sus deudas al mismo tiempo la mantienen deprimida. Así que, ¿cuál es la respuesta? A corto plazo la única manera de evitar una depresión cuando casi todo el sector privado trata de pagar la deuda simultáneamente es que el gobierno vaya en la dirección contraria: convertirse, en efecto, en el prestamista de último recurso, emitiendo deuda y siguiendo con el gasto, mientras el sector privado retrocede.

Al calor del momento Minsky, los déficits de presupuesto no sólo son buenos, son necesarios. De hecho, se puede decir que el aumento de déficits presupuestarios mundialmente entre 2007 y 2009 fue hasta más importante que el rescate financiero para ayudar a evitar que el descalabro de bienes raíces desencadenara una réplica total de la Gran Depresión. Esta oleada de déficit presupuestarios, por cierto, no fue principalmente el resultado de esfuerzos deliberados para estimular la economía. En cambio, los factores principales fueron, primero, el colapso de la recepción de impuestos cuando las economías se desplomaron, y segundo, un alza en pagos automáticos como beneficios del seguro de desempleo. En Estados Unidos, el déficit federal de dos años, desde 2009-2010, será de 2,5 billones de dólares; el plan de estímulo de Obama sólo contiene menos de un cuarto del total. Así que los déficits presupuestarios nos alejan de la caída al abismo.

Pero, ¿cómo puede recuperarse la economía?

¿Cómo puede recuperarse la economía? Fault Lines, de Raghuram Rajan, uno de los tres libros reseñados, no habla casi sobre este problema. Parece más preocupado con evitar futuras burbujas, tanto que hace un llamado al aumento inmediato de tasas de interés a pesar del estado deprimido de la economía. Nouriel Roubini y Stephen Mihm advierten que la recuperación puede ser muy lenta pero no ofrecen una solución, en cambio critican las soluciones ofrecidas por otros. Sólo Richard Koo tiene algo positivo que proponer, aunque su respuesta aparece fuera del espectro de las posibilidades políticas.

La mayor parte del tiempo, contamos con bancos centrales para que diseñen la recuperación económica después de una depresión, tal como lo hicieron tras la recesión de 2001. Normalmente, cuando la recesión golpea, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra recortan las tasas de interés a corto plazo controladas por ellos; las tasas a más largo plazo, las determinadas por el mercado, caen por solidaridad; y el sector privado responde a los préstamos y al gasto de más dinero. Ante la severidad de la depresión ocurrida tras la implosión habitacional de 2008, sin embargo, esta respuesta convencional se ha quedado corta. Una manera de reanimar la economía es utilizar la llamada regla Taylor, una regla básica que ata la política de intereses federales a los niveles de desempleo e inflación.

Aplicar la histórica regla Taylor ahora, con la inflación tan baja y el desempleo tan alto, significaría que la tasa principal de la política federal, la tasa overnight en la cual los bancos se prestan reservas entre sí, debería ser menos del 5% o 6% que hay actualmente. Obviamente, eso no es posible: nadie prestará a una tasa de interés negativa, pero en cambio, siempre puedes mantener el efectivo. Así que la política monetaria convencional está contra el “atado a menos cero”: no puede hacer otra cosa. Estamos en la clásica trampa keynesiana de liquidez, donde la economía está tan inundada de liquidez que agregarle más no tiene efecto. ¿Qué queda?

Una respuesta está en la política fiscal: el gobierno puede entrar y gastar cuando el sector privado no lo haga. Ya hemos discutido –en la primera parte de esta reseña- acerca de que un aumento del déficit del gobierno jugó un papel clave en prevenir que la crisis de 2008 fuera una réplica de la Gran Depresión. ¿Por qué no usar más gasto del déficit para impulsar una recuperación completa? Esa es una pregunta que merece consideraciones más serias de las que ha recibido hasta ahora. Dejando de lado las cuestiones políticas, si crees que el gasto del déficit es una manera efectiva de reducir el desempleo –como lo hacen claramente, por ejemplo, Roubini y Mihm– ¿por qué no abogar para que se siga hasta el final y gastar lo suficiente para restaurar el pleno empleo? Y sin embargo, es una recomendación que pocos economistas han estado dispuestos a hacer. En cambio, hasta los que tienen una visión claramente keynesiana de cómo funciona la economía tienden a obstaculizar el seguimiento de esa visión hasta su conclusión lógica.

De acuerdo a Ryan Lizza de The New Yorker, en diciembre de 2008 Larry Summers preparó un memorándum para el presidente electo que defendía al estimulo fiscal como recurso contra la recesión, pero luego explícitamente rechaza la idea que el estímulo debe ser lo suficientemente grande para restaurar el pleno empleo. Summers sostiene que demasiado gasto puede crear preocupaciones sobre la posición fiscal del gobierno a largo plazo, y por lo tanto resultar en un aumento escalado en los costos de los préstamos de Estados Unidos. El libro Crisis Economics, de Roubini y Mihm también parece alejarse, a última hora, de las implicaciones de su propio análisis. En el capítulo 7, titulado “Spend More, Tax Less?”, comienzan a defender el estímulo fiscal keynesiano. Arguyen que el error del New Deal estaba en gastar demasiado poco en la recuperación, y que la Segunda Guerra Mundial terminó con la Gran Depresión precisamente porque llevó al enorme gasto del déficit. Pero la claridad de su argumento luego se disuelve en una bruma de cautela. Principalmente se enfocan en alertar que el gasto del déficit puede aumentar las tasas de interés.

Saltar hacia adelante

Tales advertencias son, por supuesto, la moda en estos tiempos. Pero Richard Koo, el director económico del Nomura Research Institute, no quiere saber nada de esto. En un momento que requiere que la austeridad fiscal sea el último grito, Koo toma una postura diferente. La mayoría de los economistas que analizan la experiencia de Japón en las ultimas dos décadas la usan como una historia con moraleja: año tras año, con grandes déficits de presupuesto y aumentando consistentemente la deuda, pero sin una recuperación total. Sin embargo, Koo considera a Japón una historia de éxito calificada. En su opinión, el desastre financiero que ocurrió cuando explotó la burbuja económica de Japón en los 80 fácilmente pudo haber conllevado una depresión. Sin embargo, Japón logró evitar ese destino. La clave, sostiene, eran esos déficit tan maldecidos de la brecha fiscal de Japón, y declara, “el perfecto ejemplo de un buen déficit” fue lo que sostuvo la economía mientras el sector privado gradualmente restauró sus hojas de balance. La única vez que la política económica japonesa salió mal, en opinión de Koo, fue cuando los legisladores intentaron regresar a la ortodoxia presupuestaria, desatando una nueva recesión.

Koo sostiene que hoy, con el mundo en su totalidad sosteniendo una hoja de balance en recesión, precisamente los gobiernos de las grandes economías necesitan incurrir en grandes déficit fiscales, y seguir haciéndolo hasta que el sector privado esté listo para gastar de nuevo. Sólo entonces, cuando la economía ya no dependa del sustento del gobierno, sería apropiado girar hacia la reducción del déficit. ¿Pero es cierto que los gobiernos pueden seguir prestando y gastando? Sí, dice Koo: como el mundo que vio Keynes en los 30, el de hoy está inundado de ahorros sin lugar para colocarlos: “Hasta en los países con ahorros reducidos, tales como Estados Unidos y el Reino Unido, la recesión actual es el resultado del ahorro incrementado del sector privado, en un momento cuando no hay suficientes prestatarios para cubrir todo. En otras palabras, el ahorro necesario para financiar el gasto del déficit generalmente se genera domésticamente. Tampoco hay el riesgo de abarrotamiento; las instituciones financieras estarán felices de prestarle cien dólares al último prestatario que quede”.

Esto es, sobra decirlo, una visión contraria a la sabiduría convencional actual … pero en estos días, la sabiduría convencional se ve muy tonta. Desde que comenzó la crisis hay personas de la clase dirigente advirtiendo que los mercados de bonos están a punto de perder la fe en las naciones con grandes déficits presupuestarios; sin embargo, las tasas de interés siguen cayendo en vez de subir. En este punto, todos los gobiernos de los grandes países avanzados pueden pedir prestado a largo plazo con una tasa de interés menor al 3 por ciento. Estas tasas a largo plazo tan bajas muestran que los mercados no están preocupados si los déficits presupuestarios actuales socavarán la viabilidad fiscal de estos gobiernos a largo plazo.

Las tasas bajas también sugieren que no existen obstáculos ante una política que apoye la economía con gastos temporales del déficit, bien sea que el gasto se haga en inversiones de infraestructura, ayuda al desempleado o descuentos a los contribuyentes.

Tales caídas en los intereses, según nos dice Koo, son exactamente lo que debemos esperar dada la experiencia de Japón: incluso mientras subía la deuda japonesa, el retorno sobre los bonos del gobierno japonés cayó continuamente. Esto ocurrió a pesar de las advertencias de los reformistas fiscales de todos los colores, que sostenían que las tasas de interés japonesas se dispararían al cielo y llevarían a la economía al desastre. Sus guiones sobre la debacle nunca se realizaron. Las tasas de interés siguieron bajas, sostiene, porque durante el bajón de la hoja de balance japonesa los prestamistas privados no estaban compitiendo con el gobierno por los fondos.

A nuestro parecer, Koo plantea su punto persuasivamente. Desafortunadamente, no es un caso que actualmente logre avanzar en la política norteamericana. En particular, en este momento hay cero posibilidades de conseguir un estímulo significativo a través del Congreso estadounidense, mucho menos el tipo de estímulo grande y multinivel por el que aboga Koo. Entonces, ¿habrá políticas alternativas que al menos puedan ayudar a promover la recuperación?

Si quedan algunas opciones, probablemente requieren trabajo de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal. Como ya hemos notado, la política monetaria convencional ha llegado a su límite. Pero todavía puede haber espacio para políticas monetarias no convencionales. Los propulsores de la política no convencional con frecuencia citan una crítica de 1999 contra el Banco de Japón, escrita por nadie menos que Ben Bernanke en sus días anteriores a la Reserva. Tal como la Reserva actual, el Banco del Japón había llevado la política monetaria convencional al límite. Pero no se le habían agotado las opciones, según Bernanke: “Lejos de estar impotente, el Banco del Japón podía lograr mucho si estaba dispuesto a abandonar la cautela excesiva y su respuesta defensiva ante la crítica.” Como muchos han notado, lo mismo puede decirse sobre la Reserva hoy en día.

¿Qué podría hacer la Reserva? No puede obligar a bajar tasas de interés a corto plazo

sobre la deuda gubernamental. Pero puede tratar de reducir otras tasas de interés. Las tasas de interés sobre la deuda gubernamental a largo plazo normalmente contienen una prima por desactivar sus fondos exigida por los inversionistas; la Reserva pudiera reducir las primas y por ende, las tasas a largo plazo, comprando la deuda de largo plazo del gobierno directamente. Las tasas de interés sobre la deuda privada normalmente requieren una prima adicional, por la posibilidad de mora; de nuevo, la Reserva pudiera reducir esta prima comprando esa deuda directamente (compras de bonos tan poco convencionales se han visto, sorprendentemente, como “descongestión cuantitativa.”)

La Reserva también pudiera intentar cambiar las expectativas, anunciando su intención de mantener bajas las tasas de interés a corto plazo durante un buen tiempo. Y hay un caso fuerte, en teoría, para subir la meta de inflación de la Reserva. Hoy en día, se cree que la Reserva generalmente apunta hacia una inflación del 2 por ciento, lo que quiere decir que los inversionistas creen que comenzarán a aumentar las tasas de interés si la inflación pareciera querer subir por encima de eso. Aumentar la meta hasta 3 o 4 por ciento haría atractivo prestar, al reducir el verdadero costo del pago, alzando tanto la inversión como el gasto del consumidor. Una inflación más alta también reduciría la carga real de la deuda existente del consumidor, actualmente en un 108 por ciento del ingreso personal.

Los tres libros reseñados acá, sin embargo, terminan hablando en contra del uso de políticas monetarias no convencionales. Esto no nos sorprende en el caso de Rajan, a quien no parece importarle promover la recuperación. Es más sorprendente en el caso de Roubini-Mihm y de Koo, cuyo análisis subyacente pareciera favorecer la acción audaz de los bancos centrales. En el caso de Roubini – Mihm, el rechazo a las políticas monetarias no convencionales parece unirse con su incapacidad de seguir la lógica de su propio keynesianismo. Cambios posibles en políticas terminan estando constreñidas por el temor de que los mercados de bonos perderán su fe en Estados Unidos: “Mientras EEUU acumula cargas asombrosas de deuda, algunos de sus acreedores temen que puede tratar de depreciar el dólar deliberadamente al monetizar el déficit… Si Estados Unidos fuera un mercado emergente, habría sufrido hace mucho el colapso de la confianza en su deuda y en su moneda.” Uno se pregunta cómo saben que los acreedores tienen estos temores, ya que la realidad es que las tasas de interés en Estados Unidos siguen en una baja sin precedentes; uno también se pregunta por qué creen que una caída en el dólar sería algo negativo, porque de hecho sería un impulso para los exportadores norteamericanos y un estímulo para la economía.

Koo, mientras tanto, adopta lo que nos parecen posiciones contradictorias. Sostiene al inicio de su libro que la expansión monetaria y el intento de elevar las expectativas de la inflación futura son inefectivas en una economía con problemas en su hoja de balance. Luego sostiene, hacia el final del libro, que una relajación cuantitativa amenazaría con crear una amplia inflación. No estamos seguros de cómo puede creer ambas cosas; tampoco nos queda claro por qué no le parece que una inflación significativa es una manera deseable de reducir la carga, que ha empeorado debido a la deflación (el alza de 72 por ciento en los precios de los consumidores entre 1940 y 1947, que redujo mucho el verdadero valor de la deuda del sector privado, debe ser una gran razón para que la economía estadounidense no vuelva a caer en depresión después de la Segunda Guerra Mundial).

Bombardear la economía

Lo sorprendente, al final, sobre los libros reseñados acá, es que solo uno de ellos -el de Koo- ofrece algún tipo de propuesta para limpiar el desastre económico en el cual estamos. Y la propuesta de Koo, a pesar de que tiene mucho sentido analítico, no es un impulsador político, pero rechaza cualquier otra idea. En otras palabras, es difícil leer lo que se escribe actualmente sobre la crisis económica sin un sentido de desesperanza: los economistas ni siquiera parecen estar interesados en resolver el problema continuo del desempleo masivo. Pero el problema persiste. ¿Qué podemos hacer al respecto?

En los meses que siguieron al desastre de Lehman Brothers, los legisladores parecieron entender que habíamos entrado en un mundo en el cual las reglas usuales ya no aplicaban, un mundo en el cual incurrir en enormes déficits presupuestarios era un acto de prudencia y no de locura, en el cual compras de deudas a gran escala hechas por los bancos centrales eran una virtud y no un pecado.

Pero esa comprensión se desvaneció rápidamente. Las políticas no convencionales se necesitan tanto como antes; pero a los legisladores les tiembla el pulso. Exhortados por demasiados analistas políticos, se han revertido a las formas convencionales de pensar. Este es, obviamente, el caso de la política fiscal. Desde los pasillos del Congreso hasta los corredores del Banco Central Europeo, la retórica sobre los maleficios de los déficit presupuestarios está a la orden del día.

Los mercados todopoderosos, nos dicen, castigarán a aquellos que no impongan austeridad fiscal extrema aún de cara al altísimo desempleo, a pesar de que, como hemos notado, la realidad de la caída de las tasas de interés no muestra indicación alguna de que vendrán los “escuadrones de bonos” tan temidos –inversionistas que harán una corrida en las deudas de las grandes naciones, disparando las tasas de interés al cielo, a menos que se bajen los déficit rápidamente. No hay señal de que el gobierno estadounidense, al vender bonos, tenga problemas en pedir prestado para poder financiar el gasto del déficit. Ni parece que mucha gente pueda estar dispuesta a reconocer la creciente y obvia incapacidad de las políticas de austeridad en aquellos países que realmente han perdido la confianza en el mercado de bonos. Políticas austeras en Grecia e Irlanda han resultado en inmenso desempleo; sin embargo los inversionistas parecen menos dados que nunca a comprar la deuda de esos países. Como uno de nosotros resaltó, los legisladores supuestamente responsables empiezan a sonar más y más como los sacerdotes de un culto bárbaro, exigiendo sacrificios en nombre de dioses invisibles.

La reversión fuera de tiempo al convencionalismo es menos dramática en el caso de la política monetaria: aquellos que, como Rajan, realmente quieren apretar la política de cara a la inflación descendiente y el desempleo masivo son una minoría. Pero es difícil escapar el sentido que los bancos centrales, incluyendo la Fed, han caído en la “parálisis auto inflingida” que Ben Bernanke vio en Japón hace una década: la inflación está muy por debajo de la meta y deslizándose hacia la deflación; el mandato legal federal de promover “máximo empleo” claramente no se cumple, sin embargo la política parece congelada.

Entonces, ¿qué recomendamos hacer? Prácticamente todo lo que pueda estimular la economía. Si es políticamente imposible gastar más en infraestructura, al menos promoverlo y golpear a los oponentes por su obstruccionismo (vale la pena notar que la reciente propuesta del presidente Obama para hacer un banco nacional de infraestructura es muy parecida a una propuesta que ha sido apoyada, nada más y nada menos, por la fuertemente anti Obama Cámara de Comercio). Recortes de impuesto temporales, dirigidos –como los incentivos temporales para la inversión mercantil también propuesta recientemente por Obama— no son nuestra política preferida, pero son mejor que nada. Y la expansión monetaria debería impulsarse por todas las rutas posibles. Sí, es incierto cuán efectiva puede ser cualquier medida, pero esa no es una razón para no intentarla.

También deberíamos considerar políticas que permiten a los prestatarios reducir la carga de su deuda, tal como permitir que las hipotecas sean cubiertas por procedimientos de bancarrota personal, o, como propuso Bill Gross del fondo de bonos Pimco, permitir que Fannie Mae y Freddie Mac incurran en refinanciamientos de hipoteca. Aunque el programa de Obama para modificar las obligaciones hipotecarias eran un paso en esa dirección, han fallado ampliamente gracias a las complejas reglas y al cerramiento de los prestamistas—el resultado de su construcción cautelosa. Ciertamente, ha empeorado la situación de muchos prestatarios.

Una última cosa: tal como el desbalance global -el exceso de ahorro creado por el superávit en China y otros países- jugó un papel importante en crear la burbuja inmobiliaria, tiene un rol clave en bloquear la recuperación ahora que la burbuja ha explotado. Koo tiene razón al decir que el problema esencial de la economía mundial, en este momento, es un exceso de ahorro y la insuficiencia de prestatarios; países que siguen incurriendo en gran excedente comercial en este ambiente -como China y Alemania- están sosteniendo sus propias economías a expensas del resto del mundo.

Lo que esto quiere decir, primero que nada, es que Estados Unidos debería tomar una línea mucho más dura con China de lo que ha hecho hasta ahora; China ha subvaluado su moneda deliberadamente y eso es, pura y simplemente, una política destructiva desde el punto de vista global. También quiere decir que el resto de Europa necesita empezar a responsabilizar a Alemania: los alemanes pueden verse a sí mismos como modelos, pero sus excedentes después de 2000, inundando el resto de Europa con dinero barato, jugaron un gran papel en crear la burbuja inmobiliaria en las economías periféricas de Europa. Y la continua confianza que Alemania tiene en el crecimiento dirigido a exportaciones es, de hecho, una estrategia de mendigo ante el vecino, creciendo a expensas del vecino.

La sabiduría convencional del momento subraya el riesgo de acción en cualquiera de estos frentes: fiscal, monetario o comercial. Pero esos riesgos son hipotéticos y, creemos, muy exagerados. Mientras tanto, todo el mundo parece ignorar los riesgos de permitir que continúe la recesión. La crisis económica que comenzó en 2008 está lejos de terminar. Y si los gobiernos no actúan, lo peor está por venir.

Princeton University Press
Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy
Raghuram G. Rajan

Penguin
Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance
Nouriel Roubini y Stephen Mihm

Wiley
The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession
Richard C. Koo

Vía: Prodavinci

El fin del crecimiento

2011-02-08T14:35:00.000-08:00

Anticipo condensado del próximo libro de Richard Heinberg, a publicarse en Julio de 2011.

Traducción: Horacio Drago.
Original en inglés

Introducción: La nueva normalidad

La afirmación central de este libro es tan simple como sorprendente: El crecimiento económico tal como lo hemos conocido ha terminado.

El “crecimiento” así como se ha venido llamando, consiste en la expansión permanente de la economía global, con cada vez más personas atendidas, más dinero cambiando de manos, y mayores cantidades de energía y bienes materiales fluyendo a través de ellas.

La crisis económica que comenzó en 2007-2008 fue tan previsible como inevitable, y marca una ruptura permanente con respecto a las décadas anteriores, período durante el cual la mayoría de los economistas adoptó la visión irreal de que el crecimiento económico perpetuo es necesario, deseable, y además perfectamente posible de mantenerse en el tiempo. Pero en la actualidad ya han aparecido barreras infranqueables a dicha expansión económica, y estamos colisionando con dichas barreras.

Esto no quiere decir que los EE.UU. o el mundo entero nunca más verán otro trimestre o año de crecimiento respecto al trimestre o año anterior. Sin embargo, los golpes se hacen secuenciales y encadenados unos con otros, y la tendencia general de la economía (medida en términos de producción y consumo de bienes reales) estará al mismo nivel o en descenso, pero no en ascenso a partir de ahora.

Tampoco será imposible para cualquier región, nación o empresa continuar creciendo por un tiempo. En un análisis final, sin embargo, este crecimiento será conseguido a expensas de otras regiones, naciones o empresas. A partir de ahora, sólo un crecimiento relativo es posible: La economía mundial está jugando un juego de suma cero, con un premio cada vez más chico a repartirse entre los ganadores.

¿Por qué se acaba el Crecimiento?

Muchos analistas financieros apuntan hacia profundas anomalías internas de la economía, asumiendo que las amenazas inmediatas que impiden retomar la senda del crecimiento económico, son solamente los niveles sobreexcedidos e impagables de las deudas públicas y privadas, y el estallido de las burbujas inmobiliarias. La suposición general es que, con el tiempo, una vez que estos problemas puedan solucionarse, las tasas de crecimiento repuntarán nuevamente. Pero los analistas generalmente no toman en cuenta factores externos a la economía financiera, los que hacen que sea casi imposible la reanudación del crecimiento económico convencional. Esta no es una condición temporaria sino permanente.
Hay tres factores principales que claramente surgen en un contexto de crecimiento económico:

• El agotamiento de importantes recursos, incluyendo combustibles fósiles y minerales.

• La proliferación de impactos ambientales como consecuencia de la extracción y uso de los recursos (incluyendo la quema de los combustibles fósiles), que con un efecto bola de nieve provocan aumentos de los costos de dichos impactos en sí mismos, más los esfuerzos para prevenirlos y mitigarlos.

• Las perturbaciones financieras causadas por la incapacidad de nuestros sistemas monetarios, bancarios y de inversiones, para ajustarse tanto a la escasez de recursos como al aumento de los costos ambientales, y su incapacidad para sostener los enormes volúmenes de deuda pública y privada que se generaron en las últimas dos décadas, dentro del contexto de una economía cada vez más restringida.

Más allá de la tendencia que tienen los economistas para enfocarse solamente en el último de estos tres factores, en los recientes años es posible apuntar literalmente hacia miles de eventos que ilustran cómo los tres factores interactúan y golpean a la puerta cada vez con más fuerza. Consideremos sólo uno: La catástrofe en el año 2010 de la Deepwater Horizon en el Golfo de México.

El hecho de que BP estuvo perforando para extraer petróleo en aguas profundas del Golfo de México muestra una tendencia global: Mientras que el mundo no está en peligro de quedarse sin petróleo en el corto plazo, ya hay muy poco petróleo que se encuentra en tierra, en áreas donde las perforaciones son más accesibles. Estas zonas han sido exploradas y sus ricos yacimientos de hidrocarburos se están agotando. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en 2020 casi el 40% de la producción mundial de petróleo provendrá desde regiones de aguas profundas. Así como es difícil, peligroso y costoso operar una plataforma de perforación sobre un kilómetro o dos de agua del océano, es lo que la industria petrolera deberá hacer para continuar suministrando el producto. Y eso significa petróleo más caro.

Obviamente, los costos ambientales de la explosión y derrame provocado por la plataforma Deepwater Horizon han sido ruinosos. Ni los EE.UU. ni la industria petrolera pueden permitirse otro accidente de esa magnitud. Así que en 2010 el gobierno de Obama estableció una moratoria de perforación en aguas profundas del Golfo de México, mientras se legislan nuevas normas y regulaciones. Otros países también comenzaron a revisar sus propias reglamentaciones para la exploración petrolera en aguas profundas. Sin dudas que esto hará menos probable que en el futuro ocurran estos desastres, pero aumentan los costos de hacer negocios, y por lo tanto, el ya elevado costo del petróleo.

El accidente de la Deepwater Horizon también ilustra la reacción en cadena, y hasta qué punto los efectos del agotamiento y el daño ambiental han golpeado a las instituciones financieras. Las compañías de seguros se han visto obligadas a aumentar las primas en las operaciones de perforación en aguas profundas, y los impactos en las empresas pesqueras regionales han afectado duramente a la economía de la costa del Golfo. Mientras que los costos para la región han sido compensados en parte con pagos de BP, esos pagos obligaron a la compañía a reestructurarse, y el valor de sus acciones y rendimientos bursátiles se derrumbaron. Los problemas financieros de BP a su vez afectaron a los fondos de pensiones británicos que habían invertido en la empresa.

Este es sólo un evento, ciertamente uno espectacular. Si se tratara de un problema aislado la economía podría recuperarse y seguir adelante. Pero estamos y estaremos ante una galopante sucesión de desastres ambientales y económicos, no directamente relacionados entre sí, que obstaculizarán cada vez más el crecimiento económico. Esto incluye, aunque no está limitado a lo siguiente:

• Cambio climático que provoca sequías, inundaciones e inclusive hambrunas en diversas regiones
• Escasez de agua y energía
• Quiebras bancarias, empresarias y ejecuciones hipotecarias

Cada uno de estos problemas se suelen tratar como casos puntuales, cuestiones que deben resolverse para poder “volver a la normalidad”. Pero en última instancia todos están relacionados entre sí, pues son consecuencia de la creciente población humana que lucha por aumentar su nivel de consumo per cápita de los recursos limitados (incluyendo los no renovables como los combustibles fósiles que impactan sobre el clima), todo ello en un planeta finito y frágil.

Mientras tanto, el despropósito de varias décadas acumulando deuda, ha creado las condiciones para que se produzca la crisis financiera del siglo que ya vemos por todas partes, y que tiene el potencial en sí misma para generar gran inestabilidad política y miseria humana.
El resultado: Estamos viendo una tormenta perfecta de varias crisis convergentes, que en conjunto representan un hito en la historia de nuestra especie. Somos testigos y participantes de una transición desde décadas de crecimiento económico, hacia décadas de contracción económica.

¿Por qué el Crecimiento es tan importante?

Durante los últimos dos siglos, el crecimiento fue prácticamente el único índice de bienestar económico. Si la economía crecía había empleos y las inversiones daban altos rendimientos. Cuando la economía temporariamente paró de crecer, tal como ocurrió durante la “Gran Depresión”, se produjeron sangrías financieras.

A lo largo de este período, la población mundial se incrementó desde menos de dos mil millones de seres humanos en 1900, hasta casi siete mil millones hoy en día. Y estamos sumando alrededor de 70 millones de “nuevos consumidores” cada año. Esto hace que el crecimiento futuro sea algo más crucial aún: Si la economía se estanca, habrá menos bienes y servicios per capita para todos.

Nos hemos basado en el crecimiento económico para el “desarrollo” de las economías más pobres del mundo. Sin crecimiento, debemos asumir seriamente la posibilidad de que cientos (tal vez miles) de millones de personas, nunca alcanzarán ni siquiera una versión rudimentaria del estilo de vida consumista del cual disfrutan los habitantes de las naciones industrializadas.

Por último, hemos creado sistemas monetarios y financieros que requieren crecimiento. Cuando la economía crece, eso significa que hay disponible más dinero y más crédito. Las expectativas aumentan, la gente compra más y más productos, los negocios necesitan más préstamos, y los intereses sobre los préstamos pueden ser devueltos. Pero si no hay nuevas emisiones de moneda que ingresen al sistema, el interés sobre los préstamos existentes no puede ser devuelto. Como resultado se produce una bola de nieve de morosidad, se pierden empleos, disminuyen los ingresos, se restringen las contrataciones, lo cual a su vez hace que las empresas pidan menos préstamos, causando que menos cantidad de dinero ingrese en la economía. Esta situación es un bucle de realimentación destructivo, el cual es muy difícil de detener una vez que se pone en marcha.

En otras palabras, la economía no cuenta con una configuración “estable” o “neutral”: Solamente puede haber crecimiento o contracción. Y “contracción” es justamente una agradable manera de llamar a la “depresión”, es decir, un largo período de pérdidas de empleos en cascada, cierres, morosidad y quiebras. Nos hemos acostumbrado tanto al crecimiento, que es difícil recordar que en realidad es un fenómeno bastante reciente.
Durante los últimos milenios, así como los imperios se levantaban y caían, las economías también avanzaban y retrocedían. Pero la actividad económica global se expandía muy lentamente, y con retracciones periódicas. Sin embargo, con la revolución de los combustibles fósiles de los últimos dos siglos, hemos visto un crecimiento a una velocidad y escala sin precedentes en toda la historia de la humanidad.

Hemos aprovechado la energía del carbón, el petróleo y el gas natural para construir y utilizar automóviles, camiones, autopistas, aeropuertos, aviones y redes eléctricas, todas componentes esenciales de la moderna sociedad industrial. A través de este proceso de única vez, al extraer y quemar cientos de millones de años de energía solar almacenada químicamente, hemos construido lo que por un breve y brillante momento parecía ser “la máquina del crecimiento perpetuo”. Tomamos lo que era en realidad una situación única y extraordinaria como algo permanente que dimos por sentado, y así llegó a ser “lo normal”.

Pero a medida que la era del petróleo abundante y barato llega a su fin, nuestros supuestos sobre una continua expansión están siendo sacudidos hasta la médula. Ciertamente, el final del crecimiento es algo muy pero muy grande. Esto significa el fin de una era, y de nuestra manera actual de organizar nuestra economía, nuestra política y la vida cotidiana. Sin crecimiento prácticamente vamos a tener que reinventar la vida humana sobre la Tierra.
Es esencial que reconozcamos y entendamos la significación de este momento histórico: De hecho hemos llegado al final de la era de la expansión económica alimentada por los combustibles fósiles, y los esfuerzos de los políticos para continuar persiguiendo el evasivo crecimiento, en verdad equivale a una fuga de la realidad. Si los líderes mundiales no están bien informados acerca de la situación actual, probablemente retrasarán la implantación de los servicios de apoyo que pueden posibilitar la supervivencia en una economía sin crecimiento, y seguramente luego fallarán cuando quieran hacer los imprescindibles cambios en los sistemas monetario, financiero, alimentario y de transportes.

Como resultado de ello, lo que pudiera ser un proceso doloroso pero soportable de adaptación, podría convertirse en la mayor tragedia de la historia. Podemos sobrevivir al final del crecimiento, pero sólo si reconocemos lo que significa y actuamos en consecuencia.

¿Pero no es normal el Crecimiento?

Las economías son sistemas, y como tales, al menos en cierta medida siguen reglas análogas a las que rigen a los sistemas biológicos. Las plantas y los animales tienden a crecer en forma rápida cuando son jóvenes, pero luego alcanzan un estado más o menos maduro y estable. En los organismos vivos, las tasas de crecimiento son en gran parte controladas por los genes, y también por la disponibilidad de alimentos.

En las economías, el crecimiento aparece ligado a la planificación económica, y también a la disponibilidad de recursos, sobre todo recursos energéticos (que es el alimento de los sistemas industriales), así como del crédito (el “oxígeno” de la economía).

Durante los siglos XIX y XX el acceso a los combustibles fósiles abundantes y baratos favorecieron una rápida expansión económica. Los planificadores de la economía comenzaron a aprovechar esta situación, y los sistemas financieros interpretaron las expectativas de crecimiento como una promesa de altos rendimiento para las inversiones.

Pero así como los organismos vivos dejan de crecer, las economías también deben hacerlo. Inclusive si los planificadores (equivalentes sociales del ADN regulador) dictaminan un mayor crecimiento, en algún punto cada vez habrá más cantidades de “alimento” y “oxígeno” que dejarán de estar disponibles. También es probable que los desechos industriales se acumulen hasta el punto de ahogar y envenenar a los sistemas biológicos que sostienen la actividad económica, tales como los bosques, los cultivos, y los cuerpos humanos.

Sin embargo, la mayoría de los economistas no ven las cosas de esta manera, posiblemente porque las actuales teorías económicas fueron formuladas durante el anómalo período histórico de crecimiento sostenido, el cual está ahora terminando. Los economistas nada más generalizan a partir de la experiencia: Ellos se apoyan en décadas de crecimiento sostenido del pasado reciente, y de manera muy simplista proyectan esa experiencia en el futuro. Por otra parte, poseen formas de explicar porqué las economías modernas de mercado son inmunes a los límites que restringen a los sistemas naturales: Las dos principales son la sustitución y la eficiencia.

Si un recurso útil se vuelve escaso su precio aumentará, y esto crea un incentivo para que los consumidores del recurso encuentren un sustituto. Por ejemplo, si el petróleo se vuelve demasiado caro, las empresas de energía podrían comenzar a fabricar combustibles líquidos a partir del carbón. O también podrían desarrollar otras fuentes de energía inimaginables hoy en día. Muchos economistas afirman que este proceso de sustitución puede continuar para siempre. Es parte de la magia del libre mercado.

Por su parte, el aumento de la eficiencia significa hacer más con menos. En EE.UU. la cantidad –ajustada por inflación– de dólares generada en la economía por cada unidad de energía consumida, se ha venido incrementando sostenidamente durante las últimas décadas. La cantidad de energía requerida en BTU para producir un dólar de PIB se redujo desde cerca de 20.000 BTU por dólar en 1949, hasta 8.500 en 2008. Parte de ese aumento de la eficiencia se ha producido como resultado de la externalización de la mano de obra en otros países, los cuales queman carbón, petróleo o gas natural para fabricar nuestros productos. Fabricando localmente nuestros zapatos y televisores LCD, estaríamos quemando esa energía localmente.

Los economistas también proponen otra forma de eficiencia que tiene menos relación con la energía, al menos directamente: La identificación de los procesos y fuentes de materiales más baratos, y los lugares donde los empleados son más productivos y aceptan trabajar por menor salario. A medida que aumentamos la eficiencia usamos menos energía, menos recursos, menos mano de obra y menos dinero para hacer más. Esto también permite un mayor crecimiento.
Encontrar sustitutos para recursos que se agotan y aumentar la eficiencia son sin lugar a dudas las estrategias de adaptación más eficaces de las economías de mercado. Sin embargo queda abierta la pregunta de cuánto tiempo podrán continuar funcionando dichas estrategias en el mundo real, que ha demostrado regirse más por las leyes de la física que por las teorías económicas.

En el mundo real algunas cosas no tienen sustitutos, o los sustitutos son demasiado caros, o no funcionan tan bien, o no pueden ser producidos con la suficiente celeridad. Y por su parte la eficiencia sigue una ley de rendimientos decrecientes: Los primeros intentos para aumentar la eficiencia suelen ser de bajo costo, pero cada posterior incremento tiende a ser más y más costoso, hasta que resultan prohibitivos.

En última instancia no se puede subcontratar más que el 100 por ciento de la fabricación, no se puede transportar productos con energía cero, y no podemos contar con la capacidad de compra de los trabajadores para adquirir nuestros productos si no les pagamos nada. A diferencia de la gran mayoría de los economistas, la gran mayoría de los científicos y los físicos reconocen que el crecimiento dentro de cualquier sistema acotado, tiene que detenerse en algún momento.

La simple matemática del crecimiento compuesto

En principio, la posibilidad de un eventual fin del crecimiento es un portazo en la cara. Si una cantidad de algo crece sostenidamente un cierto porcentaje fijo al año, esto implica que ese algo se duplicará en tamaño cada determinado número de años. Cuanto más alto el porcentaje de crecimiento, más rápido se duplicará. Un método bastante aproximado para calcular tiempos de duplicación es conocido como “la regla del setenta”. Dividiendo 70 por la tasa de crecimiento porcentual nos da el tiempo aproximado necesario para que la cantidad inicial se duplique. Por ejemplo, si cierta cantidad de algo está creciendo un 1% al año, se duplicará en 70 años. Con un 2% al año de crecimiento, se duplicará en 35 años. Con un 5% de crecimiento al año se duplicará en tan sólo 14 años, y así sucesivamente. Si pretendemos ser más precisos podemos usar la función exponencial de cualquier calculadora científica, pero la regla del setenta funciona bien para la mayoría de los casos.

Vamos con un ejemplo del mundo real: En los últimos dos siglos la población mundial creció a tasas que van desde menos del uno por ciento a más del dos por ciento por año. En 1800 la población del planeta era de aproximadamente mil millones. En 1930 se había duplicado a dos mil millones. Sólo 30 años más tarde, en 1960, se duplicó nuevamente a cuatro mil millones. En la actualidad estamos en carrera para duplicarnos otra vez y llegar a ser ocho mil millones de humanos alrededor del año 2025. Seriamente nadie espera que la población humana pueda continuar creciendo durante siglos en el futuro. Basta imaginar que si lo sigue haciendo a tan sólo un 1,3% por año (esa fue la tasa de crecimiento del año 2000), para el año 2780 habría nada menos que 148 billones de seres humanos en La Tierra. Una persona por cada metro cuadrado de suelo en la superficie del planeta. Por supuesto que tal cosa no va a suceder.

En la naturaleza, el crecimiento tarde o temprano siempre se da de narices contra ciertas restricciones que no son negociables. Si una especie encuentra que su fuente de alimentos se ha expandido, su número de individuos aumentará a partir de las calorías sobrantes, pero entonces luego esa fuente de alimentos comenzará a reducirse proporcionalmente a cuantas más bocas la consuman, y por su parte, sus predadores naturales también serán más numerosos (más sabrosa comida para ellos). Los florecimientos poblacionales caracterizados por períodos de rápido crecimiento siempre son seguidos por colapsos, hambrunas y muerte masiva. Siempre.

Aquí hay otro ejemplo del mundo real. En los últimos años la economía china ha venido creciendo tanto como un 8% o más por año. Eso significa que está duplicando su volumen cada diez años, o menos aún. De hecho, China consume más del doble del carbón que consumía hace una década. Lo mismo con el mineral de hierro y el petróleo. El país ahora tiene cuatro veces más autopistas de las que tenía entonces, y casi cinco veces más automóviles. ¿Cuánto tiempo puede seguir esto? ¿Cuántas duplicaciones más pueden ocurrir antes de que China haya utilizado todos sus recursos clave? ¿O acaso simplemente decidirán que ya ha sido suficiente y detengan voluntariamente el crecimiento? Estas preguntas son difíciles de responder con una fecha específica, pero debemos hacerlas.

La discusión tiene implicancias muy reales, porque la economía no es solamente un concepto abstracto. Es la que determina si vivimos en el lujo o la pobreza, si comemos o pasamos hambre. Cuando se detenga el crecimiento económico cada uno de nosotros recibirá el impacto, y serán necesarios varios años para que la sociedad se adapte a la nueva realidad. Por lo tanto, es muy importante saber si ese momento está a la vuelta de la esquina o distante en el tiempo.

El Fin del Crecimiento no debería ser una sorpresa

La idea de que el crecimiento se detendrá en algún momento de este siglo no es nada nueva. En 1972 un libro titulado “Los límites del crecimiento” fue noticia y se convirtió en el libro ambientalista más vendido de todos los tiempos.

Ese libro que se basó en uno de los primeros intentos de usar computadoras para modelar las probables interacciones entre la evolución de los recursos, el consumo y la población, fue también el primer estudio científico que intentó cuestionar el supuesto de que el crecimiento económico podía y debía ser permanente en el futuro.

La idea era una herejía en aquel momento, y todavía lo es. La noción de que el crecimiento no puede continuar y no continuará más allá de cierto punto resultó profundamente perturbadora para algunos sectores, y pronto “Los límites del crecimiento” fue desacreditado y ridiculizado por los interesados en los negocios pro-crecimiento. En realidad, aquella ridiculización sólo tomaba en cuenta algunos pocos datos completamente fuera de contexto del libro, citándolos como “predicciones”, cuando en forma explícita se decía que no lo eran, y luego remarcando que dichas predicciones habían fallado. El ardid fue denunciado rápidamente, pero las réplicas no suelen tener tanta publicidad como las acusaciones, y así hoy en día todavía hay millones de personas que creen erróneamente que el libro quedó desacreditado hace tiempo. De hecho, los escenarios originales del libro han demostrado ser bastante acertados.

Los autores cargaron los datos del crecimiento de la población mundial, las tendencias de consumo, y la disponibilidad de varios recursos importantes. Hicieron correr el programa informático que habían desarrollado, y llegaron a la conclusión de que el fin del crecimiento probablemente ocurriría entre los años 2010 y 2050. Luego la producción industrial y de alimentos se derrumbaría, determinando una disminución de la población.

Esos escenarios estudiados en “Los límites del crecimiento” han sido nuevamente analizados y comprobados en forma reiterada desde la publicación original, usando ahora software más sofisticado y datos basados en información actualizada. Los resultados han sido similares en todos los intentos, y recientemente se publicó una nueva versión del libro llamada “Los límites del crecimiento: Actualización a 30 años”.

El escenario del Pico del Petróleo

Tal como se ha mencionado, el crecimiento finalizó debido a la convergencia de tres factores: Agotamiento de recursos, impactos ambientales y fracaso sistémico monetario-financiero. Sin embargo, una sola cuestión puede estar jugando un rol clave y determinante para el final de la era de la expansión. Ese asunto es el petróleo.

El petróleo tiene un lugar crucial en el mundo moderno. En el transporte, la agricultura, los químicos y los materiales industriales. La Revolución Industrial fue en realidad la revolución de los combustibles fósiles, y el fenómeno entero del persistente crecimiento económico (incluyendo el desarrollo de las instituciones financieras que han facilitado el crecimiento, tales como las reservas bancarias fraccionales), ha sido basado siempre en última instancia en los suministros cada vez mayores de energía barata. El crecimiento requiere más producción, más comercio y más transporte, y todo en su conjunto requiere más energía. Esto significa que si los suministros de energía no se pueden expandir, y la energía por lo tanto se vuelve significativamente más cara, el crecimiento económico fallará, y los sistemas financieros diseñados sobre las expectativas de un crecimiento perpetuo también fallarán.

Ya en 1998 los geólogos petroleros Colin Campbell y Jean Laherrère discutían un escenario del Pico del Petróleo que se tornó real. Ellos teorizaron que, en algún momento alrededor del año 2010, el estancamiento o el declive de los suministros de petróleo podrían provocar un aumento y volatilización de los precios del crudo, y que tal cosa precipitaría un colapso económico global.

Esa rápida contracción económica, a su vez daría lugar a una considerable reducción de la demanda de energía, de manera que los precios tenderían a bajar. Pero tan pronto como la economía pudiera volver a recuperar fuerzas, la demanda presionaría nuevamente al petróleo con consecuencias de nuevos aumentos en los precios, y a resultado de ello la economía sufriría una nueva recaída. Este ciclo es continuo, con cada fase de recuperación siendo más corta y más débil, y cada caída más profunda y más dura, hasta que la economía quede en ruinas. Los sistemas financieros así basados en el supuesto de un crecimiento continuo implosionarían, causando más estragos sociales que las trepadas del precio del petróleo.

Mientras tanto, los precios volátiles y vaivenes del petróleo frustrarían las inversiones en sistemas de energía renovable: Un año el petróleo sería tan caro que casi cualquier otra fuente de energía se presentaría como más conveniente por comparación; al año siguiente, el precio del petróleo habría caído tanto como para que los usuarios vuelvan a basarse en él, restándole sentido a las inversiones en otras fuentes de energía. Pero como los bajos precios desalentarían las exploraciones en busca de más petróleo, surgen así nuevos episodios de escasez más turbulentos que los anteriores. Los capitales de inversión también podrían ser escasos, dado que los bancos serían insolventes debido a la crisis financiera permanente, y los gobiernos caerían por la disminución de los ingresos fiscales. Al mismo tiempo la competencia internacional por la disminución de los suministros de petróleo podría provocar guerras entre países importadores, entre importadores y exportadores, y entre facciones rivales dentro de países exportadores.

En los años siguientes a la publicación inicial de Campbell y Laherrère, muchos expertos afirmaron que las nuevas tecnologías para la extracción de petróleo crudo iban a aumentar la cantidad del suministro que puede ser obtenido de cada pozo perforado, y que las enormes reservas de recursos en hidrocarburos alternativos (principalmente arenas alquitranadas y esquistos bituminosos) serían desarrolladas para reemplazar sin problemas al petróleo convencional, lo que retrasaría por décadas el inevitable pico. También hubo quienes dijeron que el Pico del Petróleo no sería un gran problema, inclusive si ocurriera pronto, pues el mercado podía encontrar otras fuentes de energía y opciones de transporte tan rápido como fuera necesario, sean automóviles eléctricos, de hidrógeno, o nuevos combustibles líquidos fabricados a partir del carbón.

En los años siguientes, los acontecimientos pusieron de manifiesto tanto la validez de la tesis del Pico del Petróleo, como la subvaloración de los optimistas. Los precios del crudo presentaron una marcada tendencia cuesta arriba y por razones completamente previsibles: El descubrimiento de nuevos yacimientos continuaba disminuyendo, y la explotación de la mayoría de los nuevos pozos era mucho más difícil y costosa que los descubiertos en años anteriores. Más y más países productores de petróleo llegaron a su pico de extracción y comenzaron a declinar, a pesar de los esfuerzos por mantener el crecimiento de la producción usando costosos métodos altamente tecnificados para la extracción secundaria y terciaria, tales como la inyección de agua, nitrógeno o dióxido de carbono, para forzar que una mayor cantidad de crudo salga de la tierra. Así se aceleraron las tasas de declinación de la producción en los yacimientos gigantes más antiguos del mundo, que eran los responsables de la parte del león en el suministro global de petróleo. La producción de combustibles líquidos a partir de las arenas alquitranadas comenzó a expandirse lentamente, mientras que el desarrollo de los esquistos bituminosos continúa siendo una vaga promesa para el futuro lejano.

De la teoría del miedo a una realidad que da miedo

En 2008 el escenario del Pico del Petróleo se convirtió en algo demasiado real. La producción global de petróleo permaneció estancada desde 2005, y los precios se mantuvieron en alza. En Julio de 2008 el precio del barril se disparó hasta los 150 dólares, superando en valores ajustados por inflación a los precios alcanzados en los años 70, que habían provocado la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. En ese verano (boreal) de 2008, la industria automotriz, la industria del transporte, los embarques internacionales, la agricultura y las compañías aéreas estaban tambaleando. Pero lo que sucedió después impactó en la atención del mundo a tal punto que el alza del precio del petróleo pasó a segundo plano. En Septiembre de 2008, el sistema financiero global estuvo cercano al colapso. Las razones para que esta repentina crisis sucediera, aparentemente tenían que ver con las burbujas inmobiliarias, la falta de una adecuada regulación en el sistema bancario, y el abuso de bizarros productos financieros incomprensibles. Sin embargo, y pese a que fue largamente ignorado, el alza del precio del petróleo ha jugado un papel crítico en el inicio de la debacle (Ver el artículo: Recesión temporaria o fin del crecimiento).

En las inmediatas consecuencias de esa crisis financiera global casi fulminante, los escenarios tanto de la teoría del Pico del Petróleo propuesto una década antes, igual que el del libro “Los límites del crecimiento” de 1972, ambos demostraron confirmarse con una precisión tan asombrosa como aterradora. El comercio global se derrumbaba. Las mayores industrias automotrices del mundo requerían ayuda estatal para sobrevivir. Las empresas aerocomerciales de los EE.UU. se redujeron una cuarta parte. Los disturbios por falta de alimento hicieron erupción en los países pobres alrededor del mundo. La guerra persistente en Irak, el país con las segundas mayores reservas de petróleo crudo del planeta, y en Afganistán, un sitio estratégico disputado para diversos proyectos de oleoductos y gasoductos, continuó provocando una sangría en las arcas de las naciones más dependientes de la importación de recursos petroleros.

Mientras tanto, el debate sobre qué hacer para frenar el cambio climático global, pone de manifiesto la inercia política que ha mantenido al mundo camino a la catástrofe desde principios de los años 70. Para cualquier persona con un modesto nivel de educación o inteligencia, ya se ha convertido en algo obvio que el planeta hoy tiene dos urgentes e indiscutibles razones para detener cuanto antes la dependencia de los combustibles fósiles: La doble amenaza de una catástrofe climática más la inminente restricción al suministro de combustibles. Sin embargo, en la Conferencia del Cambio Climático de Copenhague de Diciembre 2009, las prioridades de los países más dependientes del combustible fósil fueron claras: Las emisiones de carbono deberían ser reducidas, la dependencia de los combustibles también, pero solamente si ello no pone en peligro el crecimiento económico.

El componente financiero de la contracción económica

Si bien los límites de los recursos y los desastres ambientales ya venían poniéndole plazo de caducidad al crecimiento, a los ciudadanos comunes el dolor se le hace más palpable cuando de una u otra forma lo transitan en forma directa mediante la propia experiencia: Pérdida de empleos y colapso del sistema hipotecario.

Tal como se puede ver en los capítulos 1 y 2 de este libro, las expectativas de crecimiento continuo de las últimas décadas se han trasladado al presente bajo la forma de una enorme masa de deudas, tanto de los consumidores como de los gobiernos. Los ciudadanos norteamericanos ya no se hacían ricos inventando nuevas tecnologías y fabricando productos de consumo, sino nada más comprando y vendiendo casas, moviendo dinero desde unas cuentas de inversión hacia otras, o cobrándose honorarios entre ellos.

Cuando comenzó el nuevo siglo, la economía mundial empezó a tambalearse al ritmo de los estallidos de una burbuja tras otra: La burbuja de las economías emergentes del sudeste asiático, la burbuja de las “punto-com”, la burbuja inmobiliaria. Todos sabíamos que ellas finalmente podían explotar, tal como cualquier burbuja siempre lo hace, pero los inversores “inteligentes” planeaban meterse en ellas tempranamente, y salir con suficiente anticipación como para obtener grandes beneficios y escaparle al previsible desenlace caótico.

En los frenéticos días desde el año 2002 al 2006, millones de estadounidenses llegaron a creer que la constante alza en los valores inmobiliarios podía llegar a ser su fuente de ingresos, convirtiendo sus propiedades en “cajeros automáticos” (una frase muy popular escuchada por entonces). Mientras los precios seguían subiendo, los propietarios se sentían entusiasmados para pedir más préstamos y remodelar una cocina o el baño, y los bancos se sentían cómodos ofreciendo más y más créditos. Al mismo tiempo, los magos de Wall Street encontraban nuevas maneras de disfrazar esas hipotecas de alto riesgo como atractivas inversiones en obligaciones de deuda respaldadas, que podían ser empaquetadas, catalogadas y vendidas como “títulos premium” a inversores preferenciales, con muy bajo o nulo riesgo para ellos. Después de todo, los valores inmobiliarios estaban siempre destinados a crecer y crecer. “Dios no está haciendo más tierras” era la muletilla que repetían.

Los créditos y las deudas se expandieron entonces al ritmo de la euforia del dinero fácil. Todo aquel optimismo vertiginoso llevó a un crecimiento inusual de empleos en la construcción y los bienes raíces, enmascarando los quebrantos subyacentes y las pérdidas de empleo en el sector productivo.

Unos pocos expertos financieros sensatos usaron términos tales como “castillos de naipes” y “polvorín” para describir la situación. Todo lo que se necesitaba metafóricamente era una tenue brisa o una pequeña chispa para producir un resultado catastrófico. Puede afirmarse que el alza de los precios del petróleo a mediados de 2008 fue más que suficiente para disparar los fuegos artificiales.

Pero la burbuja inmobiliaria fue en sí misma nada más que un fusible de mayor envergadura: En realidad, el sistema económico entero dependía de las expectativas irrealizables del crecimiento perpetuo y pudo volar entero por los aires. El dinero estaba atado al crédito, y el crédito estaba atado a la suposición de dar por sentado el crecimiento. Cuando el crecimiento se detuvo en 2008, comenzó la reacción en cadena de morosidad, incumplimientos y quiebras. Era una explosión en cámara lenta.

Desde entonces, el esfuerzo de los gobiernos se ha dirigido a tratar de hacer arrancar nuevamente el crecimiento. Pero de manera muy limitada, dichos esfuerzos tuvieron un éxito temporario recién a finales de 2009 y principios de 2010, enmascarando la contradicción subyacente en el corazón de la economía: la suposición de que podemos contar con un crecimiento infinito en un planeta finito.

¿Qué viene después del Crecimiento?

Llegar a comprender que hemos arribado a un punto en el que el crecimiento ya no puede continuar, sin dudas es algo deprimente. Pero una vez que hemos atravesado ese obstáculo psicológico, es una noticia moderadamente buena.

No todos los economistas cayeron en la trampa de creer que el crecimiento seguiría por siempre. Hay escuelas de pensamiento económico que reconocen los límites de la naturaleza, y al mismo tiempo, esas personas y escuelas han sido ampliamente marginadas en los círculos políticos, pero también han desarrollado planes potencialmente útiles que pueden ayudar a la sociedad para adaptarse.

Los factores básicos que inevitablemente reemplazarán a la economía del crecimiento son conocidos. Para sobrevivir y prosperar durante largo tiempo, las sociedades tienen que manejarse dentro de un presupuesto planetario sostenible respecto de los recursos extractivos. Esto significa que, aunque no conozcamos en detalle cómo será la economía del post-crecimiento y el nuevo estilo de vida, sabemos lo suficiente para comenzar a trabajar en dicha dirección.

Debemos convencernos a nosotros mismos que la vida en una economía sin crecimiento puede ser plena, interesante y segura. La ausencia de crecimiento no necesariamente implica falta de progreso. Dentro de una economía de no-crecimiento o equilibrio igual puede existir el desarrollo continuo de habilidades prácticas, expresiones artísticas, y ciertos tipos de tecnologías. De hecho, algunos historiadores y sociólogos sostienen que la calidad de vida en una economía del equilibrio puede ser superior que en una economía de rápido crecimiento: Mientras que el crecimiento crea oportunidades para algunos, típicamente también intensifica la competencia, hay grandes ganadores y grandes perdedores, y tal como sucede en las ciudades gigantescas, la calidad de vida y las relaciones humanas sufren las consecuencias.

Dentro de una economía de no-crecimiento es posible maximizar beneficios y reducir los factores que llevan a la decadencia, pero hacerlo requiere la búsqueda de objetivos adecuados: En lugar de “más” debemos esmerarnos por “mejor”. En vez de promover una mayor actividad económica porque sí, hay que hacer hincapié en aquello que aumenta la calidad de vida sin empujar hacia el consumo. Una forma de hacer esto es reinventar y redefinir el crecimiento como tal.

Es inevitable la transición hacia una economía del no-crecimiento, o más bien hacia una economía en la cual el crecimiento sea definido de una manera fundamentalmente diferente. Pero nos irá mucho mejor si la planificamos, en lugar de limitarnos a contemplar perplejos cómo empiezan a fallar las instituciones de las que dependemos, para luego tratar de improvisar una estrategia de supervivencia ante su retirada.

En efecto, tenemos que crear una “nueva normalidad” deseable, que se ajuste a las restricciones impuestas por el agotamiento de los recursos naturales. Aferrarnos a la “vieja normalidad” no es una opción. Si no encontramos nuevas metas para nosotros mismos y planificamos nuestra transición desde una economía basada en el crecimiento, hacia otra economía saludable del equilibrio, estaremos creando por omisión una “nueva normalidad” mucho menos deseable, algunas de cuyas manifestaciones ya estamos empezando a ver, bajo las formas de altas y persistentes tasas de desempleo, aumento de la brecha entre ricos y pobres, crisis ambientales, y cada vez peores y más frecuentes crisis financieras, todo lo cual se traduce en profundos niveles de angustia para los individuos, las familias y las comunidades.

Fuente: DECRECIMIENTO

La democracia del Siglo XXI

2011-02-06T19:47:00.000-08:00

Carlos Sabino

1. Dos problemas inquietantes

1.1 Dictadura y desarrollo económico

América Latina, después de un pasado de inestabilidad institucional y política, fue retornando gradualmente a formas de gobierno democráticas a partir de 1978: la oleada de cambios resultó incontenible y, una a una, fueron desapareciendo las dictaduras que existían: a finales de la década siguiente sólo persistía la excepción solitaria de Cuba, anclada en su estático sistema comunista. Esta transformación política suscitó extendidas esperanzas y una actitud de renovado optimismo en la región, pues, con gobiernos elegidos popularmente, se pensó que se iniciaría una etapa de consolidación capaz de asegurar las libertades ciudadanas y de crear un ambiente propicio para el crecimiento económico. Pero este último objetivo resultó, por lo general, bastante esquivo.

Si analizamos lo ocurrido en la región durante las tres últimas décadas, podemos concluir que el crecimiento ha sido lento e irregular, sometido a constantes fluctuaciones de no poca envergadura. En primer lugar, porque la crisis económica de 1982, la llamada crisis de la deuda, fue mal encarada inicialmente por las restablecidas democracias: en muchos países se profundizó el mismo modelo estatista que había producido la crisis, con sus secuelas de brutales inflaciones, desempleo y aumento de la pobreza. Sólo al final de esa década varios gobernantes se decidieron a introducir amplias reformas en el sistema vigente, definitivamente inviable ya, disminuyendo los gastos del estado, balanceando sus cuentas y favoreciendo el desarrollo de una economía más libre y abierta. La crisis fue entonces superada, al menos en sus efectos a corto plazo, lo que sin duda contribuyó al afianzamiento de los sistemas políticos democráticos que se habían establecido o estaban a punto de establecerse.

Pero ya algo antes, hacia mediados de la década de los ochenta, comenzó a plantearse para muchos analistas uno de esos dos inquietantes problemas que queremos discutir en este artículo: el Chile de Pinochet, una nación gobernada por una rígida dictadura[1]pero que había impuesto un modelo de economía de mercado bastante libre, se destacaba en la región por su eficaz manejo de la crisis. Chile había logrado recuperarse con velocidad después de sufrir una seria recesión y avanzaba económicamente a un paso muy rápido, reduciendo el desempleo y mejorando firmemente la calidad de vida de sus habitantes. Sus políticas económicas, coherentes y bien encaminadas, arrojaban excelentes resultados económicos y también sociales. ¿Acaso, por desgracia, la dictadura misma era el factor que alimentaba los éxitos del país austral? ¿Eran las democracias, presentes ya en la mayor parte de Iberoamérica, las que debilitaban la conducción económica e impedían resolver los problemas que aquejaban a las demás naciones de la zona?

La respuesta que –en esos años– se dio a estos interrogantes fue por lo general negativa. La mayoría de los analistas pensábamos que no era el modelo político de Pinochet lo que favorecía el desarrollo económico, sino que, muy por el contrario, podía decirse que Chile avanzaba porque aplicaba de un modo consecuente políticas de libre mercado aún a pesar de la falta de libertades políticas y civiles: no era la dictadura el factor que favorecía el desarrollo, sino que con políticas económicas justas se podía lograr un rápido avance económico aunque se diese la rémora de un sistema político opresivo[2]. Al iniciarse la década de los noventa, las exitosas reformas de Bolivia, México, Perú, Argentina y Brasil parecían confirmar esta opinión, aunque, desde el punto de vista contrario, se destacaba que el caso chileno se parecía más al de los llamados tigres asiáticos que al de los demás países de América Latina. Corea del Sur y Taiwán había logrado el despegue de sus economías bajo auténticas y duras dictaduras, Hong Kong lo había hecho siendo colonia británica y sin gozar de libertades políticas, mientras que Singapur crecía bajo un régimen autoritario. China, bajo la férula de su partido comunista, ya exhibía un desempeño admirable en materia económica, y los restantes ejemplos asiáticos, sin excepción, mostraban una concordancia con la opinión de que se necesitaban gobiernos fuertes durante un largo tiempo para alcanzar un desarrollo sostenido que pudiese reducir drásticamente la pobreza.

Podría preguntarse, como muchos lo hacíamos en esa época, por qué era necesaria una dictadura, o al menos un gobierno autoritario y estable, para lograr el desarrollo. Más específicamente: ¿cuál era la conexión causal, concreta, que podía producir ese efecto? Pero, más allá de eso, quedaba a nuestro favor el hecho imperturbable de que no cualquier gobierno autoritario servía para lograr las metas económicas deseadas: ¿no era acaso la empobrecida Cuba de Fidel Castro también una dictadura? ¿No lo eran todos los sistemas comunistas, visiblemente fracasados, o los gobiernos de Birmania (hoy Myanmar) y de aquellos países latinoamericanos que, en la década de los setenta, llevaron al estancamiento y a la crisis posterior?

1.2 La destrucción de la democracia

Dejemos en suspenso, por ahora, las respuestas a este embarazoso problema y veamos, para seguir con el hilo de la narración, lo que sucedió en nuestra región luego de la época en que se realizaron las reformas que llevaron a una cierta apertura económica. Es verdad que estos cambios, en algunos casos, fueron bastante notables y lograron, en poco tiempo, hacer desaparecer flagelos como la inflación y el estancamiento; pero es cierto también que las reformas se detuvieron en cierto punto, concentrándose en los equilibrios fiscales, la liberación de los mercados cambiarios, la eliminación de ciertos subsidios, la reducción de los aranceles a la importación y las privatizaciones. No fueron poca cosa, ciertamente, pero no alcanzaron a tocar a fondo los mercados laborales, a reducir la presión fiscal o a eliminar controles burocráticos que trababan las actividades económicas, mientras que muchos subsidios indirectos se cambiaban por otros de tipo directo, y en poco se reducían realmente los gastos gubernamentales.

Las reformas habían sido realizadas como respuestas coyunturales a la grave crisis de los ochenta y no como un programa de cambio estructural. Una vez pasada la crisis no hubo voluntad política para extenderlas, y en varios casos, por el contrario, se dio marcha atrás y se volvió a ampliar la esfera de las regulaciones y de la actividad estatal, como en la Venezuela de Rafael Caldera (1994-1999) o en el Ecuador de finales del siglo XX. El hecho es que sobrevinieron en la región nuevas crisis –algunas de ellas profundas, como la de Argentina en 2001–, así como una nueva actitud de generalizado repudio a lo que se dio en llamar neoliberalismo, término que se vinculaba a cualquier política que amenazara el renovado crecimiento del estado.

Ya a finales de los años noventa se produjo, en Venezuela, el primero de los episodios que llevarían a un sostenido ascenso de las izquierdas de la región: en las elecciones de diciembre de 1998 Hugo Chávez logró la presidencia del país con el 56% de los votos. Pronto pudo apreciarse que este cambio representaba algo más que esa simple oscilación pendular entre centroizquierda y centroderecha a la que estamos acostumbrados en casi todas las democracias. Chávez llegó con un programa que incluía el llamado a una asamblea constituyente "original" y con una retórica incendiaria que propiciaba el enfrentamiento entre pobres y ricos: se presentaba como un populista que quería iniciar cambios radicales a favor de los sectores con menores ingresos. Lo que hizo, en pocos meses, fue desmantelar prácticamente todo el andamiaje institucional del país y adoptar una postura de confrontación por completo alejada de los compromisos y los consensos. A partir de 2003 quedó como dueño absoluto del poder, como un dictador ajeno a toda restricción legal, e impulsó una transformación global de acusado tinte socialista. Con su llamada "Revolución Bolivariana" Chávez logró, sin mayor derramamiento de sangre, lo que hasta entonces parecía imposible: destruir la democracia desde adentro copando sus instituciones después de una primera victoria electoral legítima, como ya lo habían hecho algunos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX y ciertos caudillos latinoamericanos para esa misma época.

La democracia venezolana era imperfecta, sin duda alguna, plagada de controles económicos y cada vez menos liberal en el sentido profundo del término, pero tenía una tradición nada desdeñable y había sido capaz de asimilar las amenazas guerrilleras de los años sesenta manteniendo el principio de alternabilidad y garantizando algunas libertades políticas básicas. Lo que de liberal le quedaba se perdió, en muy poco tiempo, y se transformó en un sistema totalmente personalista en lo político y cada vez más socialista y opresivo en lo económico.

Si el caso venezolano hubiese constituido sólo una excepción no estaríamos hoy ante el inquietante problema que se nos presenta. Pero a la aventura política de Chávez siguieron, a los pocos años, sucesivos cambios políticos de fondo en otros países de la región, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua; una tendencia similar se manifestó en Argentina y en el Paraguay. Es más, en otras naciones latinoamericanas –el Perú, México y Costa Rica, por ejemplo– surgieron émulos del militar venezolano que, si bien no alcanzaron el poder, llegaron a tener (o tienen) una fuerza electoral inusitada. Quedó así erosionada –a nuestro juicio profundamente– la confianza que implícita o explícitamente se ha tenido siempre en lo que un tanto vagamente se llama el sistema democrático; la idea de que las peores amenazas contra tal sistema vienen de los golpes de estado o de injerencias externas, la suposición de que una democracia consolidada y funcional –como lo era la venezolana– es capaz de resolver todas las tensiones internas que existen en su sociedad y sostenerse como modo de gobierno aun en las circunstancias más difíciles. Lo que vemos hoy en América Latina, por el contrario, es la fragilidad extrema de sus regímenes democráticos, su debilidad ante la demagogia y el populismo cuando estos se deciden a usar las libertades existentes para capturar el poder y destruir las instituciones y los valores en que se fundamenta el sistema democrático liberal.

2. Democracia y libertad

Para encontrar respuestas a los problemas que hemos presentado en la sección precedente debemos realizar una tarea de análisis conceptual que nos permita entender mejor los términos de lo que se debate –generalmente bastante confusos– y, a la vez, hacer una descripción más concreta de los sistemas políticos vigentes en la región.

El concepto de democracia, para comenzar, se usa en la actualidad de un modo realmente impreciso. Por democracia se entiende a veces, simplemente, una forma de gobierno donde la soberanía reside en el pueblo y las decisiones fundamentales se toman por la regla de la mayoría, mediante sucesivas elecciones. Nada más. Otros, sin embargo, añaden a estas ideas básicas algunos requisitos importantes, que provienen del antiguo ideal republicano: que las elecciones sean realmente libres, que el gobierno se ejerza por medio de representantes, que se respete a las minorías y –en general– que haya un Estado de Derecho, donde las personas que ejercen los cargos públicos tengan que someterse a la ley igual que todos los demás ciudadanos. Si no se cumplen estas condiciones, el sistema rápidamente degenera, convirtiéndose en lo que se llama la tiranía de las mayorías, un modo de gobierno en que se conculcan los derechos de las minorías y el gobernante, apoyado en parte por la masa de votantes, logra imponerse con un poder casi absoluto sobre toda la sociedad. Acaba así la democracia, que da paso, más o menos abiertamente, a un sistema de tipo dictatorial.

La distinción, sin duda, era ya conocida por los antiguos. Desde Aristóteles se concebía la democracia como una forma degradada de gobierno en que las asambleas, dominadas por los demagogos, resultaban fácilmente manipulables y producían un sistema inestable, propicio a los cambios bruscos y al dominio de una sola persona. Aunque las democracias ya no se manejen a través de tumultuosas asambleas, el parecido existe, pues la emergencia de los populismos y los fascismos muestra con claridad hasta qué punto un régimen democrático tiene limitaciones inherentes a su propia naturaleza, limitaciones que, si no son convenientemente tomadas en cuenta, pueden producir el derrumbe completo del sistema.

En el mundo contemporáneo, como decíamos, no suele hacerse una distinción demasiado clara entre esas dos formas aparentemente similares de gobierno, y se las designa con el simple término de democracia. Pero un más ajustado análisis ha llevado a muchos autores a denominar democracia liberal al sistema en el que se celebran electorales, se mantiene una adecuada división de poderes, se respetan los derechos individuales y se establecen claras limitaciones a la esfera de la acción estatal, al ámbito en que una mayoría circunstancial puede actuar y decidir. El hecho de que en Irán o en Venezuela se realicen elecciones periódicas permitirá a algunos llamar democracias a los sistemas políticos que imperan en esos países, pero en todo caso es obvio que dichas democracias nada tienen de liberales, puesto que en Irán lo que verdaderamente rige es una teocracia y lo de Venezuela puede considerarse una autocracia o un régimen caudillista.

Esta distinción conceptual entre las auténticas democracias liberales y los sistemas que, manteniendo una fachada electoral, son realmente dictaduras de uno u otro tipo nos sirve para plantear con más claridad el segundo de los problemas que nos formulamos en este artículo: ¿por qué, cómo y en qué condiciones se pierde el equilibrio entre los poderes y una democracia, aparentemente consolidada, deja de ser liberal y se convierte en una dictadura más o menos encubierta? La primera respuesta, la más inmediata y simple, es que sólo puede darse este proceso cuando un fuerte movimiento de la opinión pública impulsa hacia el poder a un hombre, un partido o una coalición que no respetan ni aceptan las libertades individuales ni las formas de convivencia que permiten la existencia de un régimen democrático liberal. Cuando esto sucede, resulta entonces fácil, desde el poder, conculcar las libertades ciudadanas y avanzar hacia la dictadura: esto podrá lograrse casi sin violencia, pues existirá una mayoría (o una amplia minoría) capaz de apoyar al gobernante en su plan de crear nuevas leyes que destruyan las instituciones existentes y proyecten una imagen de legalidad para su actuación. Se cambiarán las normas, se pondrán funcionarios dóciles al frente de las nuevas instituciones y se podrá reprimir a la oposición en el marco de la ley que el gobernante cree para afirmar y consolidar su poder absoluto. Una de las primeras víctimas de este proceso será la llamada alternancia o alternabilidad, tan propia de un régimen republicano: la posibilidad efectiva, siempre realizada en el mediano plazo, de que cambien los gobernantes y las políticas del estado. No por casualidad los nuevos autoritarismos latinoamericanos se apresuran, como hemos visto en los últimos años, a cambiar las constituciones existentes; lo hacen para modificar instituciones y para concentrar el poder, por supuesto, pero ante todo para permitir la reelección y, si es posible, para dar una apariencia de legitimidad al gobierno de una sola persona por tiempo indefinido.

El proceso, al menos para quienes hemos seguido la emergencia de los nuevos autoritarismos en América Latina, se realiza así con relativa facilidad. Para decirlo en términos concretos e históricos: una vez que Chávez gana su primera y crucial elección y logra convocar una Asamblea Constituyente, contando aún con la mayoría, resulta fácil entender el subsiguiente cambio, su consolidación en el poder, la forma en que desde el propio estado va logrando arrinconar a las fuerzas que se le oponen y construir el marco legal para ejercer su dictadura. Pero por qué, debemos preguntarnos, ¿por qué se generan estos movimientos de opinión que llevan a un caudillo a situarse en la inmejorable posición de quien puede adueñarse del poder, incluso con la bendición de los votos? ¿Qué lleva a la mayoría de un electorado a echar por la borda todos los resguardos institucionales republicanos y promover una salida que, aunque no se vea desde el comienzo, lleva en rápida transición hacia la dictadura?

Democracia y redistribución de ingresos

Lo que muestra la reciente experiencia de América Latina es que la ciudadanía se siente completamente frustrada –en la mayor parte de los países– después de tres décadas de gobiernos democráticos de muy distinta orientación. La frustración surge ante un lento progreso económico, una corrupción abrumadora y un aumento formidable de la delincuencia, lo que impide a millones de personas llevar una existencia normal y mejorar su nivel y calidad de vida. Es de esta frustración, que se proyecta sobre todo el sistema –sobre los políticos, sobre los partidos y sobre la democracia misma–, que surge el apoyo a los líderes que prometen acabar con todos los males de un modo casi mágico, enarbolando la idea de la convocatoria de una asamblea constituyente todopoderosa que permita refundar el país, pero que en definitiva desemboca en gobiernos personalistas que se apartan por completo de la democracia liberal.

Este extendido malestar proviene, en última instancia, de las expectativas que grandes sectores de la población depositan en el sistema democrático, de lo que se pide y exige a los gobiernos, que jamás están a la altura de tales expectativas. En Latinoamérica, al igual que en muchas otras partes del mundo, el sistema político recibe exigencias desmedidas que en buena medida lo transforman y desnaturalizan: no se le pide solamente que mantenga el orden, que procure mecanismos para la resolución pacífica de los conflictos y que permita la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos; no, se le pide mucho más: se le exige que lleve bienestar a todos, que redistribuya la riqueza y combata la pobreza, que dé empleo, salud, educación y hasta vivienda a toda la colectividad. Y aquí, aunque no lo parezca, radica el meollo del problema.

A partir de este punto, del momento en que la democracia se concibe como una gigantesca máquina de redistribución económica, comienza un ciclo que, retroalimentándose, termina generando graves problemas que aparentemente desafían toda solución. Los más pobres, cobrando conciencia de su fuerza electoral, reclaman cada vez con mayor intensidad que se les otorgue beneficios de toda naturaleza; y algunos políticos, evaluando bien el peso numérico de estos sectores, comienzan a hacer promesas que son acogidas con entusiasmo, pero que resultan imposibles de cumplir. Desde el gobierno se toman medidas económicas de corte populista, de corto plazo, que son bien recibidas por buena parte del público pero que lesionan la economía y resultan por lo tanto completamente ineficaces. La oposición política, por lo general, entra entonces a competir con los gobiernos, ofreciendo aún mayores beneficios a la masa de los necesitados y formulando promesas cada vez más amplias y, por lo tanto, más difíciles de cumplir. Las campañas electorales se van convirtiendo en torneos donde cada partido trata de sobrepasar a los restantes en sus vanos ofrecimientos de proporcionar más y mejor educación, mayor atención a la salud, subsidios directos a los más pobres por medio de programas asistencialistas, viviendas, seguridad social... en fin, todo lo que la gente quiere recibir sin dar nada a cambio. Porque los sistemas impositivos que tenemos en la región, por lo general, presentan una peculiar característica: sólo pagan impuestos directos las personas con mayores ingresos, las empresas y los empleados del sector económico formal; los pobres nada pagan, al menos directamente, aunque a través del IVA y otros impuestos similares ellos mismos contribuyen con no poco dinero para que el estado, luego, les otorgue gratuitamente lo que tanto anhelan.

Pero el sistema no funciona. La economía es ahogada por la presión impositiva y por una maraña de regulaciones burocráticas que impiden su rápido crecimiento; la salud y la educación quedan en manos de estructuras burocráticas, muchas veces controladas por los sindicatos, que proporcionan servicios de baja calidad y, por lo general, no llegan a toda la población; las ayudas directas, los alimentos o el dinero que se entrega a quienes supuestamente son los más necesitados no alcanzan y por lo general terminan siendo condicionadas políticamente: son dádivas que alivian en algo la miseria pero resultan por completo incapaces de solucionar el problema de la pobreza, pues nadie escapa de esa situación con sólo recibir algo de dinero. Para salir de la pobreza se necesita un crecimiento económico general, basado en fuertes inversiones, que aumente la productividad y, entonces, se traduzca en salarios mejores.

El estado, en estas condiciones, se va convirtiendo en esa extraña maquinaria a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de los demás, como ya lo expresara Frédéric Bastiat hace más de 150 años. La corrupción se extiende: con tanto dinero circulando a través de infinidad de programas, con tantos funcionarios a cargo de entregar dádivas y subsidios, crecen las tentaciones y las posibilidades de apropiación indebida de los fondos públicos. Una descomposición moral –lenta y gradual, pero no por eso menos perniciosa– va corrompiendo todas las instancias de la vida pública, lo que despierta el natural repudio de la ciudadanía. Ningún político, sin embargo, se atreve a criticar estas profundas deformaciones del sistema: no lo hacen porque resultaría suicida. ¿Puede alguien ganar una elección, en este siglo XXI, prometiendo reducir o eliminar los subsidios directos, que tanto pesan en los presupuestos públicos? ¿Puede combatirse eficazmente la corrupción cuando el mismo sistema se ha convertido en una máquina para repartir el dinero de otros? Muy por el contrario, para triunfar en una democracia se necesitan votos, muchísimos votos, y estos se obtienen ganándose la buena voluntad de quienes piensan que, apoyando a determinado candidato, conseguirán más ayudas y mejores servicios.

A largo plazo, las democracias redistributivas, al menos en los países de economías más frágiles, resultan así por completo inviables. Por un lado, pueden degenerar, como ya apuntamos, en sistemas de tipo personalista y autoritario que luego resultan casi imposibles de revertir; por otro lado, y éste es por ahora el caso más general en la región, generan un ambiente muy poco favorable para su consolidación debido a dos cuestiones de suma importancia: el aumento de la corrupción y el abandono de las funciones esenciales del estado.

Este último fenómeno es, a pesar de que no sea ésta la percepción generalizada, el que produce peores resultados en el largo plazo para la vida del ciudadano corriente. El discurso político prevaleciente –la actitud que, podríamos decir, es la políticamente correcta en estos tiempos– enfatiza las funciones sociales del estado pero recela de su actividad como proveedor de seguridad, paz y justicia. Erróneamente se concibe que aumentando los presupuestos de la educación se obtendrá un rápido desarrollo económico, pero se deja de lado el hecho de que sin seguridad ciudadana no hay manera de lograr el progreso, especialmente de aquellos que menos tienen.

Así, se crea una paradoja cargada de consecuencias peligrosas: el estado crece, pero a la par va abandonando sus funciones esenciales. Cada vez es menos un estado en el sentido riguroso del término –una organización compleja destinada a proveer ese servicio esencial que es la seguridad ciudadana–, pero cada vez se arroga más funciones; se sobrecarga de personal, es más caro, más difícil de supervisar y corrupto. Lo anterior se aprecia con especial claridad cuando consideramos el caso de los programas sociales de tipo asistencialista, muy en boga en la región, que son una muestra extrema del tipo de mentalidad que estamos criticando.

Los programas asistencialistas se basan en transferencias directas de dinero o de bienes a los más necesitados, con el objetivo manifiesto de reducir la pobreza. Pero su implantación produce consecuencias realmente negativas, tanto en la economía de las naciones como en el sistema político en general. En primer lugar, y ante todo, porque no sirven realmente para eliminar la pobreza: las modestas sumas de dinero que se entregan resultan un alivio para quienes están en situación de necesidad, sin duda, pero obviamente resultan por completo insuficientes para modificar una situación de pobreza que deviene de la falta de ingresos propios, constantes, de cierta magnitud, de quien la padece. Tales ayudas podrán resultar útiles, quizás, en circunstancias especiales –como, por ejemplo, en el caso de ciertas catástrofes o situaciones adversas–, pero no tiene sentido concebirlas como un modo de erradicar un problema que se nutre de la escasa capacidad de generar riqueza que poseen nuestras sociedades, de la falta de inversiones y de tecnologías apropiadas, de la carencia de una infraestructura que facilite los intercambios y el desenvolvimiento económico en general. La pobreza es un problema estructural, es ante todo falta de riqueza, por eso sólo puede ser superada por medio de un aumento general de la producción de bienes y servicios, de una mayor productividad y de un ambiente apropiado para el despliegue de las capacidades e iniciativas de la gente. Podrá decirse que, en todo caso, tales transferencias contribuyen, aunque sea en escasa medida, al bienestar de los más necesitados, pero el argumento pierde mucho de su sentido cuando tomamos en cuenta los riesgos que dichos programas traen, como veremos de inmediato.

Para poder transferir dinero y bienes a los más pobres es preciso contar con inmensos fondos, pues el número de personas en situación de pobreza es muy alto en nuestras sociedades: un porcentaje nada desdeñable del total de la población. Esta circunstancia significa que, entonces, el presupuesto del estado se ve enseguida comprometido en buena proporción por esta política asistencialista: casi siempre representa el 10%, o más, de los gastos totales. Para obtener tales fondos, los estados deben adoptar una de estas dos soluciones: subir los impuestos –con el consiguiente perjuicio que se causa a la capitalización de las empresas, así como a sus posibilidades de inversión– o reducir otros gastos, principalmente los de seguridad, defensa y obras públicas. Lo más frecuente es que los gobiernos adopten a la vez ambas medidas, con lo que el efecto económico general se torna desastroso: disminuye la productividad general de la sociedad, de la cual depende en última instancia el nivel de los salarios, y se reduce la seguridad ciudadana, con lo que se agravan los efectos del escaso crecimiento económico. En algunos casos, los gastos sociales de este tipo se financian, en parte, con un aumento de las emisiones monetarias, lo que causa una subida de precios que, a su vez, afecta siempre en mayor medida a los más pobres; o bien se aumenta el endeudamiento del estado, lo que posterga los problemas financieros pero redunda en un empobrecimiento de las generaciones venideras.

A todo esto hay que agregar tres condicionamientos que, en el fondo, resultan la peor consecuencia de este difundido asistencialismo estatal: a) se alimenta la pasividad y la actitud de dependencia de las personas que reciben los subsidios, lo que dificulta que sean ellos quienes, por sí mismos, abandonen la situación en que se encuentran; b) en el plano político, los mandatarios olvidan muy pronto que los dineros que entregan provienen del resto de los ciudadanos y actúan como si ellos mismos hicieran una caridad generalizada; se arrogan la paternidad de esos programas y, en muchos casos, disponen de los fondos públicos como si fueran propios, con lo que ceban la creciente corrupción que afecta a nuestros países; c) por último, y también en el plano político, se crea una situación de hecho que se hace muy difícil de modificar, pues ninguna fuerza política, como decíamos, se atreve a censurar estos programas, mucho menos a proponer su reducción o su definitiva eliminación.

Todas estas consecuencias negativas, que de un modo u otro están vinculadas a casi todas las políticas sociales de los gobiernos latinoamericanos, se acumulan de un modo tal, que generan esa extendida frustración a la que nos referíamos, esa debilidad del sistema democrático en nuestra región y que está en el origen de los problemas políticos que nos aquejan.

3. Las democracias del siglo XXI

Si las democracias que existen en América Latina resultan frágiles y por lo general inoperantes, si muestran severas limitaciones cuando se las compara con algunas dictaduras, es porque se trata de unos regímenes que, respetando algunos rasgos externos de las democracias liberales, son en el fondo contrarios a la libertad personal e incapaces de suministrar a la ciudadanía los servicios básicos que debe proveer todo estado.

En el carácter redistributivo de las democracias actuales está la raíz de muchos de los problemas que soportamos. Porque la maquinaria política, concebida para repartir entre unos lo que quita a otros, se envilece a medida que se convierte en una competencia por exigir más al estado, como si éste fuese una entidad supraterrenal capaz de contentar a todos. No son sólo los subsidios directos lo que agota su capacidad financiera, sino un vasto complejo de provisiones, que van desde la educación a la salud, así como el mantenimiento de decenas de organismos burocráticos de toda índole. Así las cosas, se descuida lo que es esencial a la naturaleza de la institución estatal: la seguridad y la justicia. Y esta debilidad, esta inoperancia, no sólo se manifiesta en el plano de unas finanzas públicas siempre en tensión, sino que se extiende al plano de lo moral, de lo ideológico, de la filosofía misma de la función pública: el estado que conocemos en estas tierras es una maquinaria que asume una cara benevolente, que trata de conformar a todos, que navega entre las promesas incumplidas y la corrupción, que es incapaz de trazar una delimitación clara de sus funciones y, por lo tanto, invade cada vez más la esfera de lo individual.

En estas debilidades de las democracias modernas podemos encontrar la explicación a esa especie de fascinación con que muchos hoy recuerdan dictaduras pasadas. Porque en las dictaduras, casi de cualquier tipo, es raro que se descuiden las funciones de defensa y seguridad: a casi todo dictador le interesa que reinen el orden y la seguridad, porque así está en mejores condiciones de mantenerse en el poder y desbaratar las posibles conspiraciones de sus adversarios. En este ambiente de orden pueden suceder muchas cosas, claro está: puede desarrollarse una sana política económica, que favorezca el desarrollo de toda clase de actividades productivas, o puede en cambio ejecutarse una política demagógica que trate de otorgar prebendas a diversos grupos y refuerce el control del estado sobre la economía, haciendo así a los ciudadanos más débiles frente al poder. El caso extremo es el de las dictaduras comunistas que, apropiándose de todos los recursos y ocupándose de todas las actividades económicas, dejan a sus súbditos completamente desvalidos frente a las decisiones de los gobernantes. Sólo las dictaduras que separan nítidamente las esferas de lo político y lo económico, que aunque eliminen los derechos políticos permitan la libertad de producción, intercambio y consumo, pueden alcanzar un mayor desarrollo, como el que tuvo el Chile de Pinochet o la China de Deng Xiaoping. Apostar por la dictadura, entonces, es participar en una lotería incierta, donde la mayoría de los números llevan a la perdición pero unos pocos, en cambio, tienen el premio del crecimiento económico.

Reconocer estos hechos no significa, y esto es lo importante, convalidar las formas de democracia que prevalecen en este siglo que comienza. La democracia actual tiende, prácticamente en todos los países, a descuidar el delicado equilibrio de poderes que necesita un sistema republicano para no degenerar en un poder ilimitado de las masas de votantes que, guiadas por sus intereses a corto plazo, conviertan el sistema en uno de redistribución de ingresos cada vez más amplio y pernicioso. Los electores quieren seguridad, educación, salud, obras públicas y toda clase de bienes y servicios, y presionan a los gobiernos para que se los otorguen... pensando siempre que otros, los más ricos, por supuesto, pagarán con sus impuestos la factura.

En los países más ricos, que ya han alcanzado un nivel de vida satisfactorio para la mayoría de la población, estos objetivos se logran sin dañar demasiado la economía, sólo debilitando su crecimiento, aunque provocando a veces severas crisis, como la que todavía, en 2010, estamos soportando. La provisión de seguridad y justicia, sin embargo, queda generalmente intacta, por lo que el sistema, en general, logra mantenerse en funcionamiento, especialmente si se le hacen periódicos ajustes, como, por ejemplo, ocurre en algunos países escandinavos. Pero en sociedades menos ricas, como las de América Latina, donde la mayoría de los habitantes vive en condiciones de necesidad o de pobreza, las consecuencias pueden resultar en algunos casos increíblemente nefastas.

En primer lugar, porque la masa de los que tienen poco es capaz de producir resultados electorales que lleven a los gobiernos a extremar las políticas de repartición de ingresos, desequilibrando las cuentas fiscales y lastrando así el rápido desarrollo económico que necesita ese tipo de países. Y, en segundo lugar, porque, al obligarle a convertirse en una máquina benefactora, se provoca que el estado descuide sus funciones de seguridad y defensa, con lo que se crea un ambiente donde prosperan la delincuencia y la corrupción. Los ciudadanos, entonces, se frustran y, cuando se dan ciertas condiciones particulares, se entregan al discurso de demagogos socialistas que terminan por adueñarse del poder absoluto y cancelan toda división de poderes: las libertades democráticas se pierden sin que, en contrapartida, se logre un mayor progreso material.

¿Es posible salir de este círculo vicioso de promesas incumplidas, frustraciones acumuladas, inseguridad y gobiernos ineficaces? ¿Estamos condenados al dilema de elegir entre gobiernos débiles e ineficaces o demagogos que terminan convirtiéndose en dictadores? Creemos que no, aunque la solución tampoco puede alcanzarse de inmediato.

Lo que se necesitaría en América Latina es un regreso a los valores republicanos y a la visión de una democracia liberal en la que los gobiernos dejen de presentarse como benefactores sociales y, en cambio, asuman las funciones que hoy no cumplen y que toda sociedad necesita para prosperar: garantizar la paz y el orden, dar seguridad jurídica a todos y hacer respetar la ley, todo ello en el marco de un auténtico Estado de Derecho. Esta transformación requiere, ante todo, de un cambio de opinión, de una manera diferente de ver las cosas, y compete especialmente a los líderes y a los partidos políticos, a los académicos y a los periodistas, a todos aquellos que tienen un papel destacado en la formación de la opinión pública. No es nada fácil lograrlo, lo sabemos, pero quizás la reflexión sobre los males que hoy padecemos y los peligros que nos amenazan lleva a la reflexión sobre nuestro estilo de hacer política, a que cambiemos el orden de las prioridades y afrentemos el futuro sin engañarnos a nosotros mismos. Ese, y no otro, es el propósito de estas líneas que hoy entregamos a la consideración de los lectores.

[1]En este trabajo utilizamos el término dictadura sin hacer mayores precisiones sobre su contenido, aunque entendemos perfectamente que el concepto abarca una gran variedad de formas y matices que no debieran pasarse por alto. Lo hacemos de este modo para poder concentrarnos en el término opuesto: democracia, y no restar unidad a la exposición. Pero aceptamos que queda en pie una deuda con el lector, por lo que el autor promete, tan pronto como sea posible, elaborar otro texto complementario al presente donde se trate en mayor profundidad el problema de las dictaduras pasadas y presentes.

[2] V. mi libro El fracaso del intervencionismo (Panapo, Caracas, 1999; caps. 6 y 14), donde a la sazón desarrollaba estas ideas.

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Carlos Sabino es profesor de historia, economía y sociología para la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Aquí puede obtener el ensayo en formato PDF